ESTUDIOS
José GUTIERREZ MALDONADO
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado de Tortosa.
Francisco SINTAS CAPDEVILA
Centro Penitenciario de Tarragona.
Trabajo realizado con la ayuda del Centre d'Estudis Juridics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya
El objetivo del trabajo es evaluar la actitud de los empresarios hacia la integración laboral de reclusos y ex reclusos. Para ello, se administró un cuestionario a una muestra de empresarios, mediante el cual fue posible estimar la probabilidad de que éstos ofrecieran trabajo a reclusos y ex reclusos en función de diferentes características (nivel de formación, tipo de delito cometido, edad, sexo y reincidencia).
PALABRAS CLAVE: Reinserción, recluso, ex recluso, trabajo.
The objective of this paper is to assess businessmen's attitude toward employment of convicts and ex convicts. A questionary was send to a sample of businessmen, asking them about the possibility of employ convicts and ex convicts, with different caracteristics related to studies, type of crime, etc.
KEY WORDS: Integration, convict, ex convict, employment.
Es conocida la complejidad de cualquier abordaje en el campo de la conducta humana y del comportamiento grupal o social; las múltiples variables intervinientes, algunas de ellas muy influenciables y cambiantes, sobre todo en el campo de la investigación social, las dificultades en la percepción y medición de los indicadores de cambios de conducta, los problemas de control de aquellas variables que si conocemos, la aplicación de diseños experimentales adecuados, la correcta evaluación de los resultados obtenidos, la generalización de los mismos, etcétera.
Por el momento es obvia la limitación a la hora de conocer exactamente la realidad social, y que cuanto más holístico o totalizador pretende ser nuestro análisis, mayor dificultad. Por otro lado resulta evidente que ante determinadas situaciones sociales se hacen necesarios ciertos niveles de intervención muchas veces con inmediatez y sin el exhaustivo conocimiento de la realidad donde se interviene, de sus variables, de las conexiones entre variables y de las posibles consecuencias de esa pretendida intervención, Inicialmente esas actuaciones pueden hacerse al margen de disquisiciones científicas, planteamientos metodológicos distintos, modelos explicativos diferentes o, en definitiva, tendencias ideológicas opuestas. Sin embargo, los resultados o la falta de ellos debido a los problemas antes citados suelen generar la necesidad de acudir a abordajes que permitan progresivamente un mayor conocimiento de la realidad en el sentido que se ha comentado anteriormente y, en consecuencia, el posterior desarrollo de programas más efectivos de intervención.
Posiblemente este haya sido el caso en muchos planteamientos entre la pobreza, la marginación, la conducta delictiva, las toxicomanías y todo aquello que en definitiva se suele llamar desviación social Esta premura en la intervención comporta generalmente la utilización de modelos de análisis y explicación de la realidad siempre parciales o limitados y, en consecuencia, también un control selectivo y/o gradual de las variables.
Centrándose en el caso de este estudio: la intervención en la población reclusa y ex reclusa de los Centros Penitenciarios, «a priori» muchas parecen ser las limitaciones con que se encuentran los gestores públicos ocupados del tema y en suma toda la sociedad, para asumir el imperativo legal que viene indicado como la reeducación y la reinserción» de los reclusos.
En otro orden de cosas, no menos compleja y relevante es la «cuestión social» que rodea al tema de las Instituciones Penitenciarias y a la intervención que en ellas se puede realizar. Suelen ser cuestiones a las que tradicionalmente se les ha dado una menor relevancia, pero cada vez es más clara su incidencia y la necesidad de analizar en profundidad, máxime cuando se tiene en cuenta que es la misma sociedad quien mediante el ordenamiento jurídico y el aparato judicial dispone el internamiento de una persona para que sea reeducada y reinsertada en esa misma sociedad. Bonal (1988) afirma tajantemente que o bien la prisión sirve para la finalidad que constitucionalmente tiene asignada o ésta institución se convierte en algo inconstitucional, y destaca la distancia que existe entre las intenciones imperativas de la ley (la resocialización) y la dinámica destructora de la vida cotidiana institucional (la realidad de la cárcel). Otros autores postulan la posibilidad de adecuar la vida en la prisión al mandato legal vigente y además constatan evidentes progresos en ese sentido. Corroborando esta tesis estaría la postura de Arnanz (1988), quién afirma que el cambio cualitativo más grande operado en los últimos años respecto al tema penitenciario sería la consideración de la prisión como cuestión social, frente a un planteamiento preconstitucional de lo penitenciario como algo exclusivamente jurisdiccional. Supone ello que la prisión debe entenderse en y desde la comunidad social donde está ubicada. El centro penitenciario tiene derecho a ser considerado como un barrio más, un pueblo más, un centro cívico-cultural educativo más, que necesita de los programas y recursos comunitarios, y que puede ofertar, también, contribuciones cualitativas a la vida de la comunidad.
