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EDITORIAL


La adopción en España ha ido atravesando, a lo largo de los últimos años, por un momento importante marcado por distintos hechos, entre los que destacaríamos varios puntos, como son: la regulación mediante ley de los procedimientos de adopción y acogimiento, la racionalización del proceso mismo mediante la creación de las comisiones de tutela de ámbito territorial, y la organización de los equipos interdisciplinares técnicos necesarios para llevar a cabo tanto la elaboración de los expedientes como la selección de los padres y/o las madres y los niños y, finalmente el apoyo a los procesos de adopción en sus vertientes psicológica, social y jurídica.

Posteriormente se ha dado otro paso más con la negociación y la firma de convenios internacionales con terceros países con excedente de niños para adoptar. La regulación de los procesos con tales países, hasta la fecha sólo unos pocos, va encaminada a permitir la existencia de unas mínimas garantías en la formación de los nuevas familias mediante dos aspectos: por un lado en la selección de padres madres en nuestro país con criterios de inspiración objetiva y, por otro lado, en la defensa de la regulación de las condiciones de donación de los niños en los países de origen. Se asegura de tal modo, en lo posible, tanto la honradez y la transparencia del proceso, como el seguimiento de la integración de la familia receptora.

El apoyo de las comunidades autónomas a las agencias que llevan a cabo las gestiones para la adopción internacional supone un avance, aunque tímido, en la liberación de este objetivo para el que hay también gran cantidad de personas expectantes, tanto solteros/as como en parejas.

Estos equipos cuentan en el desarrollo de su labor con dos nudos fundamentales: el derivado de una concepción, muy propia y precisa, del tiempo en el Sistema Judicial que en definitiva es quien da valor de tal y autoriza los procesos de adopción. Igualmente el derivado de una postura ideológica, no siempre afortunada, que intenta mantener los vínculos biológicos por encima de otros procesos racionales. En nuestra opinión ambos aspectos pueden actuar en detrimento del menor, sobre todo en épocas tempranas de fa vida, precisamente cuando más posibilidades habría de desarrollo y construcción positivos de su mundo afectivo.

Con respecto al tiempo es evidente que lo jurídico, lo administrativo y lo psicológico no son notas de acorde fácil, pero al conjunto viene a sumarse la ansiedad, dadas sus expectativas de los receptores y de los candidatos a la adopción. Queremos poner de manifiesto el inconveniente que significa la gran lentitud que, al parecer asumida por todos, se da en los procesos de adopción, que actúa en contra de todo pronóstico para el desarrollo óptimo de la adopción y por tanto del desarrollo psíquico del adoptado. Creemos que es urgente encararlo y poner las bases para su resolución, lo cual no parece que esté sucediendo según avanza el tiempo.

Todavía dos temas algo más recientes ponen de manifiesto aún más la complejidad de la tarea y no queremos dejarlos pasar. Uno de ellos es el relanzamiento de la información sobre la adopción y el acogimiento de niños/as con problemas, evaluados estos ya como importantes, por causa física (Síndrome de Down, enfermedades como SIDA u otras) o por causa psíquica (psicopatológicas, cognitivas u otras).

El otro tema, que queremos recoger en este editorial, es la importante apertura del debate social sobre la posibilidad de adopción en homosexuales, tanto hombres como mujeres, abierto a partir de las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a la equiparación legal, a efectos matrimoniales y de convivencia, de esa población con el resto de la sociedad, de la que pueden suponer a unos millones de personas. Se nos presenta como verdadera prueba de fuego para la tolerancia democrática hacia las minorías diferentes por motivos de orientación sexual, en un país que tiene tan sexualizado su lenguaje y su humor, así como una excesiva influencia de la ideología religiosa.

En este caso el tema tiene dos aspectos técnicos principales, que podrían ser escollos, que requieren cierta atención. Por un lado la escasa información científica, ausente en nuestro país sobre una población denominada sumergida, cuya paternidad o maternidad ha sido llevada adelante en su desarrollo total a lo largo de la historia, donde se podrían valorar los resultados y los procesos a lo largo de varias generaciones, para comprobar si hay riesgos psíquicos más allá de la polémica folclórica o demagógica del contagio dé la orientación sexual y la marginación del menor.

Por otro lado el pobre desarrollo del diálogo social con este sector de población, a través de sus interlocutores profesionales válidos y sus organizaciones, que posibilitaran llevar a cabo experiencias; programadas y consensuadas que condujeran a una satisfacción en el desarrollo de las mismas por todos los sectores implicados. Animamos encarecidamente a los centros de investigación, estudio y gestión, para que apoyen y promuevan todo tipo de iniciativas que saquen de la oscuridad y el ostracismo al tema.

 

Félix GARCIA-VILLANOVA

Junio 1995