DOSSIER
1. ENFASIS EN LA NECESIDAD DE UN CONTEXTO FAMILIAR ESTABLE PARA LOS MENORES
2. MODIFICACION EN LAS FUNCIONES DE LOS CENTROS Y EN LAS CARACTERISTICAS DE POBLACION QUE ATIENDEN
3. EL CENTRO DENTRO DE UN CONTINUUM DE SERVICIOS
4. INTERVENCION CENTRADA EN LA FAMILIA
5. CAMBIOS DE TIPO ESTRUCTURAL
7. TRANSFORMACION DE UN MODELO EDUCATIVO DE INTERVENCION HACIA UN MODELO PSICOSOCIAL
Los centros residenciales que atienden a menores protegidos por la administración en España están sufriendo diversas transformaciones debidos a cambios de tipo social y en la concepción teórica de los servicios de protección. Se analizan algunas, de estas tendencias que emergen con distinto grado de intensidad, en aspectos como la perspectiva teórica en aspectos organizativos y estructurales de los centros, en el tipo de necesidades de los usuarios, en el rol de la familia, en materia de personal, etc.
Institucionalización. Maltrato institucional. Centros de Menores. Protección de Menores. Maltrato infantil.
Residencial centres in Spain providing care for children who are under protection of the public administration, are experiencing a process due to social and theorical changes. A number of tendencies involved in this process are analyzed, some of which raise with differents degrees of intensity in fields like those concerning the theorical prospect, structural and organizational aspects in the centres, the kinds and needs of users, the role played by the family, the personnel, etc.
Institutionalization. Institutional Maltreatment. Centres for Children. Child cam. Children Maltreatment
En nuestro país hay casi veintidós mil niños atendidos dentro del sistema de protección, que están separados de sus familias (datos tomados del estudio sobre la situación del menor en centros asistenciales y de internamiento del Defensor del pueblo, 1990). Aproximadamente, el 70% se encuentran en residencias, el 15% en hogares o pisos, y otro 15 % en acogimiento familiar (tanto en familia extensa como en otras familias). Unos trece mil niños permanecen en sus casas con apoyos familiares de muy diverso tipo, que supone aproximadamente un 37% de todos los protegidos. Esto es así a pesar de que la legislación en materia de protección de menores de diversas comunidades autónomas indica que la ayuda a la familia será la medida prioritaria, y que el internamiento será la última. No cabe duda de que el internamiento es, con mucho, la medida más utilizada, y más aún, el internamiento en residencia.
Debido a la confluencia de factores muy diversos, en los últimos años se está dando una transformación lenta, pero progresiva, de los centros que atienden a los niños protegidos por la administración en régimen de internado. Estos cambios tienen que ver, tanto con aspectos internos de los propios dispositivos residenciales, como con elementos externos vinculados a todo el sistema protector. Vamos a analizar algunas de estas tendencias que unas veces son mas evidentes que otras y que muestran un desarrollo muy desigual entre diferentes zonas de nuestro país.
Cada vez se insiste más en la idea de que un centro no puede ser nunca un sustituto permanente de la familia, ni un complemento indefinido durante toda la infancia y adolescencia. No sólo se señala que la familia es el mejor contexto para el desarrollo adecuado del niño, sino que se cuestiona la utilización tan abusiva e indiscriminada que hasta el momento se ha hecho de los centros.
Hace aproximadamente una veintena de años se desarrolló en el mundo anglosajón un movimiento que ha tenido, y sigue teniendo, una importante influencia en el desarrollo, legislativo de algunos países, en la práctica de la intervención en el campo de la protección infantil y en los aspectos organizativos, los servicios que atienden a los niños que sufren maltrato o abandono. Este movimiento, denominado "Permanency Planning", aparece como respuesta al hecho de que muchos niños atendidos dentro del sistema de protección son separados inadecuadamente de sus familias, y un importante número de ellos pasa gran parte de su vida de recurso en recurso, de centro en centro, o de acogimiento familiar en acogimiento familiar, sin encontrar un lugar definitivo que le permita establecer relaciones afectivas permanentes. Así, surge ,este movimiento, que se define como "un proceso sistemático para lograr, en un período de tiempo limitado, un conjunto de actividades dirigidas hacia el ogro de metas diseñadas para ayudar al niño a vivir en una familia que le ofrezca continuidad en las relaciones con padres o personas que le atiendan, y la oportunidad para establecer relaciones durante su vida" (Maluccio y otros, 1986). Es decir, es necesario establecer un plan de actuación que tenga como objetivo el integrar al niño en un contexto familiar, con carácter permanente, tan pronto como sea posible.
Desde esta perspectiva, el centro nunca puede ser un plan permanente para un niño, aunque los autores reconocen que puede cumplir un papel importante como puente, tratamiento, preparación, atención de emergencia.. No obstante, los mismos autores defensores de esta importante corriente reconocen las limitaciones del modelo con determinadas poblaciones (Maluccio, 1988a).
Algunas propuestas diferentes defienden que, no sólo debe tomarse a los dispositivos residenciales como el último recurso posible en ausencia de otros, ni como medida complementaria previa a un acogimiento, ni como residencia temporal para estancias de corto plazo, sino que puede ser el contexto más adecuado para el desarrollo de determinados adolescentes, como medio de atención a largo plazo (Potter, 1987). Esta postura centra su atención sobre los adolescentes que no pueden volver a sus casas y que no desean, o no están preparados, para establecer relaciones afectivas íntimas con otras figuras parentales.