Redondo (1988), cuando se refiere al «entorno penitenciarios, indica cómo en muchos casos la desestructuración informativa (sobre la actuación penitenciaria) nos impide tomar decisiones de manera razonable, sin embargo es posible la mejora planificada de las relaciones de la comunidad con las prisiones y la mejora de la participación comunitaria en las prisiones. En este apartado interesa conocer los niveles de confianza de la sociedad en la justicia, las actitudes hacia la prisión y hacia los reclusos y ex reclusos, hacia el delito, la inseguridad, niveles de información de la sociedad sobre lo que sucede en nuestras prisiones, canales de esa información y sentido de la misma, etcétera. Apenas se sabe cómo estas cuestiones generan estados de mayor o menor sensibilización hacia sucesos o temas concretos, lo que se ha dado en llamar la «opinión pública». Tampoco en qué medida esa sensibilización puede generar consecuencias muy diversas, incluso a nivel de prioridades presupuestarias, a nivel de aceptación o rechazo ante diferentes intervenciones, etc. Más concretamente, es lógico predecir que tales estados de opinión pueden repercutir en la necesaria reinserción del ex recluso y en todo el proceso que se sigue con el recluso para tal objetivo.
El panorama que se puede percibir si se observa la opinión pública, aún de modo somero y reconociendo la falta de rigor en ese acercamiento, no parece ni muy alentador ni altamente sensibilizado hacia la necesidad de destinar más recursos en la línea de la intervención hacia reclusos y ex-reclusos. Debería formularse la pregunta de cuáles son los factores que inciden en tal estado de opinión y que pueden alimentar actitudes de rechazo o de incomprensión deberían conocerse esas actitudes, conocer sus mecanismos de formación e intervenir sobre ellos como un aspecto más en nuestra línea de trabajo con personas sometidas a privación de libertad.
No cabe duda de que los medios de comunicación tienen un papel relevante en este campo, como destaca Schneider (1988): «la representación de la criminalidad y la justicia criminal en los medios de comunicación de masas y en la opinión pública se influyen recíprocamente de forma constante, y la investigación criminológica acerca de la realidad delictiva no ejerce prácticamente ninguna influencia sobre la opinión pública». También está muy extendida la idea de que todos aquellos recursos destinados a Servicios Sociales, atención a sectores marginales, desviación social e instituciones penitenciarias, no son optimizados ni rentabilizados. No son inversiones rentables. Ello, sin duda puede deberse a que efectivamente no sean rentables, a que todavía no lo sepamos (se ha hablado ya de las dificultades en la evaluación de programas y resultados en intervenciones de este tipo y en sectores sociales como el que ocupa este trabajo), o que sean rentables algunos de ellos y no se sepa hacerlo saber a la sociedad (existe la tendencia a ofrecer datos estadísticos como concluyentes a pesar del escepticismo y recelo que estos datos provocan). En cualquier caso, hay una sensación de recursos desperdiciados y de imposibilidad de aplicación de programas de optimización, adecuación y ahorro, sin renunciar a la necesidad de mayores recursos y medios de todo tipo.
La realidad actual que anteriormente se ha apuntado está repleta de indicadores que permitirían definir la existencia de actitudes de rechazo hacia las personas que han estado sometidas a medidas de privación de libertad. Bueno (1989) lo resume de este modo: La persistencia en el rechazo colectivo hacia los penados (sin duda instintivo y real, aunque ilógico desde el momento en que todos podemos ser delincuentes, lo que demuestra la irracionalidad de una estigmatización que no es producida por el delito sino por el paso por el sistema penal) vulneraría el principio de no discriminación y haría imposible la reinserción social del liberado (arts. 14 y 25.2 de la Constitución)». También García Pablos (1988) afirma que la pena no resocializa, sino que estigmatiza; que no limpia sino que mancha, como tantas veces se ha recordado a los expiacionistas; que es más difícil resocializar a una persona que ha padecido una pena que aquella otra que no tiene esa amarga experiencia Que la sociedad no se pregunta por qué una persona ha visitado un establecimiento penitenciario sino si lo ha visitado o no lo ha visitado. El mismo autor recoge una contradicción muchas veces tratada al afirmar: «estamos educando a alguien para la libertad a través de una privación coactiva de la libertad misma, y esa contradicción es insuperable. Así mismo se apuntan dos vías de actuación:
1.- Sistema progresivo: cumplimiento gradual de la privación de libertad y régimen abierto. 2.- Medidas alternativas al ingreso en prisión.
