DOSSIER
RESUMEN LA OPINION SOCIAL SOBRE EL "PROBLEMA DE LA DROGA". LA DRAMATIZACION AL FONDO
EL PROBLEMA A NIVEL LOCAL Y GENERAL. LOS DEMAS ESTAN PEOR. PROBLEMA Y CONSUMO. MAS DEL PRIMERO QUE DEL SEGUNDO
LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES. LA ENFERMEDAD SE ABRE PASO
CONSECUENCIAS PERCIBIDAS DEL CONSUMO. EL RIESGO CONOCIDO
LA OPINION SOBRE LA LEGISLACION. LIMITACION DE LA DISPONIBILIDAD
DROGODEPENDENCIA - DELINCUENCIA - RECHAZO Y DROGODEPENDENCIA - ENFERMEDAD - AYUDA
LA INTERVENCION DE LA SOCIEDAD. EN CONSONANCIA CON LO ANTERIOR
Se presentan los resultados de diferentes investigaciones sociológicas que ponen de manifiesto la opinión de la sociedad sobre diferentes aspectos del "problema de la droga". Se evidencian dos posiciones extremas cuya coexistencia dialéctica se propone como determinante de la intervención social en drogodependencias, afectando tanto al trabajo realizado por ONGs, como al de las administraciones, profesionales, etc.
Se insiste en la necesidad de coordinación interinstitucional, tanto entre las administraciones como entre éstas y las ONGs, como fórmula de manejar las consecuencias derivadas de las dos imágenes sociales señaladas. El consenso en las líneas básicas y generales, así como la distribución equitativa de recursos en el territorio, dentro del proceso de planificación, son considerados dos ejes fundamentales que deberían constituir la estrategia nacional frente a las drogas.
Se considera también la responsabilidad de los profesionales en la planificación y programación de su propia intervención, considerándose imprescindible la diversificación de programas.
Opinión social. Problema de la droga. Coordinación. Administración. ONG's. Profesionales. Planificación. Estrategia nacional frente a las drogas,
This article presents the results of several sociological investigations that show the opinion of society on diverse aspects of "the drug problem". Two totally different views emerge from these studies. It Proposes its dialectical coexistence as the key element determining the social intervention on drugdependence, influencing the work of NGO's as well as the work of administrations.
The paper stresses the need of coordination between the different administrations and between these and NGO's so as to deal with the consequences; derived from the two opposed views mentioned above. It puts forward the idea that consensus on the, basic and general policies to tackle the drug problem and an equitable distribution of resources within the territory should be two central points of the national strategy of drugs.
It deals as well with the responsibility professionals have when planning and programming their own intervention. A wide variety of programmes is considered essential.
Social opinion. Drug problem. Coordination. Administration. NGO's. Professionals. Planning. National strategy on drugs.
Nos planteamos realizar un breve análisis de la intervención social en el campo de las drogodependencias, desde una acepción amplia de este concepto. Revisaremos desde algunas opiniones y acciones que la sociedad en general manifiesta tener, hasta ciertos elementos profesionales de actuación, pasando por la respuesta de las administraciones al problema del consumo de drogas en nuestro país.
Un primer elemento que parece conveniente no olvidar es que gran parte de la "cuestión de drogas" viene dada por el montón de opiniones y actitudes de la población genera así como de sus diferentes sectores, respecto al uso y abuso de las sustancias. Se trata de un montón no científico, básicamente subjetivo, pero igualmente real y que está condicionando tanto las reacciones sociales como los planes de programas de las diferentes administraciones, así como las medidas impulsadas desde el movimiento asociativo, los colectivos profesionales y los propios recursos de atención a los consumidores de drogas y su familia.
Así pues, llevaremos a cabo un sucinto repaso del estado de la cuestión tal y como lo pone de manifiesto la investigación. Compararemos diferentes estudios, de similar o igual metodología, con el fin de comprobar la evolución de dichas opiniones y actitudes.
El gráfico 1 nos muestra los resultados de cuatro estudios estatales, los del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS, 1980 y 1988) y dos del Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS, 1980 y 1986), en relación a la importancia que la población le concede al problema de las drogas. Las barras representan las cifras de la valoración bastante/muy importante.