El planteamiento de Potter (1987) aporta elementos muy enriquecedores al debate sobre el papel de las instituciones en la atención a la infancia. Es cierto que la crítica a los centros ha sido, en muchos casos, exagerada en algunos aspectos. Los efectos que la investigación ha demostrado que tiene la institucionalización en los niños, se han generalizado excesivamente, sin tener en cuenta que las condiciones infrahumanas de muchos de los centros donde se realizaron los trabajos no son condiciones connaturales a la institución. Un centro puede tener condiciones de atención muy adecuadas y puede aportar al niño experiencias de convivencia y de relación muy positivas y particulares. A veces se ha atribuido a la atención en colectividad efectos muy negativos en los niños, cuando en realidad no se distinguían en las investigaciones qué tipos de problemas tenían que ver con la situación de deprivación o distorsión en las relaciones vividas en su familia, y cuáles se debían a la institucionalización.
A pesar de todo, la función de alternativa o sustitución de la familia que pueden tener los centros, nunca puede ser realizada con carácter prolongado en niños pequeños o de edad intermedia. En cuanto a la función de complementariedad en estas edades, puede tener un carácter provisional, y más provisional a medida que el niño va siendo más pequeño, y las interacciones de tipo afectivo con adultos significativos son más relevante para su desarrollo. A medida que el niño va siendo mayor, probablemente no sea tan necesaria la interacción directa y permanente con las personas de la familia, siempre y cuando el niño comprenda el motivo de la separación y siga manteniendo una buena re ación afectiva con ellas.
El objetivo de conseguir un ambiente familiar permanente para el niño tiene otro tipo de limitaciones impuestas por la realidad, además de las relativas a determinados adolescentes: cuando nos enfrentamos a niños, independientemente de la edad, que presentan graves minusvalías o enfermedades que requieren atenciones especiales. Es muy improbable que encontremos familias para atender a estos niños, aunque la situación legal en la que se encuentran, permita su adopción. En estos casos, los dispositivos residenciales siguen siendo la alternativa más viable y, en muchas de las situaciones, con carácter permanente por ser la única posible.
A pesas de estas matizaciones, al modelo de "Permanency Planning", este movimiento ha aportado algunos aspectos prácticos en el trabajo con menores de máxima importancia. Entre ellos están: a) la orientación hacia la intervención familiar; b) la necesidad de que el niño disponga de un plan individual de intervención y de integración que sea revisado periódicamente; c) por último, la necesidad de un coordinador o responsable del caso que centralice todas las actuaciones que se llevan a cabo sobre un niño o una familia mientras permanezca bajo la protección de la administración (Maluccio y otros, 1986).
Existen diversas barreras para la aplicación de este modelo: una perspectiva tradicional de centrarse en el niño olvidando las necesidades de la familia, la no adopción de la filosofía de la planificación para la permanencia, el deseo y presión de algunos centros para mantener un alto nivel de ocupación de sus plazas, descoordinación con los recursos comunitarios, ausencia de familias para adoptar niños con particularidades, la dificultad de obtener la terminación de los derechos parentales, ausencia de un responsable del caso dentro y fuera de la institución, miedo a enfrentarse con la reacción de los padres, etc. (Maluccio. 1988: Plumer 1989).
Como consecuencia de este cambio de perspectiva se produce una forma diferente de abordar los problemas de la marginación infantil y de las familias en crisis, lo que afectará al tipo de usuarios que serán atendidos en los centros.
El énfasis en conceptos tales como normalización, proveniente de otros campos, una corriente en contra de las instituciones debido a sus efectos perniciosos en el desarrollo del niño, que ha llegado con años de retraso a nuestro país, y diversos cambios sociales, filosóficos, económicos y profesionales, han hecho que las administraciones hayan empezado a buscar diversas alternativas a la institucionalización. Entre esas alternativas se encuentra la intervención familiar, con la que se pretende impedir la separación del niño de su familia, proporcionándola apoyos de diversa índole: económico, entrenamiento en habilidades parentales, atención diurna apoyo social, orientación y tratamientos especializados.
Otro tipo de recurso es el acogimiento familiar, que aunque muy poco generalizado en nuestro país, probablemente sea uno de los programas que más desarrollo tendrá en los próximos años. Hay que tener en cuenta que el internamiento hasta hace poco ha sido casi, y en ocasiones lo sigue siendo, el único recurso disponible para atender las situaciones de maltrato o desatención graves.
Otro fenómeno que ha alterado el tipo de usuarios tiene que ver con el cambio en la práctica de los actuales juzgados de menores en cuanto al tipo de hechos que atienden y al aumento de la edad de los menores sobre los que actúan. Esto, unido a que los problemas sociales de marginación probablemente sean cada vez más graves, hace que los servicios protectores se encuentren con más frecuencia impotentes ante la necesidad de atención a menores que presentan importantes problemas de adaptación social o trastornos emocionales. Los centros no están preparados aún para atender a esta población y no existen recursos adecuados para responder a las necesidades de este colectivo. Sin duda, uno de los desafíos de los próximos años será el crear dispositivos que atiendan de una manera eficaz a menores inmersos en esta problemática.