En otro acercamiento a cuestiones de rehabilitación en los centros penitenciarios Clemente (1988) sostiene que la sociedad pretende inculcar en el recluso el sentimiento de culpa, cosa que no suele lograrse: «Si no existe ese sentimiento de culpa, no tiene sentido la pena desde el punto de vista psicológico, ya que no se producirá la asunción por parte del sujeto que ha causado un mal; si no se reconoce el mal, no se reconoce en la persona la necesidad de rehabilitarse». Por tanto afirma este autor que en la mayoría de las veces, la reinserción social, la posibilidad del régimen abierto como penúltimo paso de dicha reinserción, dependería de la renuncia a cuestiones, ideas y conductas que serían muy importantes para el sujeto delincuente.
Otro aspecto importante se referiría a la determinación social de la gravedad de determinado delito. Warr (1989) distingue dos componentes fundamentales en la evaluación de la gravedad de un delito: la evaluación normativa y la evaluación de sus consecuencias sobre las víctimas. Ello no siempre ha sido interpretado igual desde las distintas escuelas criminológicas. Mediante el método de encuesta este autor encontró que diferentes tipos de delitos eran evaluados de manera diferente en las dimensiones mencionadas. El mecanismo que mejor se ajustaba a los datos para predecir cómo influiría cada una de estas dimensiones en la evaluación global de la gravedad de un delito fue el que postulaba que ésta se determina a partir de la dimensión que, para un delito concreto, es predominante. De este modo los delitos pueden clasificarse en los siguientes grupos:
1.- Delitos relacionados con la propiedad, en los que predomina la inadecuación moral sobre el daño que produce en la víctima. Son condenables moralmente pese a no producir daño a la víctima. 2.- Delitos contra las personas. Son muy graves moralmente y causan gran daño a la víctima.
3.- Faltas sociales. Son menos inmorales que dañinos
4.- Delitos contra las personas en los que la intencionalidad de hacer daño no está presente de una manera clara. También menos inmorales que dañinos.
En definitiva, se afirma que puede mantenerse la distinción clásica entre las tres clases de delitos (contra la propiedad, contra las personas y delitos de orden público), y que la evaluación de la gravedad de cada tipo de delito se fundamenta en la dimensión predominante del mismo.
Por otro lado también es un factor importante el hecho y la manera en que las personas tienen sensaciones de inseguridad o miedo a ser víctimas de un delito. De este modo, Lagrange y Ferraro (1989) examinaron las diferencias debidas al sexo y a la edad en cuanto a percepción de riesgo y de miedo al crimen mediante entrevistas telefónicas realizadas a una muestra de 320 residentes en una área metropolitana del sudeste de los EE.UU. Las mujeres mostraban más miedo que los hombres y más percepción de riesgo. Sin embargo, las diferencias debidas a la edad se encontraron sólo con determinadas formas de medida y no con otras. Estos últimos resultados no coinciden con la observación más habitual de que las personas mayores tienen más miedo que las jóvenes. Se identificaron mediante análisis factorial confirmativo dos dimensiones en el miedo al crimen: miedo al crimen personal y miedo al crimen sobre la propiedad.
En otra investigación más reciente, Stalans y Lurigio (1990) parten de la teoría del esquema de Rumelhart (1984), quien define un esquema como una estructura de conocimientos acerca de un evento, persona o sistema, formado a través de la experiencia y que puede tener diferentes niveles de abstracción. Los esquemas serían activados desde la memoria a largo plazo por información presente en el contexto. De este modo, cuando un esquema es activado, guía la codificación e interpretación de la información. Se parte del supuesto de que las personas de la calle y los profesionales de la justicia tienen experiencias diferentes relacionadas con la delincuencia y que, en consecuencia, sus esquemas relacionados con el tema serán diferentes así como su codificación e interpretación, dando lugar a decisiones que pueden ser divergentes. Para probar esta hipótesis, estos autores requirieron a un grupo de personas de la calle y a un grupo de profesionales de la justicia que formaran una imagen de una situación de robo. En algunos aspectos ambas muestras coincidieron (el ladrón estaba desempleado, fracaso escolar y probablemente adicto a las drogas). Sin embargo, se encontraron diferencias respecto a las impresiones del daño que se producía y del riesgo de reincidencia. Los no profesionales tendían a imaginar que el ladrón iba armado y que tenía un amplio historial delictivo, formando por tanto imágenes más severas que los profesionales.