Podemos observar que el porcentaje de dicha valoración se incrementa consistentemente con el paso del tiempo, pasando del 80,6 por 100 (CIS 1980) y 81 por 100 (EDIS 1980) al 96 por 100 (CIS 1988). Es de señalar que el mismo porcentaje observado en 1980 (la diferencia de 0,4 por 100 es prácticamente despreciable), medido por dos estudios diferentes e independientes entre sí, da cuenta de la bondad de la metodología utilizada, así como de la comparabilidad de los resultados.
Más recientemente (CIS, 1993) se ha realizado un estudio patrocinado por el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) que, formando parte de un programa de encuestas bianual y más amplio, uno sobre población general y otro sobre escolares, ha puesto de manifiesto que 1a droga" es el segundo problema más importante para la sociedad española (53,7 por 100), tras el desempleo (83,3 por 100). En este mismo estudio el consumo de drogas recibe una puntuación media de 2,41 1 en una ordenación de 7 problemas sobre los que se pedía una valoración respecto a la importancia de cada uno de ellos tenía para la sociedad española, siendo superado solamente por la situación económica. Es de señalar que el consumo de bebidas alcohólicas recibía una puntuación media (4,68 2) que lo situaba en la cola de esta lista, tras el medio ambiente, el tráfico en las ciudades, la inseguridad ciudadana y la vivienda.
Como vemos el denominado "problema de la droga" es motivo de una amplia y generalizada preocupación social, muy por encima incluso de otras inquietudes ciudadanas que interesan a millones de españoles.
Intentando averiguar con qué podría estar asociada dicha situación, realizamos una comparación entre la valoración que del problema de drogas realiza la población según se le pregunte por dicho problema en todo el Estado o a nivel de su localidad de residencia. Estos datos proceden del estudio de EDIS (1986) sobre la opinión de la población ante el consumo de drogas. Sobre la base de ambos parámetros realizamos un tercero, a saber, la diferencia de porcentajes entre ambas valoraciones. El gráfico 2 y la siguiente tabla 1 recogen este estudio.
Observamos claramente que la población considera que el "problema de las drogas" es mucho más grave en España que en su localidad de residencia. Esto ocurre en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas. La tabla 1 presenta una ordenación de las CC.AA. según su diferencial de porcentaje (de mayor a menor). La C.A. con mayor diferencial es Galicia, con un 48,3 por 100, prácticamente el mismo porcentaje de gallegos que consideran que en su localidad el problema es bastante o muy importante.
De acuerdo con lo anterior parece posible asumir que las CC.AA situadas en los últimos lugares de la tabla son aquellas cuya población valora la gravedad del problema de las drogas en España tomando como referencia la vivencia del problema en su lugar de residencia. En los primeros lugares parecen situarse las CC.AA. cuya población parece tener una visión más dramatizada del problema: su percepción de dicha gravedad no parece relacionada con su experiencia inmediata. Parecería, pues, que las expectativas generadas por la opinión de otros prevalece en estos casos. No obstante se observa, como la diferencia de porcentajes nos indica, una tendencia generalizada a la dramatización.
Estudios más recientes confirman la situación descrita. En la ya citada investigación del PNsD (CIS 1993) el problema se considera más grave en la ciudad (61,8 por 100) que en el barrio en el que se vive (32,8 por 100). En la opción "no es un problema en absoluto" la respuesta, en paralelo a la anterior, se invierte. Así el 28,2 por 100 dicen que no lo es en su barrio mientras que al preguntarles por su ciudad la cifra baja hasta el 8,6 por 100. En la muestra gallega de este estudio las magnitudes son prácticamente idénticas: 63,9 por 100 y 33,4 por 100 en el primer caso y 31,5 por 100 y 9,1 por 100 para el segundo.