Han sido muchos los autores que han intentado hacer una relación más o menos exhaustiva del tipo de muchachos para los que la atención en grupo puede ser adecuada, al menos teóricamente (Asociación Americana para el Bienestar Infantil, 1982, Finkelstein, 1988, Maluccio 1988a)
Algunas conclusiones a las que llegábamos en otro lugar en el que analizábamos los argumentos a favor de la atención de menores en grupo (Fuertes, 1991, Fuertes y Sánchez, 1990) eran que: 1) Las instituciones han demostrado ser siempre necesarias dentro de una red de servicios, pues la experiencia de otros países demuestra que un importante número de niños y adolescentes protegidos se encuentran en recursos residenciales. 2) Que pueden tener funciones muy diferentes para adaptarse a la multiplicidad y diversidad de necesidades y circunstancias de los niños y sus familias. 3) A corto plazo, tienen funciones de respiro, emergencia y primera acogida. La familia de acogida no parece que sea muy adecuada, al menos en un primer momento, para determinados casos relacionados con abuso sexual, maltrato físico grave o separación de los padres. 4) A medio plazo, pueden servir como puente para la adopción, para un acogimiento familiar y como tratamiento de trastornos emocionales y de comportamiento social Con frecuencia, los niños y sus familias necesitan un período de preparación para aceptar otra posible medida. 5) Las funciones a largo plazo son fundamentalmente la de preparar a los adolescentes para la vida independiente y la de prestar una atención continuada para aquellos menores que, dados sus graves trastornos comportamentales, re intelectuales y necesidades de atención muy especializada, no puede encontrarse otro recurso familiar.
Es inútil plantear el debate en términos de "Instituciones sí" o "Instituciones no" , o en términos de "¿qué es mejor un internado o el acogimiento familiar?" (Fuertes, 1991; Fuertes y Sánchez, 1990). Las necesidades de los niños y de sus familias son muy diferentes entre sí y varían de unos momentos a otros. Cada tipo de recursos está más preparado para atender unas necesidades según el momento. Esto no quiere decir que sea indiferente dónde se encuentra el niño.
En una ordenación de los distintos recursos dentro de un continuum la variable más relevante es la normalización. En un extremo del continuum tendríamos la atención a la familia sin necesidad de separar al niño de ella, y en el otro extremo situaríamos a las instituciones más cerradas y restrictivas. Entre estos dos puntos se encuentran el resto de dispositivos situados en un orden de más a menos normalizados: el acogimiento en la familia extensa, el acogimiento familiar en otra familia. el acogimiento damiliar profesionalizado, los hogares tutelados, los hogares funcionales, las miniresidencias y las macroresidencias. Todos ellos pueden formar parte de la oferta y ser necesarios, aunque, como principio, siempre serán más deseables cuanto más normalizados sean.
La idea de continuum también es útil a la hora de trasladar a los muchachos de un emplazamiento a otro. Es habitual que un niño que se encuentre en un tipo de dispositivo, cuando es necesario cambiarle, vaya a otro del mismo tipo. Estos cambios son necesarios en la mayoría de las veces por las dificultades de adaptación del niño. Los problemas se reproducen con frecuencia en el nuevo lugar de destino. No es o encontrar niños que, al llegar a la mayoría de edad y tener que salir del sistema de protección, han pasado por multitud de centros. Esto también se da muy frecuentemente en los países con tradición en acogimientos familiares. Una buena solución es en ocasiones el cambio, no sólo de lugar, sino del tipo de recurso que se utiliza. Cada tipo de contexto proporciona al niño relaciones y experiencias totalmente diferentes, siendo unas más adecuadas que otras en función del niño o del momento en que se encuentra. Hay niños que necesitan un período de internamiento antes de empezar a aceptar la posibilidad de establecer relaciones afectivas con otra familia diferente a la suya, aunque no sea con fines adoptivos. Otros niños presentan tales problemas emocionales, que requieren una atención especial y el desarrollo de habilidades específicas antes de poder convivir en un contexto familiar normalizado etc...
Se empieza a percibir un desplazamiento del énfasis en el niño hacia la familia. Hasta hace poco el centro de la acción protectora que se desarrollaba desde las residencias era el niño, pues en la medida que un niño era retirado de un ambiente de riesgo, las instituciones responsables de la protección infantil habían cumplido su misión y el entorno, siendo en teoría importante, se convertía en un elemento secundario, ya que se tenía la falsa sensación que el problema había quedado resuelto, al menos a corto y medio plazo. La ausencia de recursos, las dificultades para trabajar con las familias, los requisitos legales para que un niño quedase libre para la adopción, y la presión de nuevos casos que exigían respuestas inmediatas, hacía que la estancia de muchos de los menores se prolongase de manera prácticamente indefinida. Al fin y al cabo el niño estaba "protegido de su familia".
Se consideraba que los centros eran un recurso para el niño y no un recurso más que se le proporcionaba a la familia para atender sus necesidades en un momento dado. El nuevo enfoque que empieza a despuntar consiste en que los centros no pretenden sustituir a los padres, sino complementarlos, en mayor o menor grado, en función de sus limitaciones. El internamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio de ayuda al niño y a su familia, que se presta de forma temporal. El internado forma parte de un proceso de intervención en el que el cliente no es sólo el niño sino también la familia.