Funes, Redondo y Luque (1992) también han realizado un estudio recientemente con el que se investigan las creencias de profesionales y alumnos de criminología sobre la reincidencia. Diferencian para ello entre dos conceptos de reincidencia: la normativa (apreciación que realiza un tribunal (... ) sobre la existencia de delitos semejantes en los antecedentes de un sujeto») y la empírica, que tiene un sentido futurible y que se dirige a «conocer si un individuo (... ) una vez que ha cometido un delito y cumplido una condena, vuelve o no a delinquir en cierto período de seguimiento posterior. Comparando las expectativas de reincidencia de la muestra sobre diferentes tipos de casos con las cifras de reincidencia reales, se observó una distorsión aumentativa de estas cifras por parte de los sujetos; siendo en los delitos relacionados con el tráfico de drogas donde la distancia entre las creencias y la realidad era máxima (se cree que la reincidencia es prácticamente seis veces mayor que la que realmente se produce). Además, observaron que los sujetos atribuían al trabajo el mayor peso específico como elemento de integración: si se tiene un trabajo se espera que la reincidencia sea mucho menor que si no se tiene.
De este modo y cada vez más claramente se presenta la necesidad de conocer la realidad social acerca de todo lo que comporta y está asociado al hecho delictivo para poder plantear programas de intervención adecuados. Ortet y Pérez (1989), analizando otros trabajos anteriores, afirman que «el conocimiento de las actitudes públicas hacia las causas de la delincuencia y hacia los métodos de afrontarla puede determinar, a algún nivel, la verosimilitud de métodos alternativos de cara a la prevención de la conducta criminal y la manera más adecuada de aplicar la Ley.» Estos mismos autores, analizando las actitudes de estudiantes universitarios hacia la delincuencia, y basándose en el modelo jerárquico de H.J. Eysenck (1964) sobre las actitudes sociales, indican cómo algunos estudios apuntan a que la atribución de las causas de la delincuencia a factores personales y las actitudes favorables a la retribución de los delitos a través del castigo estarían relacionadas con las actitudes conservadoras (Nelsen, Eisembarg y Carroll, 1982; Kennedy y Homat, 1986), mientras que las actitudes asociadas a las causas sociales de la delincuencia y a las medidas rehabilitadoras no punitivas estaban ligadas a las actitudes sociales progresistas (García y Sancha, 1985, Martín, 1987). En este trabajo de Ortet y Pérez se utilizó una muestra de 382 estudiantes universitarios de segundo curso (1 87 Psicología y 195 Medicina), siendo 107 hombres y 275 mujeres, con una media de edad de 20 años.
En un trabajo anterior, estos mismos autores (Ortet y Pérez, 1988), abordaron el tema de las actitudes de los universitarios hacia el régimen abierto bajo idéntico substrato teórico. Tras analizar los resultados, Ortet y Pérez concluyen que los estudiantes universitarios presentan actitudes favorables hacia el régimen abierto tanto desde un punto de vista normal como técnico. Que a su vez el régimen abierto es percibido como más bien arriesgado, y que es más aceptado por los estudiantes más progresistas, si bien los estudiantes más conservadores también lo valoraban favorablemente.
Brillon (1984) postuló que las actitudes que el público manifiesta hacia las políticas en justicia dependen de dos ejes perceptivos:
1.- Percepción o experiencia de la criminalidad como amenaza real o potencial.
2.- Percepción del sistema penal como una respuesta más o menos adecuada de cara a la consecución de los objetivos asignados.
De este modo se habla de actitud de punitividad o no punitividad. Atendiendo las peculiaridades de la población canadiense este autor estudió las actitudes hacia la severidad de las sentencias pronunciadas por los tribunales, afirmando que cuando se pregunta a la población si cree que los tribunales son muy severos, justos o poco severos, la mayoría de personas contestan en función de los criminales peligrosos. En general, y a partir de encuestas realizadas en los años 1980 y 1981, la mayoría de la población en Canadá piensa que las sentencias son poco severas. También la imagen social de la prisión está muy polarizada y es estereotipada, un poco más de la mitad de personas afirmaron que las prisiones son verdaderos hoteles y el resto que son muy penosas
En otro estudio, Begin y Couture (1980), a la vista de los problemas que tenían los ex reclusos para encontrar un empleo plantearon la construcción de una escala de actitudes hacia los reclusos y los ex reclusos. Se construyó una escala preliminar a partir del sistema de tres jueces y con un total de 58 ítems, que fueron administrados a 64 mujeres y 63 hombres. Todas las pruebas efectuadas para la validación de la escala, así como su fiabilidad, demostraron unos resultados muy aceptables. Un análisis factorial con rotación VARIMAX mostró la presencia de siete factores con autovalores superiores a 1. Se destacó dos de ellos que explicaban el 45 % de la varianza total:
1.- El primer factor se refiere a la aceptación o evitación de contactos sociales con los reclusos(as) y ex reclusos(as).