El estudio patrocinado por el Plan Sectorial sobre Drogas de Castilla-León, El consumo de drogas en Castilla-León (Del Río y otros 1992), ponía de manifiesto esta misma condición en dicha comunidad autónoma. Se observa que el 87,29 por 100 de la población creía que donde más drogas ¡legales se consumía era en otras comunidades autónomas, frente a un 12,7 por 100 que señala Castilla-León. Al preguntar por su pueblo o ciudad el porcentaje descendía drásticamente desde el mencionado 87,29 por 100 hasta el 46 por 100, mientras que el 54 por 100 manifestaba que donde más drogas ¡legales se utilizaban era en "otros pueblos o ciudades de Castilla-León. No obstante, si la pregunta se hacia sobre el alcohol el porcentaje era mayor en el propio pueblo o ciudad que en otros pueblos o ciudades de la comunidad autónoma (CA), 57,1 por 100 frente a 42,8 por 100; la comparación entre la propia CA y otras CC.AA. mantenía la misma pauta: 22,9 por 100 para la propia y 77 por 100 para otras.
Otro trabajo anterior, en la ciudad de Madrid (Alvira y Comas, 1989), El consumo de drogas en el Municipio de Madrid, revelaba que los madrileños pensaban que donde más drogas se consumía era en "otros barrios de Madrid, 61 por 100 frente al 13 por 100 que lo situaba en el propio barrio. Sin embargo, sólo el 16 por 100 pensaban que donde más se consumía era en otras ciudades españolas frente al 58 por 100 que lo situaba en Madrid. La percepción del consumo de alcohol seguía en este caso el mismo patrón: se creía que dicho consumo es mayor en Madrid que en otras ciudades españolas y que se consumo más en otros barrios que aquél en el que se reside.
Realizamos una segunda comparación, esta vez entre la valoración de la importancia del problema a nivel de España y el consumo (ocasional, intermitente y habitual) de heroína por comunidad autónoma (tomamos esta sustancia por ser la que la sociedad identifica principalmente con el "problema de las drogas", según pone de manifiesto la investigación). Para determinar el nivel del mencionado consumo elegimos como referencia el estudio epidemiológicos más próximo al de opinión anterior, según su fecha de realización, y que, al mismo tiempo, ofreciese datos sobre dicho consumo en todas las CC.AA. Esta investigación fue la realizada por EDIS en 1984 3. El gráfico 3 muestra esta comparación.
Pues bien, tal y como puede apreciarse en ese gráfico, tampoco parece existir una relación directa en el sentido de mayor consumo de heroína-mayor valoración de la gravedad del problema, excepción hecha del País Vasco.
Esto redundaría en lo señalado anteriormente a cerca de la tendencia hacia la dramatización del problema. Esta situación se evidencia igualmente en la investigación más reciente, como se aprecia en la tabla II.
Estudios realizados en algunas comunidades autónomas muestran un patrón similar. Así el realizado en Galicia (EDIS 1992) recogía que el 57,5 por 100 de la población opinaba que el problema había mejorado. Mientras que un 10, 1 por 100 decía haber mejorado. En 1993 el estudio realizado por el CIS en esta comunidad revelaba la misma tendencia aunque más atenuada: los que pensaban que había empeorado representaban el 53,2 por 100, mientras que los que creían que había mejorado alcanzaban el 16,2 por 100. Cuando se les preguntaba acerca de lo que pensaban que ocurriría en los próximos dos años el 21,9 por 100 decían que el problema mejoraría, mientras que el 37,9 por 100 opinaba que empeoraría. Esta expectativa de futuro, más optimista que la valoración del presente, era similar a la encontrada para el conjunto de España.
La opinión de la población de otras comunidades autónomas parece evolucionar en el mismo sentido, esto es, se observa una tendencia, aunque leve, a considerar que el problema mejora. En este sentido el estudio que EDIS realizó en Andalucía (EDIS 1992) para el Plan Regional sobre Drogas señalaba que el 7,4 por 100 de los andaluces creían en la mejora frente al 64,6 por 100 que declaraba que había empeorado. En 1987 estos porcentajes (EDIS 1987) eran más desfavorables: 5,8 y 72,4, respectivamente. En 1989 (EDIS 1989) esta opinión iniciaba la tendencia señalada: 8,2 por 100 y 64 por 100. La expectativa de futuro era, en los tres estudios, similar a la comentada para Galicia. Entre 1987 y 1992 los andaluces que creían que el problema empeoraría disminuyeron del 54,9 por 100 al 46 por 100; mientras que los que creían que mejoraría pasaron del 14,4 por 100 al 19,5 por 100.
