EDITORIAL
Los días 20 y 21 de noviembre se ha celebrado la primera cumbre comunitaria sobre el empleo, consecuencia del nuevo artículo 128 del Tratado de Amsterdam (pendiente aún de ratificación por los Estados miembros).
Se trata de definir para toda la Unión unas directrices para el empleo, que se basarán en un análisis de la situación y de los ejes generales de la política que deberá llevarse a cabo para reducir el empleo de manera duradera. Las directrices fijarán unos objetivos concretos, cuya realización será supervisada periódicamente conforme a un procedimiento común de evaluación de los resultados, de para manera similar a como se ha venido siguiendo los planes nacionales de convergencia en la dirección de la moneda única.
Lógicamente deberán respetar el principio de subsidiariedad y las competencias de los Estados miembros. Tras su adopción por el Consejo a propuesta de la Comisión, las directrices deberán incluirse en planes de acción nacionales para el empleo, elaborados por los Estados miembros con una perspectiva plurianual. Los interlocutores sociales participarán en todas las etapas de este proceso, en los niveles nacional y comunitario.
Es muy importante el establecimiento de indicadores comunes a partir de datos estadísticos comparables. Veamos algunos datos estadísticos concretos (año 1996):
Aparentemente el dato comparativamente más negativo para España sería el del desempleo juvenil, sin embargo en un horizonte de 15 años será el menos problemático, incluso aunque no se adoptaran medidas: la media de avance de población activa en los 10 últimos años ha sido de 192.000 personas, partiendo de la irrupción en el mercado de cohortes medias de 660.000 nacidos 18 años antes. En los próximos 16 años, las cohortes medias serán de 439.000, y su efecto sobre los activos puede ser de un descenso anual medio de 29.000 personas. Por otra parte, la implantación plena del nuevo sistema educativo diseñado en la LOGSE 990), implicará con bastante probabilidad un incremento de la escolarización de ese grupo - edad.
El verdadero problema es la conjunción de una alta tasa de desempleo con una baja tasa de empleo. Eso explica que aunque entre septiembre de 1996 y septiembre de 1997 haya habido un aumento de 336.300 empleos netos, sólo ha habido 189.200 parados menos, ya que el resto, 147. 100, son nuevos activos.
Para España, alcanzar la media comunitaria actual en la tasa de ocupación (60%), supondría un aumento de 3,5 millones de ocupados adicionales. Alcanzar la meta prevista por la Comisión, que finalmente no fue aprobada, es decir, llegar a una tasa de ocupación del 65% en 5 años, supondría para España un aumento de 4,8 millones de ocupados (sobre una población en edad de trabajar 15-64 años de 25,9 millones). Evidentemente se trata de metas muy difíciles, por no decir imposibles.
Tras esta pequeña presentación de datos, pasemos a presentar esquemáticamente las Directrices para 1998. Se estructuran en 4 pilares:
1. Mejorar la capacidad de inserción profesional
- Combatir el desempleo juvenil y prevenir el desempleo de larga duración: ofrecer una nueva oportunidad a todos los jóvenes antes de que hayan pasado 6 meses en para, y a los desempleados adultos antes de que hayan pasado 12 meses depara, en forma de empleo, formación reciclaje, prácticas laborales, o cualquiera otra medida que pueda favorecer su inserción profesional, incluyendo en el caso de los adultos un seguimiento individual de orientación profesional.
Aquí se plantea algún problema práctico. Las cifras que se manejan corresponden al para estimado según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Según los datos de 1995, sobre 3,5 millones de parados, el 54,6% serían parados de larga duración (más de un año seguido en para). Obviamente se tiene un análisis demográfico de ese colectivo (ya que se trata de una estimación), pero no se sabe quienes son. Por el contrario, el para registrado de las Oficinas de Empleo del INEM, implica un conocimiento detallado de todos y cada uno de los parados que voluntariamente han ido a inscribirse a una oficina en demanda de empleo. Claro que según los datos del INEM en 1995 sólo había 2 millones de parados. A estos parados registrados se les pueden ofrecer todo tipo de propuestas de medidas activas y efectuar un seguimiento, ya que se sabe quienes son.
- Sustituir medidas pasivas por medidas activas. incrementar sustancialmente el número de personas que pueden acogerse a medidas activas, en particular aumentar el porcentaje de desempleados a los que se ofrece formación o cualquier otra medida similar. Cada Estado miembro se marcará un objetivo de aproximación progresiva a la media de los tres Estados miembros que mejores resultados hayan obtenido en este ámbito, y como mínimo del 20%.
Aquí sería planteable el mismo interrogante de antes, El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (PLANFIP), dirigido a desempleados, tiene como objetivo formar a 227.000 desempleados por año. Sobre los 3,5 millones de parados de la EPA, eso supondría que se atiende sólo al 6,8% de los parados. Sobre los 2 millones de parados registrados, se atendería al 11,5%. Llegar al 20% en 5 años supondría formar a 665.160 parados por año, sobre para estimado (EPA) o a 400.000 sobre para registrado (INEM). En cualquier caso se trataría o bien de duplicar o de triplicar las cifras actuales.