2.- El segundo factor se refiere a las creencias hacia la rehabilitación social
Palmer, et al. (1989) trabajaron también con esta escala, tradujeron al inglés 16 de sus ítems, puesto que había sido construida originalmente en lengua francesa, y la administraron a diferentes grupos de estudiantes canadienses. Los análisis factoriales descubrieron dos factores, siendo las cargas de los ítems consistentes a través de los grupos:
a) Factor «confianza», que agrupó a los ítems que se referían a la interacción con reclusos y ex reclusos.
b) Factor «punitivo», que agrupó a los ítems que se referían a cómo deben ser tratados por la sociedad.
Se mantuvo la estructura factorial en las formas francesa e inglesa de la escala por lo que se interpretó que en ambos sectores de población se encuentran dimensiones semejantes como fundamento de la actitud hacia reclusos y ex reclusos.
El conocimiento más exhaustivo de todos estos factores que, relacionados con la justicia, la delincuencia y los centros penitenciarios, inciden en la misma sociedad y pueden generar determinadas actitudes que, a su vez, constituyen variables a tener en cuenta en determinado tipo de planteamientos, permitiría desarrollar mejores programas e intervenciones en estos campos. Sobre todo es más notable esa necesidad de conocer las actitudes en sectores de población determinada, bien por su capacidad de decisión, de influencia sobre la sociedad, o bien por la posibilidad de implicar a estos sectores en posteriores diseños de intervención. Este es el caso de los empresarios. No existe ninguna duda de que en el proceso de inserción social de una persona, el plano laboral juega un papel muy destacado. Lógico es pensar que en un proceso de reinserción social de una persona que se encuentra o ha pasado por una medida de privación de libertad, ese plano laboral sigue ocupando un papel importante. La inexistencia de estudios previos específicos sobre el tema justifica aún más la necesidad de éste. De todas formas, si se tiene en cuenta que los reclusos y ex reclusos forman un grupo en cierta forma estigmatizado, es posible que estudios realizados en otros grupos también estigmatizados puedan servir de guía para ver qué tipo de creencias son las que fundamentan las actitudes de los empresarios hacia su integración laboral. Por estigmatización se entiende un proceso mediante el cual un sujeto o grupo es contemplado por los individuos de su entorno como diferente y es objeto de actitudes de rechazo (Maydeu, 1988). La estigmatización conlleva un miedo al contagio social, a que el grupo nos confunda con el sujeto diferente y nos asocie con él, extendiéndose la estigmatización hasta uno mismo. Un grupo también estigmatizado es el de los homosexuales (y, como los reclusos, por partida doble, puesto que a la estigmatización que ya acarreaban tienen que añadir ahora la que les viene dada por una enfermedad como el SIDA); y sobre la actitud de los empresarios hacia la integración laboral de los homosexuales sí que existe un estudio. O'Brien y Vest (1988) construyeron una escala de 13 ítems para medir las creencias de los empresarios sobre el empleo de homosexuales. El proceso de selección de ítems comprendió la revisión de literatura y la consulta previa a algunos empresarios que elaboraron una lista de posibles consecuencias de dar empleo a un homosexual. Estos ítems fueron administrados a un total de 182 empresarios, del sur de Estados Unidos, con formato de escala Likert, y los resultados fueron analizados factorialmente. Un solo factor alcanzó autovalor mayor que la unidad y explicó más del 60 % de la varianza, indicando así que la escala tenía un carácter unidimensional; las correlaciones ítem-total reforzaron esta conclusión. La fiabilidad se estimó por el procedimiento test-retest y mediante el cálculo del coeficiente alfa, siendo superiores ambos a 0.9. En la publicación de O'Brien y Vest (1988), sin embargo, no se ofrecen datos sobre los resultados de la aplicación de la escala, limitándose a informar sobre los análisis psicométricos.
Se analizaron un total de 113 cuestionarios correspondientes a otras tantas empresas catalanas. En las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se han representado gráficamente las características de la muestra.