En este aspecto el estudio ya comentado de Castilla-León (Del Río y otros 1992) muestra un patrón diferente. La mayoría la constituían los que pensaban que el problema continuaba igual, 50,2 por 100, mientras que el 32,7 por 100 decía que el problema había empeorado y el 17 por 100 que había mejorado. En los trabajos señalados en los párrafos anteriores la categoría "sigue igual" se situaba entre el 16 y el 20 por 100.
El gráfico 4 nos muestra los resultados de cinco estudios en relación a la opinión de la población sobre los consumidores de drogas. Aunque como puede observarse sólo el primero de los contemplados (EDIS 1980) es de cobertura estatal pensamos que, en ausencia de réplicas del mismo, los datos presentados nos pueden dar una idea de la tendencia que podría darse en todo el Estado. Los estudios segundo y cuarto, (EDIS-A 1987 y EDIS-A 1989), son sobre población andaluza, mientras que el tercero y quinto (EDIS-G 1988 y EDIS-G 1992), se realizaron en Galicia.
Podemos observar que en las tres opiniones consideradas parece existir una clara tendencia: disminuye el calificativo de vicioso y delincuente, aumentando paralelamente la opinión que considera a los consumidores como enfermos. La pérdida de relevancia de la asociación drogas-delincuencia ya fue puesta de manifiesto en 1989 por el trabajo de Alvira y Comas para el Plan Municipal de Madrid.
En los estudios ya citados, realizados por EDIS para los planes autonómicos de Andalucía (EDIS 1992) y Galicia (EDIS 1994), se diferenciaban tres sustancias al solicitar del entrevistado su opinión sobre los consumidores de cada una de ellas. Podemos destacar algunas coincidencias entre los hallazgos de dichos trabajos, que presentamos en la tabla III. Observamos que la opinión mayoritaria en ambas autonomías es la que considera enfermos a los consumidores tanto de heroína, como cocaína o alcohol; vemos también que los usuarios de cocaína y heroína, especialmente estos últimos, son más valorados como delincuentes que los usuarios de alcohol. No obstante son los gallegos quienes expresan la valoración de "enfermos" con más contundencia; los porcentajes en las otras dos categorías son inferiores a los expresados por los andaluces, especialmente al calificar como delincuentes a los consumidores de estas drogas.
En este sentido parece razonable suponer que el enfoque de salud dado al tema de las drogodependencias por las administraciones, especialmente las autonómicas, ha constituido un factor importante en este cambio: insistencia de los mensajes en que la drogodependencia es una enfermedad y paralelo incremento de los recursos sociosanitarios de atención. Si esto es así se evidenciaría que la oposición, en algunas ocasiones violenta, a la instalación de centros de tratamiento, así como las patrullas vecinales contra los consumidores, no semejaría estar fundamentada sobre un sentimiento homogéneo del conjunto de la población.
En el gráfico 5 aparece representada la opinión de la población en relación a las consecuencias del uso regular de tres drogas: Cannabis, heroína y cocaína, según el estudio del CIS de 1988. Se observa que la heroína es la sustancia que más se asocia con la delincuencia (aunque los porcentajes puedan parecernos relativamente discretos, debe tenerse en cuenta que las cifras correspondientes a "no sabe/no contesta" son muy altas en todos los casos, en torno al 40 por 100). Igualmente podemos ver que esta droga es la que posee una imagen social más negativa, siendo muy posible que se extienda esta consideración a los consumidores de la misma.
Ciertamente la heroína es, invariablemente, la droga considerada como más peligrosa, singuiéndole la cocaína en segundo lugar. Así lo ponen de manifiesto varios estudios llevados a cabo en diferentes lugares de España y realizados por diferentes equipos: EDIS 1988, EDIS 1992 y EDIS 1994 realizados en Galicia para el Plan Autonómico sobre Drogodependencias; Del Río y otros 1992, realizado en Castilla-León para el Plan Regional sobre Drogas; y Alvira y Comas 1989, realizado en la ciudad de Madrid para su Plan Municipal sobre Drogas.
El gráfico 6 nos permite conocer la evolución de la opinión de la sociedad sobre cuatro medidas de "lucha contra las drogas" (los cuatro primeros estudios son de cobertura estatal, los tres últimos hacen referencia a Galicia). Es evidente que la represión del tráfico de drogas es la medida que se juzga más eficaz. Vemos también que las cifras que valoran la represión del consumidor son realmente escasas.