Maluccio (1988 b), señala tres procedimientos básicos a través de los que la orientación centrada en la familia se materializa en la actuación desde las residencias.
La primera estrategia es maximizar la implicación parental adoptando un modelo de competencia bajo los principios de toma de decisiones, establecimiento de metas, y contratos conductuales y de servicios (Grambril y Stein, 1981; Stein y Rzepnicki, 1983).
Una segunda estrategia es preservar y mantener los vínculos afectivos entre el niño y su familia. Este objetivo debe ser primordial para el personal de los centros. Desde los dispositivos residenciales es más fácil que desde otros, como el acogimiento familiar, lograr que el niño mantenga relaciones con su familia de una manera no conflictiva, pues la implicación afectiva de los profesionales con el niño es mucho menor que en el acogimiento en familia, y la profesionalidad prima sobre otros aspectos, no dándose tan fácilmente situaciones de rivalidad entre padres y profesionales, ni condiciones para que el niño tenga conflicto de lealtades (Aldgate, 1987).
La visita es el medio más importante de preservar los vínculos afectivos y, probablemente, uno de los mejores predictores de que el niño regresará con su familia (Aldgate, 1980). Por otro lado, el contexto residencial permite llevar una política flexible en materia de contactos padres-hijos. El grado con que una institución debe sustituir a los padres puede determinarse según los casos.
Por último, dentro de los procedimientos señalados por Maluccio (1988 b), está la participación de los padres en la toma de decisiones que les afecten a ellos y a su hijo. Existe un desarrollo importante de literatura en los últimos años de cómo implicar a los padres en la toma de decisiones (Maluccio, 1986; Stein y Rzepnicki, 1983), y sobre cómo llegar a compromisos con ellos y realizar contratos de servicios, por los que se les proporcionan los apoyos necesarios para afrontar sus necesidades si se comprometen a determinados cambios en su comportamiento y a la utilización de los recursos disponibles.
Una de las modificaciones que más claramente se detecta en los últimos años en los centros residenciales es la transformación de tipo estructural. Se tiende a la utilización de hogares pequeños, disminuyendo el número de usuarios por unidad funcional. Muchas de estas unidades se han desplazado a pequeños grupos de convivencia ubicados en edificios de viviendas normales en núcleos urbanos, de manera que permiten la utilización de los recursos sociales, educativos, de salud, de ocio, etc., de la comunidad, proporcionando un tipo de vida más normalizado. Se tiende a evitar los macrocentros autosuficientes, que disponían de todo tipo de servicios y prácticamente no permitían transacciones con el exterior, funcionando como sistemas cerrados.
Estos cambios hacia un modo de vida más parecido al familiar han traído consigo algunos beneficios muy importantes: se ha reducido el número de menores que conviven juntos y el número de adultos que están en contacto con ellos, lo que permite interacciones más personalizadas y facilita el establecimiento de relaciones más próximas. Por otro lado, la utilización de los recursos normalizados, hace que un objetivo de los centros sea que los niños adquieran aquellas habilidades que les faciliten la utilización de este tipo de recursos, y la integración en un estilo de vida muy parecido al de los niños de su edad que viven con sus padres. Las grandes instituciones enseñaban al niño aquellas habilidades que le permitían adaptarse y sobrevivir en el medio institucional muchas de las cuales no tenían nada que ver con habilidades funcionales y adaptativas para la vida en el exterior de la institución. Por ello, muchos de los niños que vivieron años en instituciones cerradas recuerdan con dramatismo la salida del centro y las dificultades para responder adecuadamente a las nuevas demandas que el ambiente les imponía.
El nuevo enfoque facilita que el centro prepare al niño para la salida. A veces, este proceso es doloroso, y hasta marginante, si la institución no pone los medios y desarrolla programas necesarios para permitir esta integración en el medio normalizado. Las dificultades que los niños muestran en áreas tales como el rendimiento escolar, las dificultades de relación social, los problemas de comportamiento y cierta estigmatización por estar atendidos por servicios protectores, son argumentos que utilizan los defensores de un modelo más tradicional y paternalista.
Los cambios estructurales son importantes en la medida en que proporcionan un medio para que se den determinado tipo de interacciones, tanto fuera como dentro de la institución (Fernández del Valle, 1991). Pero, probablemente, son más importantes otros aspectos, a los que hasta ahora no se les ha dado tanta relevancia. Entre estos están: los aspectos organizativos, el clima social, el rol del educador, y los programas de intervención dirigidos a desarrollar las habilidades necesarias que permitan al niño mantener intercambios adaptativos con las personas y el entorno.
El movimiento de desinstitucionalización basó gran parte de sus argumentos en contra de la utilización de los centros de internamiento sobre el fenómeno del maltrato institucional. No conocemos la verdadera amplitud y generalización de este tipo de maltrato, pero por la experiencia de otros países no debemos subestimar su importancia y gravedad, al menos en el pasado reciente. No obstante, tan dificil es la constatación de este tipo de hechos como el definir el mismo concepto de maltrato institucional.