Para obtener los datos se diseñó el cuestionario que aparece en el anexo 1. Los ítems 1 a 14 del cuestionario forman un primer grupo, con el que se pretende evaluar las características que hacen a los reclusos más atractivos o menos para los empresarios de cara a la posibilidad de ofrecerles trabajo. Los ítems 1 5 a 28 tienen la misma finalidad, pero se refieren a los ex reclusos. Estas características diferencian entre primarios y reincidentes, entre distintos tipos de delitos, y hacen mención también del sexo, la edad y el grado de formación del recluso o ex recluso.
La selección de la muestra de empresas se realizó, por procedimiento aleatorio simple, a partir del directorio España 25.000», edición 1990, editado por Fomento de la Producción, entre las empresas radicadas en Cataluña. Se seleccionaron por este procedimiento 3.000 empresas, a cada una de las cuales se envió por correo un ejemplar del cuestionario, junto con una carta de presentación y explicación de los objetivos del estudio; asimismo, se adjuntaba un sobre para franqueo en destino con la finalidad de facilitar la devolución del cuestionario una vez rellenado. En las instrucciones se especificaba que no debían anotar datos personales o que permitieran identificar la empresa, con la finalidad de garantizar el anonimato. Transcurridos 60 días desde la fecha del envío se dio por terminada la fase de recepción de cuestionarios.
Las figuras 1, 2 y 6 se refieren a la empresa (tamaño, ámbito y sector), y las figuras 3, 4 y 5 se refieren a la persona que contesta al cuestionario. La mayoría de las empresas que han contestado al cuestionario son de tamaño pequeño y mediano (hasta 200 trabajadores), mientras que un 11 % de ellas tiene más de 200 trabajadores. Su ámbito más frecuente es nacional (47,8%), y el sector económico más representado es el industrial (53%), seguido de cerca por el de servicios (41,7%); no ha habido representación del sector agrícola en esta muestra.
Un 57,4% de los cuestionarios ha sido contestado por el director general de la empresa y un 38,3 % por otros cargos directivos. La mayor parte de ellos eran varones (75,7%), con una edad media de 45 años (desviación típica del 10.541, moda y mediana de 45 y rango de 23 a 70).
En lo referente a las características de reclusos y ex reclusos que influyen sobre la preferencia de los empresarios, ante la posibilidad de ofrecer trabajo, las figuras 7 y 8 muestran que el hecho de ser recluso primario o reincidente es decisivo para que el empresario ofrezca trabajo; mientras que sólo un 25 % de los empresarios muestran algún tipo de desacuerdo respecto a la posibilidad de ofrecer trabajo a un recluso que está cumpliendo pena por un primer y único delito, ese porcentaje se eleva hasta el 85 % si el recluso es reincidente.
Las figuras 9, 10, 11, y 12 muestran que el tipo de delito menos rechazado es el delito contra la propiedad, y que el delito sexual es el más rechazado. Un grado semejante de rechazo es el que se expresa ante los delitos contra las personas y por tráfico de drogas, pero la actitud más extrema es la que se expresa ante el delito sexual.
El sexo del recluso no parece ser determinante respecto a la posibilidad de que el empresario le ofrezca un trabajo, como muestran las figuras 13 y 14, pero la edad sí que se apunta como una variable que influye en la preferencia del empresario; así, mientras que un 35 % de los empresarios muestran algún tipo de desacuerdo respecto a la posibilidad de ofrecer trabajo a reclusos menores de 25 años, ese porcentaje aumenta hasta el 50% para reclusos con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años, y hasta el 64 % por encima de esa edad (figuras 15, 16 y 17).
Por último, el grado de formación del recluso también hace que varíe la posibilidad de que el empresario le ofrezca trabajo, siendo rechazados por el 75 % de los empresarios los reclusos sin formación, mientras que este porcentaje desciende hasta el 60 % si tienen formación primaria, y hasta el 40% si tienen formación especializada (figuras 18, 19 y 20).
El panorama que se obtienen respecto a la posibilidad de que los empresarios ofrezcan trabajo a un ex recluso es bastante similar al de los reclusos. El ex recluso que ha cumplido pena por un único delito es mucho más preferido que el reincidente (figuras 21 y 22).
El delito menos rechazado es el delito contra la propiedad y el más rechazado es el delito sexual (figuras 23, 24, 25 y 26), aunque en el caso de los ex reclusos la actitud negativa de los empresarios no es tan extrema como en los reclusos que han cometido ese mismo tipo de delitos.
Que el ex recluso sea varón o mujer tampoco afecta (como en el caso de los reclusos) a la probabilidad de que el empresario le ofrezca trabajo (figuras 27 y 28), pero sí (como en los reclusos) la edad, siendo los más jóvenes aquellos que resultan más atractivos a los empresarios (figuras 29, 30 y 31).