Otros estudios han revelado el mismo estado de opinión, aunque hayan realizado la pregunta de esta forma. Así en el estudio del CIS realizado en 1993 para el PNsD se veía que la opción más valorada por la población española como "muy eficaz" (76,2 por 100) era "perseguir más eficazmente y sancionar con mayor dureza a los grandes traficantes". En Galicia esta opinión alcanzaba el 82,5 por 100, siendo igualmente la más alta. Los andaluces (EDIS 1992) le conceden la mayor prioridad al objetivo de "luchar contra el tráfico de drogas para evitar que nuevas personas empiecen a consumir": en una escala de cero a diez, el 82,5 por 100 de la población lo puntuaba entre ocho y diez. En el trabajo de Castilla-León (Del Río y otros 1992) las "medidas más urgentes para la lucha contra la droga" eran "más castigo al traficante de drogas", "más vigilancia" y "perseguir más el tráfico de drogas", señaladas en primera opción por el 43 por 100, 13 por 100 y 10,3 por 100 respectivamente, en segunda opción, "perseguir más el tráfico de drogas" aún era la más frecuentemente elegida. Finalmente la investigación realizada por EMER (1992) en la ciudad de Valencia se observaba que la "represión de los traficantes de droga" era la medida más destacada por la población, con el 54,4 por 100.
El gráfico 7 nos revela la composición de las repuesta de la sociedad española en general y del País Vasco en particular (Gabinete de Prospección Sociológica 1994) a la pregunta: ¿a su juicio, las leyes españolas sobre la droga son, en líneas generales, demasiado duras, adecuadas o demasiado blandas? Vemos como la opinión mayoritaria considera que las medidas legales en vigor son demasiado blandas. Si tenemos en cuenta lo comentado en los párrafos inmediatamente anteriores podemos comprobar la coherencia existente entre ambas posiciones, que viene a reclamar una mayor penalización y dureza en la aplicación de las leyes para la represión del narcotráfico.
Para finalizar este breve recorrido sobre las opiniones de la población nos detendremos ahora en la actitud permisiva o de prohibición sobre el consumo de drogas. En la encuesta promovida por el Plan Nacional sobre Drogas (CIS 1993) el 82,6 por 100 de la población española era partidaria de "prohibir y castigar" el consumo de drogas ilegales "incluso en privado". El 85,9 por 100 decía que se debería "prohibir por completo su venta". Ambas prohibiciones se señalan especialmente para el caso de la heroína y cocaína, por este orden, siguiéndoles muy de cerca el Cannabis.
Los estudios llevados a cabo por EDIS en Andalucía y Galicia entre 1989 y 1994 muestran igualmente que son mayoría los partidarios de sancionar el consumo de drogas, especialmente el realizado en lugares públicos. A la vista de los datos, que presentamos en la tabla IV, parecería darse una doble tendencia: más tolerancia para el consumo privado y mayor rigor para el público, al menos en Andalucía. En Galicia parece mayor tanto la sanción del consumo público como la permisividad del privado.
El estudio de Alvira y Comas 1989 realizado en la ciudad de Madrid, informaba de un actitud similar entre los madrileños. El 76 por 100 eran partidarios de prohibir el consumo de heroína y el 71 por 100 el de cocaína.
En relación con este tema, la investigación de Del Río y otros (1992) ponía de relieve que el 66 por 100 de la población de Castilla-León estaba en contra de despenalizar el consumo de drogas; este porcentaje había aumentado desde el 55,2 por 100 que se registraba en 1989. A favor se manifestaban el 26,8 por 100, porcentaje que había descendido desde el 34,3 por 100 que se advertía tres años antes. En el País Vasco (Gabinete de Prospección Sociológica 1994) el 56 por 100 de la población se muestra contraria a la legalización de la venta de drogas, mientras que el 23 por 100 está a favor.