Los niveles de la calidad de la atención a un niño en un medio institucional deben ser mayores que los exigidos a la familia, ya que el internamiento se trata de una respuesta protectora de la sociedad hacia el niño. Con la utilización del medio residencial no sólo se pretende evitar ambientes de riesgo para el niño. O en cumplir simplemente los requisitos legales, sino que se deben proporcionar un ambiente y atenciones más allá de estos límites mínimos, planteándose si el trato y el tratamiento son óptimos, o al menos adecuados para las necesidades de los menores. Por esto, no es suficiente hablar de maltrato institucional en referencia a las actuaciones maltratantes de personas del centro, también hay que hablar de mal trato institucionalizado, incluyendo en este último término aquellas características y prácticas de la propia institución que suponen abandono y maltrato, tanto físicos como emocionales (Harrell. y Orem, 1980).
Ridfleish (1988) señala las siguientes cuatro posturas y definiciones ante este fenómeno:
Tipo I: Es una postura en defensa de los dispositivos residenciales. Según ella, el maltrato y el abandono institucionales son imposibles si existen criterios mínimos de calidad de carácter normativo y los centros son de tamaño pequeño.
Tipo II: Se trata de una definición restrictiva, según la cual, cuando un niño es maltratado por alguien de una institución, no se puede hablar de maltrato institucional, sino que se trata de un problema en la selección y preparación del personal.
Tipo III: Parte de la defensa de los derechos del niño. Se trata de una definición amplia, pues la violación de los derechos del niño son visto como maltrato y abandono. Es altamente improbable que un dispositivo residencial pueda actuar sin violar los derechos del niño a través de las actuaciones u omisiones individuales, o a través de los procedimientos administrativos.
Tipo IV- Dado que las instituciones son el ambiente más restrictivo, la colocación de un niño en una residencia constituye en sí mismo un maltrato o abandono. El internamiento es perjudicial para el niño porque le priva de estar en medios menos restrictivos, y se le obliga a permanecer en organizaciones que le impiden llevar una vida normalizada.
Sin duda, las instituciones tienen sus limitaciones pero no puede hablarse de que la institucionalización es maltratante en sí misma cuando es la única o la mejor alternativa para un determinado niño, y siempre que la institución cumpla los requisitos para darle la atención adecuada. Sí se trataría de maltrato cuando, existiendo otros recursos más adecuados para él, ese mismo niño permanece innecesariamente en la institución por negligencia de los responsables de revisar su situación.
La mejor garantía para prevenir el maltrato tanto institucional como el institucionalizado es que el centro esté adecuadamente organizado. Dentro de estos aspectos organizativos podemos contemplar algunos elementos esenciales en un centro: la existencia de un Proyecto de Centro, un Reglamento de Régimen Interno, las Programaciones de Unidades y los Planes Individuales.
Es interesante recoger aquí algunas conclusiones del Informe del Defensor del Pueblo sobre la situación del menor en centros asistenciales y de internamiento (1990). Mientras que en la mayoría de los centros existía algún documento en el que se hacían explícitos objetivos y las funciones del centro, sin embargo, únicamente en una tercera parte de los establecimientos visitados, había un Reglamento de Régimen Interno, la mayoría de los cuales correspondían a centros de reforma. Sin duda que esta circunstancia pone al niño en una situación de desprotección y le hace vulnerable ante actuaciones arbitrarias, mas aún cuando en algunos centros ni siquiera se informaba a los menores que ingresaban en él de sus derechos, obligaciones y las normas generales del establecimiento.
Además del Reglamento, existen dos tipos de programas individuales fundamentales, que son dos herramientas claves para la organización de un centro y para prevenir el maltrato institucional proveniente de las actuaciones administrativas, propias de las instituciones de este tipo:
a) El Plan Individual de Integración, que dentro del enfoque de "Permanency Planning " descrito mas arriba, especifica cuál es el plan de integración definitivo deseable y posible para el menor, en un momento dado, y las actuaciones que se van a llevar a cabo con él y su familia durante un período de tiempo, o si, por el contrario, si no se consiguen los cambios necesarios para que el regreso sea posible, debe proporcionársele un emplazamiento definitivo diferente. Este plan encuadra la utilización del centro dentro de toda una actuación que se lleva a cabo con el niño y con su familia, y garantiza que el menor permanezca en el centro únicamente el tiempo necesario hasta que se le proporcione el medio definitivo de integración. Es determinado y evaluado por los Servicios de Protección a la Infancia, en colaboración con otras instituciones, servicios y recursos.
b) El Plan Individual de Intervención, en el que se determinan los objetivos que se pretende conseguir con el menor durante el tiempo que va a durar el internamiento. Estos objetivos pueden ser de carácter emocional y afectivo, intelectual y rendimiento escolar, autoestima, relaciones sociales, habilidades necesarias para integrarse en el medio familiar, laboral, escolar,...Garantiza que durante el internamiento el niño reciba la atención necesaria en función de sus necesidades y del Plan de Integración. Debe ser elaborado por el equipo técnico del centro en colaboración con los servicios de protección infantil y otros servicios que están en contacto con el menor.
El Informe del Defensor del Pueblo (1990) indicaba que "en cuanto a la existencia de programas educativos individuales debidamente documentados de forma que pueda realizarse un seguimiento efectivo de la evaluación del menor en el centro de las visitas realizadas ha podido colegirse que en la mayoría de los centros o no existe este programa, o no se encuentra debidamente documentado, o no se efectúa en relación con todos los menores internados" (pág. 172).