Y también aquí se encuentra que el grado de formación del ex-recluso hace variar la probabilidad de que el empresario les ofrezca trabajo, mostrando éstos mayor preferencia por aquellos que tienen formación especializada (figuras 32, 33 y 34). El perfil del ex recluso con mayor probabilidad de ser empleado es, pues, igual al de los reclusos. No se detecta, por tanto, una predisposición diferente, en los empresarios, a ofrecer trabajo a reclusos o ex reclusos.
El perfil que se deriva de estos resultados es bastante claro: que el recluso sea varón o mujer no hace que varíe la probabilidad de que el empresario le ofrezca trabajo; pero sí que cambia esa probabilidad en función de que el recluso sea primario o reincidente, del tipo de delito que haya cometido, de la edad que tenga y de su grado de formación. La mayor probabilidad de que un empresario ofrezca trabajo a un recluso se da cuando éste es primario, ha sido condenado por cometer un delito contra la propiedad, es menor de 25 años y tiene formación especializada. El mismo perfil es aplicable también a los ex reclusos.
En otros apartados de este trabajo se ha apuntado que, en general, parece ser que nuestra sociedad muestra cierta desconfianza y rechazo hacia aquellas personas que están o han estado en prisión, ya sea por la mera comisión del delito o por el simple hecho de pasar por el sistema judicial penal. Por otro lado, parece existir un gran desconocimiento de los objetivos, organización y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias. Si a esto le añadimos un panorama laboral en clara recesión, con todo lo que ello comporta dentro de un contexto de crisis económica generalizada, nos encontramos con los ejes que mediatizan las respuestas obtenidas por parte de la muestra de empresas que se ha analizado.
No cabe duda de que dentro del mercado empresarial actual, con todos los componentes de incertidumbre, competitividad, etc., las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, tienen la percepción de correr un cierto riesgo a la hora de formalizar la contratación de nuevo personal. Algunos medios y medidas intentan reducir de algún modo ese riesgo, como por ejemplo los incentivos fiscales, la progresiva flexibilización del despido, las diferentes modalidades de contratación, las deducciones de la cuota a la Seguridad Social, la existencia de departamentos o empresas específicas de selección de personal, etc.
Observando las respuestas obtenidas, cabe pensar que buena parte del empresariado consultado parece manifestar
que la contratación de un recluso o ex recluso aumenta en cierto modo el riesgo intrínseco de cualquier contratación o incorporación de una persona nueva a la empresa Se trata, en suma, de un factor de incertidumbre añadido. Sin embargo, se desprende también una puerta abierta a la posibilidad de estructurar medios que reduzcan ostensiblemente ese riesgo, cómo podrían ser:
En general, cabría pensar que la opinión de los empresarios o cargos directivos no escapa a la impresión mayoritaria de desconfianza y de recelo ante las personas que han cometido un delito o han pasado por el sistema procesal y penal de nuestra Justicia.
Podría esperarse «a priori» unas opiniones o, incluso, prejuicios más intensos y severos mediante la tendencia a calificar a las personas que han pasado o están en un Centro Penitenciario como sujetos que han cometido delitos graves, drogadictos, sujetos muy peligrosos y carentes de cualquier hábito o interés por el mundo laboral. Se trata sin duda de un mecanismo de generalización simplista y que, en su extremo más negativo, lleva a catalogar a estas personas como sujetos sin remedio; del mismo mecanismo que puede hacer que la opinión generalizada defina al empresario con el tópico de persona conservadora, inmovilista y poco progresista.
Por el contrario, cuando se analiza más profundamente y se diversifica la población reclusa o ex reclusa según diferentes patrones (tipología del delito cometido, sexo, edad, nivel de formación, reincidencia, etc.), aproximándonos más a la realidad existente en nuestros Centros Penitenciarios y fuera de ellos, se produce también una diversificación en las respuestas de los encuestados y, en muchos casos, datos que atemperan o definen más exactamente ese rechazo.
El objetivo de este trabajo era delimitar el perfil de reclusos y ex-reclusos más atractivo (o, si se quiere, menos rechazado) para los empresarios, puestos ante la situación de ofrecerles trabajo. Los resultados indican con bastante claridad que no hay diferencias en esta cuestión entre reclusos y ex reclusos, puesto que el hecho de ser mujer o varón no hace que varíe la probabilidad de que el empresario le ofrezca trabajo. Otras características, en cambio, sí que determinan de manera notable la preferencia del empresario, encontrándose la mayor probabilidad de que un empresario ofrezca trabajo a un recluso o ex-recluso cuando éstos son primarios, han sido condenados por delito contra la propiedad, su edad no sobrepasa los 25 años y tienen formación especializada.