La actitud limitativa de la disponibilidad también está presente cuando se pregunta a la población respecto a las denominadas drogas legales, esto es, tabaco y alcohol. Así, en la encuesta estatal (CIS 1993) ya citada, las opciones mayoritarias son las siguientes:
Hasta aquí presentamos una parte de aquel monto de opinión al que hacíamos referencia al principio. Resumiendo, creo que podemos decir que hemos puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes:
Así pues existe una seria preocupación social en torno al "problema de las drogas". No obstante, esta preocupación parece que en los últimos años ha girado desde posiciones globales de miedo y rechazo que asociaban directamente consumidor con delincuente hacia otras caracterizadas por una visión en la que el binomio enfermedad-ayuda se va abriendo paso, si bien ambas coexisten en la actualidad. La tabla V nos ofrece datos que avalan esta situación.
En una primera visión de esta tabla el "deseo de ayudarles" parece ser la opción más señalada. Sin embargo si consideramos conjuntamente "miedo" y "rechazo" observamos que la cifra resultante, en ambos estudios, se incrementa de forma considerable. Esto es así especialmente en el caso de la ciudad de Madrid, donde incluso llega a superar marcadamente a la primera de ellas. No podemos saber, al menos nosotros no tenemos a nuestra disposición los estudios pertinentes, si la diferencia de años entre ambos estudios daría cuenta de esta discrepancia o si esta se debe a las distintas poblaciones estudiadas. No obstante si tenemos en cuenta lo expuesto en las páginas anteriores este cambio podría deberse a la pérdida de vigor del binomio drogodependiente-delincuente y al paralelo aumento de la importancia de la asociación drogodependiente-enfermo así como a la dialéctica de coexistencia entre ambas.
No debe de extrañarnos, pues, que los vecinos de un barrio se manifiesten, incluso violentamente, contra la instalación de un centro de tratamiento en el mismo y que los de otra demarcación, o incluso la misma, se organicen en grupos con el fin de apalear a los usuarios de drogas: como si antes de la aparición de estas sustancias ni los barrios, ni los pueblos, ni las ciudades hubiesen tenido problemas semejantes a los actuales y que a parte de los provocados por aquellas no tuviesen otros. También es posible encontrarnos con lugares en que los vecinos se encuentran escindidos, unos apoyando activamente la instalación del mencionado centro, otros oponiéndose más activamente aún a dicho emplazamiento, llegando ambos grupos a enfrentarse físicamente. A quien esto le pueda parecer exagerado le recordamos la experiencia de la creación de la Comunidad Terapéutica en las cercanías de la ciudad de Ferrol, donde la división llego a afectar, persistiendo todavía hoy, al seno de algunas familias del lugar.
Esta actitud negativa está bastante generalizada entre la población. El estudio del Plan Nacional sobre Drogas (CIS 1993) revelaba que el 14,3 por 100 de los españoles se "sentirían molestos" si se instalase un centro de atención a drogodependientes en su vecindario, mientras que otro 5 por 100 se opondría activamente. A pesar de ello la tendencia parece mejorar ya que en 1992 otro trabajo del CIS proporcionaba cifras aún mayores, 25 por 100 y 6 por 100 respectivamente. La investigación realizada en Castilla-León por Del Río y otros (1992) evidenciaba que el 17,4 por 100 opinaba que estos centros "crean problemas" en su entorno, mientras que Alvira y Comas (1989) observan que "la gran mayoría de los madrileños creen que efectivamente los centros de tratamiento son focos de problemas". En Galicia, el mencionado trabajo del Plan Nacional sobre Drogas proporcionaba cifras más alentadoras: se sentirían molestos un 8,9 por 100 y se opondrían activamente un 3,6; los que señalan que apoyarían activamente su instalación pasan del 38,8 por 100 del total nacional al 48,6 por 100.
Pues bien, es en este contexto en el que se produce tanto la intervención de las administraciones como la de otras instituciones públicas o privadas. Desde 1985 hasta la actualidad podemos constatar un gran auge del movimiento asociativo constituido con el fin de trabajar ya en el campo de la prevención, ya en el de la asistencia o reinserción. También otras entidades no específicas, sino de tipo general como asociaciones de vecinos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, etc., han incorporado este problema a su agenda. Igualmente la implicación de las administraciones, fundamentalmente la autonómica y la local, ha ido incrementándose en el mismo lapso de tiempo.