Otro aspecto organizativo que tienen una relevancia especial y que, indudablemente, incide en una disminución del riesgo del maltrato ligado a la institución es el desarrollo y aplicación de una normativa que regule los mínimos de calidad que deben tener todos los centros que atiendan a la infancia, tanto desde el punto de vista estructural, como de funcionamiento. Los departamentos con responsabilidad en la acreditación y autorización de apertura de centros, así como de la inspección de los mismos, tienen una gran responsabilidad a la hora de prevenir situaciones enmarcadas en el campo del maltrato institucional, y de actuar en el momento en que se comunica alguna irregularidad o se presenta alguna denuncia que tengan que ver con la atención a los menores. Para ello, el procedimiento de actuación en estos casos debe estar claramente determinado (Harrell y Orem, 1980).
Del informe del Defensor del Pueblo puede deducirse que se está evolucionando desde un modelo asistencial de atención hacia un modelo educativo. Aunque el mismo informe se titula "Estudio de la situación del menor en centros asistenciales", en él se señala que las condiciones de los centros en cuanto a atenciones básicas (alimentación, salud, condiciones físicas de los edificios ... ) son, en términos generales, adecuadas. Por otro lado, también indica que, progresivamente, se va dando más importancia a los aspectos educativos. Se advierte una tendencia clara a la escolarización normalizada y la programación de actividades recreativas, deportivas y culturales de tipo muy diverso. Como ya hemos comentado antes, existe en casi todos los centros un proyecto educativo, aunque la concreción de las actuaciones a nivel individual en cada menor es más escasa. Por otra parte, el personal de atención y contacto directo con el niño, en su gran mayoría, es educador.
En cuanto al desarrollo legislativo de las comunidades autónomas, permanentemente se hace referencia a actuaciones de carácter educativo y se adoptan términos procedentes del campo de la educación como son la integración, las actuaciones compensadoras, la normalización, la actividad tutorial, la orientación del menor...
Viendo la evolución que están sufriendo los centros, como hemos indicado en los apartados anteriores, cabe esperar que, al igual que el modelo asistencial quedó muy estrecho e insuficiente para atender otro tipo de demandas de los menores, también el modelo educativo es probable que no sea suficiente para abordar la problemática de gran parte de los menores atendidos por el sistema de protección. Si tenemos en cuenta el tipo de población que cabe prever que será atendida por los dispositivos residenciales, los problemas de estos menores son diferentes y más graves que los puramente derivados de un déficit en la estimulación ambiental. A medida que se atiendan problemáticas relacionadas con desajustes sociales graves, con situaciones de maltrato y abandono severos y abuso sexual, la labor de los centros no será simplemente educar al niño ni compensar sus déficits, sino intervenir sobre los daños de tipo psicológico que han sufrido como efecto de unas relaciones distorsionadas y patológicas.
Si analizamos los problemas que presentan los niños que han sido maltratados, éstos son de múltiples tipos y no todos de carácter estrictamente educativo. La problemática central de muchos muchachos se encuentra alrededor de las secuelas del maltrato recibido, de dificultades de adaptación social y de conflictos afectivos.
Si a esto añadimos que una importante parte de la intervención debe realizarse sobre la familia del niño, podemos concluir que la adopción de un modelo educativo, al menos en un sentido tradicional dejaría fuera aspectos importantísimos del desarrollo del niño y, en muchos casos, los más importantes. Por ello, no creemos que sea adecuado hablar ni de Proyecto Educativo de Centro ni de Proyecto Educativo Individual. Quizá sea más correcto hablar de un enfoque psicosocial, desde el momento en que se aborda la problemática individual de un niño, siempre pensando en su integración en un medio social, y preferiblemente familiar. Para ello, se tendrá que prestar más atención a los procesos afectivos y a las habilidades que el niño necesitará en el contexto social donde se pretende integrarle. Con mayor frecuencia serán necesarias actividades de entrenamiento en habilidades sociales, programas de autocontrol, desarrollo de valores y educación moral... Y también con más frecuencia serán necesarios actuaciones y ambientes terapéuticas, e intervenciones de carácter individual.
Lo mismo que ha sucedido con los aspectos asistenciales, que han quedado en un segundo plano en relación a la atención a otras necesidades del niño, las necesidades educativas deben ser un aspecto más a contemplar en el diseño de servicios y actuaciones del centro y en los Planes Individuales, pero que no agotan la intervención sobre otros aspectos del mundo psicológico y del contexto social del menor.
Cada vez nos encontramos más menores que, presentando graves problemas de comportamiento, deben ser ingresados en centros que no están preparados para proporcionarles la atención requerida. No tardando mucho, serán necesarios centros de intervención específicos para estos casos, que proporcionen un ambiente restrictivo y altamente estructurado en el que las contingencias puedan anticiparse claramente, y en el que se pueda progresar hacia niveles de mayor autonomía en la toma de decisiones personales, a medida que se alcanzan los objetivos de intervención.