Ese conjunto de cifras tan desfavorables son las que han llevado al Gobierno español a no comprometerse con dichos objetivos en el plazo previsto de 5 años, ya que no se ha previsto ninguna financiación adicional de tipo comunitario. Se podría argumentar que más difícil era alcanzar los objetivos de convergencia para ser admitidos en la moneda única, y que ha habido que hacer muchos sacrificios para llegar a ellos.
- Facilitar la transición de la escuela a la vida laboral. Evitar la deserción y el fracaso escolar. Más del 20% de los jóvenes en la UE abandonan el sistema de enseñanza y formación sin alcanzar una cualificación reconocida.
2. Desarrollar el espíritu de empresa
- Aligerar y simplificar las cargas administrativas y fiscales que recaen sobre las PYMES,
- Fomentar el trabajo por cuenta propia. Atención: mientras en la UE (1995) el empleo por ,cuenta propia sólo suponía el 15% del empleo total, en España era el 22%.
- Reducir la presión fiscal sobre el trabajo, que pasó del 35% en 1980 a más del 42% en 1995, y los costes no salariales del trabajo, en particular del trabajo poco cualificado y retribuido, sin incrementar el déficit ni el equilibrio financiero de la Seguridad Social: tasa sobre la energía, sobre emisiones contaminantes, etc.
3. Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas
- Modernizar la organización del trabajo, buscando el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad (atención: mientras en 1995 en la UE el empleo con contrato de duración determinada era el 11,5% del total, en España era del 35%). Que los Interlocutores Sociales negocien el cómputo anual del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias, el fomento del trabajo a tiempo parcial (16% en la UE, 8% en España), .la formación permanente, etc.
- Aumentar los niveles de cualificación dentro de las empresas, ofreciendo incentivos fiscales o de otra índole para el desarrollo de la formación en la empresa.
4. Reforzar la política de igualdad de oportunidades
- Combatir la discriminación entre hombres y mujeres, mediante el incremento del empleo de las mujeres y su acceso a sectores en que están infrarrepresentadas.
- Conciliar la vida laboral con la vida familiar.
- Facilitar la reincorporación al trabajo.
- Favorecer la inserción de los minusválidos.
El calendario futuro sería el siguiente: la Comisión presenta su proyecto de directrices para 1998 conforme a las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo, de forma que el Consejo pueda pronunciarse a propósito de aquéllas antes de fin de año. Los planes de acción nacionales para el empleo, basados en estas directrices deberán presentarse al Consejo para su estudio antes del Consejo Europeo de Cardiff (Junio 1998).
Bien este sería un breve resumen de los acuerdos de la cumbre comunitaria sobre el empleo. Algunos podrán hacerse la siguiente pregunta: bueno todo esto está muy bien, y efectivamente en España hay un grave problema de desempleo, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la psicología y con los psicólogos?
En primer lugar, habría que señalar que son abundantes los psicólogos que trabajan en Instituciones o Centros que atienden a los desempleados: INEM, Centros de Orientación, Centros Municipales o Autonómicos, ONG's, etc. Y actúan sobre todo mediante la orientación profesional y medidas de acompañamiento a la inserción.
Sin embargo, no parece que la sociedad, la opinión pública tengan una Percepción clara de cuál pueda ser la aportación de la Psicología y de los psicólogos al problema del desempleo. Y eso puede afirmase tanto en la dimensión española como en la comunitaria. En este momento no tengo información sobre si la EFFPA (Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Psicología) ha elaborado algún documento sobre el particular y lo ha hecho llegar a la Comisión Europea. Lo que si parece claro es que ni el COP ni las Facultades de Psicología han elaborado ningún documento para aportar a la sociedad en qué podemos colaborar en la lucha a favor del empleo y contra el desempleo.
En el COP ha sido doctrina tradicional que si queremos que los psicólogos trabajen como tales hay que ir al encuentro de las necesidades sociales. Manuel Fernández Ríos, subdirector de esta Revista, concluía en un trabajo reciente que todavía tenemos un insuficiente equipamiento tecnológico para el desarrollo de las actividades profesionales, al tiempo que señalaba la insuficiencia teórica y la irrelevancia teórica de un porcentaje muy significativo de investigaciones empíricas.
En ese sentido es alarmante las pocas líneas de investigación que existen en nuestras Facultades de Psicología sobre las tecnologías psicológicas aplicables a la atención a los desempleados en su proceso de construcción de su itinerario de empleo-formación. En ese sentido hay que destacar los trabajos de la Fac. de Valencia, dirigidos por José M.ª Peiró, y otros de la Autónoma de Barcelona, dirigidos por José M.ª Blanch.
El Colegio debería organizar una línea de trabajo, en colaboración con las Facultades, y en su caso con la EFFPA, con un doble objetivo: dar soparte teórico-tecnológico a los psicólogos que trabajan en este ámbito, que todavía puede ser un sector profesional en expansión, y ofrecer a la sociedad cuáles pueden ser las aportaciones de la Psicología a este grave problema social.