Ni las administraciones ni las organizaciones no gubernamentales, ni entre ellas ni dentro de ellas, representan bloques homogéneos de actuaciones, reproduciendo con gran fidelidad la dialéctica que señalábamos más arriba. Mientras unas ponen el acento en la seguridad ciudadana, otras lo sitúan en la prevención, asistencia o reinserción. Y aún estas últimas mantienen diferencias de criterio respecto al referente conceptual, más o menos explícito, de sus actuaciones: el consumo de drogas representa para una parte de ellas un problema en sí mismo, para otras es uno más entre un conjunto de ellos; algunas reclaman más centros especializados y aún superespecializados, mientras otras abogan por la integración de éstos en la red pública de salud y servicios sociales; algunas se muestran contrarias, incluso con ciertas dosis de fundamentalismo, a los programas de mantenimiento con derivados opiáceos, otras, en fin, reclaman la legalización de las drogas.
En este sentido podemos constatar diferentes "estilos de intervención" sociales, tanto de las administraciones como del movimiento social. En este panorama, que no ha de ser entendido como un río revuelto o el caos absoluto sino como un reflejo de la vida en sociedad, se hace preciso, incluso ahora más que nunca, una firme tarea de coordinación de todos los esfuerzos emprendidos.
El Plan Nacional sobre Drogas y los órganos de coordinación de los planes autonómicos deben de continuar jugando el imprescindible papel que han tenido desde la creación de aquél en 1985. Es más, deben de intensificarlo con el fin de dar respuesta a la creciente demanda social de actuación de las administraciones. Y es la comunidad autónoma el nivel territorial y administrativo idóneo para el desarrollo de políticas coherentes de reducción de la demanda del consumo de drogas.
A nivel estatal el Plan Nacional debería, en el encuentro y con el consenso de las autonomías, en el marco de las respectivas competencias, trazar las líneas básicas, generales y comunes que garanticen, a nuestro entender, dos ejes fundamentales de la estrategia nacional frente a las drogas: de un lado tendrá que garantizarse que un ciudadano, viva en la localidad que viva, ya sea Cataluña, Valencia, Canarias, Galicia, País Vasco, Aragón, Madrid, Baleares, Ceuta..., pueda disponer de las mismas o similares prestaciones que den cumplida respuesta a sus problemas derivados del uso de drogas; por otro lado, esta actuación institucional deberá tener la flexibilidad precisa como para poder llevarse a cabo en todo el territorio, adaptándose localmente. La máxima, ya clásica de la Organización Mundial de la Salud, "pensar globalmente, actuar localmente, encuentra aquí su plena aplicación.
El consenso, en el sentido antedicho, tendría que ser una premisa necesaria. No tiene porque aplicarse a cuestiones concretas o puntuales, pero sería esencial en aspectos estratégicos como, por ejemplo, la determinación de prioridades y la financiación de las mismas. Las prestaciones deben abarcar desde los servicios de reducción de la oferta, esto es, la represión del narcotráfico, hasta aquellos que se aplican para disminuir la demanda de drogas, es decir, el aparato asistencial, tanto de tratamiento como de ayuda social en general. La adaptabilidad ubicará en el territorio dichos servicios, de acuerdo a la directriz general de distribución equitativa de los recursos.
Los logros hasta ahora alcanzados respecto a la homogeneización de criterios técnicos impulso para proseguir los esfuerzos iniciados. Es cierto que el problema no se ha resuelto, todavía resta mucho trabajo por hacer, pero nadie puede, razonablemente, pretender que se adopten soluciones mágicas. Aunque, por ejemplo, en no pocas ocasiones el así denominado debate de la legalización, partiendo de posiciones axiomáticas, tiene la apariencia de una impostura semejante.
Y es en todo el contexto antedicho donde nos movemos los profesionales, ya tengamos nuestro ámbito de actuación en la clínica, la administración u otro cualquiera. Quizá los psicólogos debamos de considerar especialmente, por la propia disciplina, algunos elementos a la hora de realizar nuestras intervenciones; somos tan ciudadanos como cualquier otro, es una obviedad, pero no podemos olvidar que, al menos teóricamente, tenemos a nuestra disposición unas poderosas herramientas de análisis e intervención.