El desarrollo del modelo de hogares y de grupos de convivencia reducidos, y la adopción de medidas de intervención más individualizadas, darán lugar a una gama diversificada de centros diversos, en función del tipo de atención que presten. Así habrá: centros de primera acogida para la atención de casos de urgencia y realizar evaluaciones; miniresidencias con menos de 50 plazas; hogares funcionales para menores de edad intermedia; hogares tutelados para menores entre 14 y 18 años que haya, que prepara para la vida independiente; hogares autogestionados o autónomos, para aquellos para su utilización temporal por parte de muchachos que, habiendo salido del sistema de protección por la edad, no disponen de los medios suficientes para ser totalmente independientes; y centros de tratamiento para menores con problemas de comportamiento. Hasta es posible que sean necesarios centros de internamiento para estancias largas de niños pequeños que presenten minusvalías graves.
De todo lo expuesto hasta aquí, es fácil deducir los cambios que cabe esperar que se produzcan en relación al personal que debe estar en contacto directo con los menores. Sin entrar en los detalles del debate sobre el papel de educador, sí es necesario señalar que la misma denominación de educador resulta ya insuficiente, pues puede limitar el tipo de actuaciones que, según lo ya expuesto, deben realizarse a la hora de intervenir sobre un menor.
Al tratar de definir más detalladamente el nuevo rol que se reclama en este texto para el actual educador, es imprescindible señalar algo que resulta central en su tarea, y es la importancia que tiene como fuente de apoyo al menor que está bajo su responsabilidad. En la literatura de los últimos años sobre salud y estrés, cada vez ha ido apareciendo más nítidamente el papel relevante del apoyo social como un factor protector de primer orden ante las situaciones de crisis. Si por algo se caracterizan los menores internados en centros es por sufrir crisis que no son habituales para la población general de su edad. Por un lado, está la situación de estrés que han podido vivir en sus propios hogares, y por otro la crisis propia de la separación, a la que se añade la tensión proveniente de su situación de incertidumbre sin saber cuál será su futuro. El apoyo social, además de proporcionar ayuda para afrontar de una manera más competente y adaptativa las crisis, favorece el ajuste y el bienestar en un determinado contexto comunitario (Díaz Veiga, 1987).
En dos estudios sobre el apoyo social percibido en menores (Fernández del Valle, 1991; Fernández del Valle y Errasti, 1991) se encontró que los menores internados en centros de protección de menores percibían, en términos generales, mucho menos apoyo social que otros muchachos de su misma edad que vivían en sus casas. Y ello, a pesar de que la red social era mucho más amplia para los primeros, debido a que la vida en el centro hacía que tuviesen contactos sociales con muchas personas diferentes. Cuando se analiza la fuente del apoyo para ambos grupos , se observa una disminución significativa del apoyo social proveniente de la familia para el grupo de centro. Este déficit en ningún caso se ve compensado por el apoyo procedente del centro (marco de la mayor parte de las relaciones disponibles), si no que muestra un aumento en el apoyo procedente de los iguales, superior al del grupo control. La institución era la que menos se valoraba en cuanto a dispensadora de apoyo , incluso menos que la propia familia y escuela.
Las conclusiones de estos estudios, pioneros en el campo de la protección infantil y altamente relevantes para las instituciones de menores, tienen una gran importancia práctica a la hora de definir el papel de las instituciones y de su personal. Los menores institucionalizados tienen muchos más problemas de los que cabe esperar en cualquier otro tipo de niños, por lo que si no disponen del apoyo social adecuado y suficiente, están en una situación de alta vulnerabilidad ante hechos que afecten a su ajuste personal y social. Si la mayor parte del apoyo proviene del grupo de amigos, serán más susceptibles de adquirir y aceptar los valores y actitudes del grupo de referencia, que con frecuencia serán de tipo marginal y marginante. Y no dispondrán de los recursos personales para enfrentarse a la presión colectiva.
Creemos que, al margen de las habilidades que tradicionalmente se han supuesto que debía tener el educador de los centros de menores, la formación debe ser muy específica para esta clase de profesionales en temas relacionados con la intervención en situaciones de crisis (Hoff, 1989): a) abordaje de las situaciones de pérdida, duelo y transiciones, b) habilidades de empatía y de comunicación, e) animar a la expresión abierta de sentimientos, d) ayudar a la persona a comprender la situación de crisis, e) ayudar al menor a aceptar progresivamente la realidad, O ayudar a la persona a explorar nuevas formas de enfrentarse a las crisis, g) ayudar a que se incorpore a redes de apoyo social h) comunicación centrada en la solución de problemas, i) técnicas no violentas de enfrentamiento a las situaciones de crisis...
Otra serie de habilidades que debe tener el personal especializado tiene que ver con cómo abordar los problemas de identidad y autoestima de los menores, y los derivados de la ausencia o distorsión de las relaciones afectivas (Fahlberg, 1988).
Un tercer tipo de habilidades que deben poseer guarda relación con la capacidad para controlar el comportamiento problemático de los menores y para enseñarles habilidades relacionadas con la competencia personal: solución de problemas, habilidades interpersonales y de la vida diaria, razonamiento moral, autocontrol emocional, habilidades de cooperación y para participar en grupos (Goldstein, 1988).