Debe tenerse en cuenta que el conocimiento real de los objetivos, medios y funcionamiento del aparato procesal penal y, sobre todo de la vida en los Centros Penitenciarios es muy difícil de obtener sin una aproximación exhaustiva. Ello al ciudadano normal se le presenta como algo ya de por sí complejo, cuando no desagradable y sórdido, máxime cuando la información que le llega suele ser o bien crónicas judiciales o noticias negativas del mundo carcelario. El empresario no escapa a esa tónica de desconocimiento, y ese desconocimiento es la causa del prejuicio que contamina frecuentemente su actitud ante la posibilidad de emplear a reclusos o ex-reclusos.
Instrucciones
A continuación verá una serie de frases, para cada frase hay seis alternativas de respuesta, rodee con un círculo la alternativa que prefiera. Algunas de las frases se repiten dos veces, esto es así porque nos interesa estudiar tanto la actitud hacia los reclusos como hacia los ex reclusos. Los reclusos son personas sometidas a medidas privativas de libertad en centros penitenciarios, pero que pueden estar disfrutando de régimen abierto porque los responsables del tratamiento penitenciario consideran que de esa manera puede realizar un trabajo en el exterior durante el día que tenga efectos rehabilitadores. Los ex reclusos son personas que han estado sometidas a medidas privativas de libertad pero que ya han cumplido la pena impuesta. Si quiere consultarnos alguna duda antes de contestar el cuestionario puede llamar al teléfono (977) 24 35 40. Le agradecemos su cooperación y recordamos que no es necesario poner el nombre en el cuestionario, garantizando así el total anonimato de su opinión. Rellene, no obstante, los siguientes datos subrayando la opción correspondiente en cada pregunta, para poder clasificar posteriormente las encuestas. Muchas gracias.
Número de trabajadores en la empresa: Menos de 25/ Entre 26 y 50/ Entre 51 y 2000/ Entre 201 y 2.000/ Más de 2.000
Ambito de la empresa: Multinacional / Nacional / Autonómico / Provincial / Local.
Cargo de quien contesta el cuestionario: Director general / Otro cargo directivo (especificar):
Tipo de empresa: Agrícola / Industrial Servicios.
Escala de actitudes hacia la integración laboral de personas que están o han estado sometidas a medidas privativas de libertad.
Ofrecería trabajo a un recluso ...
1.- Primario (que está cumpliendo pena por el primer y único delito cometido hasta la fecha)
1 2 3 4 5 6
2.- Reincidente (que está cumpliendo pena por varios delitos o que ha cumplido penas anteriores)
1 2 3 4 5 6
3.- Condenado por delito contra la propiedad
1 2 3 4 5 6
4.- Condenado por delito contra las personas
1 2 3 4 5 6
5.- Condenado por delito sexual
1 2 3 4 5 6
6.- Condenado por tráfico de drogas
1 2 3 4 5 6
7.- Varón
1 2 3 4 5 6
8.- Mujer
1 2 3 4 5 6
9.- Menor de 25 años
1 2 3 4 5 6
10.- Con edad entre 26 y 45 años
1 2 3 4 5 6
11.- Mayor de 45 años
1 2 3 4 5 6
12.- Sin formación
1 2 3 4 5 6
13.- Con educación primaria
1 2 3 4 5 6
14.- Con formación especializada
1 2 3 4 5 6
Ofrecería trabajo a un ex recluso ..
15.- Primario (que ha cumplido pena por el primer y único delito cometido hasta la fecha)
1 2 3 4 5 6
16.- Reincidente (que ha cumplido penas por varios delitos
1 2 3 4 5 6
17.- Condenado por delito contra la propiedad
1 2 3 4 5 6
18.- Condenado por delito contra las personas
1 2 3 4 5 6
19.- Condenado por delito sexual
1 2 3 4 5 6
20.- Condenado por tráfico de drogas
1 2 3 4 5 6
21.- Varón
1 2 3 4 5 6
22.- Mujer
1 2 3 4 5 6
23.- Menor de 25 años
1 2 3 4 5 6
24.- Con edad entre 26 y 45 años
1 2 3 4 5 6
25.- Mayor de 45 años
1 2 3 4 5 6
26.- Sin formación
1 2 3 4 5 6
27.- Con educación primaria
1 2 3 4 5 6
28.- Con formación especializada
1 2 3 4 5 6