Por último, existe un cuarto grupo de habilidades necesarias que no tienen que ver directamente con el trato con los menores, pero que son básicas para la marcha de una institución y para el trabajo interdisciplinar. Son las habilidades para trabajar en equipo (habilidades de comunicación, solución de problemas, búsqueda de consenso y resolución de conflictos ), pues las decisiones y la intervención sobre un menor cada vez serán más inter dependientes de distintos profesionales, tanto dentro de la institución como con profesionales que pertenecen a otros recursos y servicios.
Además de un cambio de modelo en el tipo de atención, que requiere programas de entrenamiento y formación específicos para el desempeño del puesto de trabajo del educador, hay otro elemento clave que emerge como preocupante en los últimos tiempos y es la salud mental de este tipo de profesionales. Desde que se describió el síndrome del "Burnout" como un conjunto de síntomas que se relacionan con las características de determinados puestos de trabajo o profesiones, y que tienen que ver con la relación interpersonal, cada vez se ha prestado más atención a este fenómeno en los profesionales del campo de la protección a la infancia (Bertsche, 1981; Corcoran, 1988).
Las características que definen este síndrome son la fatiga emocional y física, y el rechazo hacia el usuario de los servicios. Aunque las causas son múltiples, podemos señalar algunas relevantes ligadas a las condiciones de trabajo: la ausencia de preparación y entrenamiento específico, una situación de rol ambiguo o de conflicto de rol, sobrecarga del trabajo, percepción de baja competencia y de ineficacia, percepción de peligro, mala relación entre los compañeros de trabajo, etc. A ello hay que unir determinadas circunstancias o características personales que predisponen a padecer el síndrome (nivel de neuroticismo, habilidades personales para enfrentarse a las crisis, situaciones de tensión extralaborales ... ). Todo ello trae unas consecuencias negativas evidentes sobre la motivación para el trabajo y en la relación con los menores (evitación, rechazo, agresión ).
Entre los medios de prevención de este trastorno señalaremos sólo algunos relacionados con todo lo expuesto: orientar la selección del personal hacia las habilidades requeridas, entrenamiento específico para el trabajo con menores y actualización periódica, sensación de pertenecer y trabajar en equipo, disponer de mecanismos de asesoría o supervisión, proporcionar posibilidades de cambio de trabajo al cabo de algunos años aunque sea con carácter temporal, fomentar la iniciativa personal de poner en marcha nuevos programas, evaluación periódica de la calidad e los programas, establecer metas realistas, mejorar las habilidades de relación entre el personal del centro, delimitar lo más claramente las prácticas adecuadas y las inadecuadas en relación con los menores...
Ya el Consejo de Europa recomendó en 1977 que se proporcionase una formación continua a los miembros del personal de los centros de acogida, completar sus conocimientos profesionales y darles un sostén psicológico. En algunos centros que atienden a menores con graves desajustes se han establecido procedimientos para el apoyo al personal en situaciones de crisis como consecuencia de agresiones o situaciones de grave conflicto. El apoyo se presta por personal especializado del mismo centro que actúa con carácter de emergencia. En caso necesario, la institución también proporciona apoyo psicológico especializado externo.
España es un país que, por circunstancias históricas, culturales y económicas ha basado, y aún basa, gran parte de su sistema de protección a la infancia en la separación del niño de su familia, utilizando dispositivos de internamiento. Cuando se elaboró el estudio del Defensor del Pueblo existían 572 residencias y 346 hogares o pisos. Esta es una realidad que no podemos olvidar, aunque existan claras tendencias hacia una mayor diversidad de recursos de carácter más normalizado. Esta transformación será lenta y requerirá mucho tiempo y esfuerzo, por ello es importante evitar procesos de desinstitucionalización bruscos que dejen a cientos de menores sin alternativas adecuadas. Esto no quiere decir que se defienda la permanencia de las instituciones según se encuentra en la actualidad. Se necesita un decidido esfuerzo para acabar con situaciones en las que lo único que se atienda, y no siempre, sean las necesidades básicas, evitando lo que hemos denominado tanto el maltrato institucional como el institucionalizado.
Los centros no son malos en sí mismos, sino en su utilización y sus condiciones. No aceptar esto, nos llevaría a una situación paralizante en la que al atribuir características perniciosas a los centros en su propia esencia, no lucharíamos por su transformación, pero tendríamos que seguir utilizándolos inevitablemente.
Los puntos aquí expuestos proporcionan una orientación hacia dónde caminan los centros, o al menos hacia dónde podría ser una camino deseable. No podemos predecir con exactitud lo que sucederá a lo largo de los próximos años pero, sin duda, los centros seguirán existiendo. Sólo de los técnicos, legisladores y administradores depende que sean centros que reproduzcan y perpetúen situaciones de marginación o que, por el contrario, sean verdaderos recursos de ayuda para los menores en situaciones de riesgo y para sus familias.
Por último, no hay que olvidar que los centros son uno más dentro de toda una serie de dispositivos de atención a la infancia, y que los cambios no pueden producirse en ellos sin afectar a todo el sistema de protección. El cambio de los centros está ligado a la transformación del sistema total. Sería ingenuo ignorar que la falta de recursos es una importante limitación para abordar los cambios necesarios de cara a hacer frente a los nuevos desafíos, pero también es cierto que una mejor gestión, reordenación y utilización de los existentes, ayudaría sustancialmente a establecer una red de servicios más coherente v eficaz.