Un primer y crucial aspecto a considerar es que nuestras aportaciones no son, no pueden realmente serlo, ni exclusivas ni excluyentes. Tenemos que contar con otros agentes de la comunidad: entidades del movimiento social, profesionales de otras disciplinas y ámbitos, las administraciones, etc. Si continuamente estamos repitiendo que el uso de sustancias es un fenómeno polidimensional y multifactorial, no hay manera de que podamos sustraernos al mencionado carácter de nuestra participación. De hecho, el trabajo en equipo ya es algo ineludible. En este sentido debemos considerar que la noción del mismo está cambiando rápidamente. Hace años la proximidad física de sus componentes era característica básica del concepto equipo de trabajo, en la actualidad se puede pertenecer a uno cuyos miembros estén separados cientos o incluso miles de kilómetros. En un futuro muy cercano, con las denominadas "autopistas de la información o infopistas", asistiremos a un rápida universalización del trabajo en común. Las posibilidades prácticamente ilimitadas de esta colaboración profesional y social, así como sus requisitos y necesidades, debemos tenerlas en cuenta en el momento presente ya que afectará a nuestra forma de trabajar y muy probablemente dicho cambio emulará a las consecuencias derivadas del giro copernicano.
Parte importante de nuestra contribución radica en la desmitificación y desdramatización de lo que socialmente se ha definido como "el problema de la droga". Y esto aunque sólo fuese por razones prácticas ¿cómo podríamos trabajar con un mito? Por lo comentado anteriormente respecto a las opiniones y actitudes de la población, hemos podido entender que "la droga" representa actualmente una especie de Leviatán contemporáneo; cada momento histórico tiene el suyo y este es el que nos ha tocado vivir: el sexo, la política e incluso los libros, entre otros, corresponden al pasado, si bien en ocasiones tengamos la sensación de que se trata de un pasado demasiado presente.
Pero "la droga" como tal generalización y abstracción no existe. Existen sustancias químicas, es notorio, pero lo crucial no parece tanto su presencia (en todo caso se trata de una cuestión necesaria pero no suficiente) sino la relación que el individuo y el grupo establezcan con el hecho objetivo de la existencia de aquellas. Este vínculo va a ser lo que determine la utilización o no de las mismas y la forma o estilo en que se va a hacer. Estamos, pues, ante una suerte de ecuación: el uso de drogas es función de una serie de factores que mantienen entre sí una determinada relación
Esta formulación del problema tiene interés en la medida en que nos ayuda a centrar el problema en términos de solución. El consumo de drogas queda, pues, definido como un comportamiento humano y desde su análisis hacemos posible una intervención científica y, en consecuencia, nos es dado programar nuestra respuesta como profesionales.
Y programar nuestra respuesta quiere decir planificar nuestra intervención. La planificación en el extenso campo del bienestar social, no es sólo tarea de la administración sanitaria o de servicios sociales, es también, y muy especialmente, competencia de los servicios de atención a la población. Estos servicios tienen que proporcionar una oferta, su función no debe reducirse exclusivamente a cubrir una demanda.
La planificación es "un proceso continuo de previsión de recursos y de servicios necesarios para conseguir los objetivos determinados según un orden de prioridad establecido, permitiendo elegir la o las soluciones óptimas entre muchas alternativas; esta elección toma en consideración el contexto de dificultades, internas y externas, conocidas actualmente o previsibles en el futuro" (Pineault y Daveluy, 1987).
Señalamos dos aspectos fundamentales de la planificación:
a) Se trata de un proceso dinámico y por ello sujeto a cambios y modificaciones. Estos vendrán determinados, principalmente, por la evolución que experimente el problema objeto de nuestra intervención. Por lo tanto hemos de disponer de herramientas que monitoricen dicha evolución. b) Se actúa sobre un territorio, no en abstracto. El conocimiento del mismo es fundamental para adaptar la intervención a las características del mismo.
Entre los elementos que deben ser considerados en este proceso se cuentan los siguientes:
La distribución de la población general y aquella que se considere en riesgo, en nuestro caso, de consumo de drogas.
En este último aspecto parece conveniente insistir. Hace algunos años, cuando se conocía fragmentariamente la historia natural del trastorno por dependencia a drogas, parecía que el abordaje de la misma tenía que fundamentarse en el logro de un único objetivo, a saber, la abstinencia. Entonces, los programas existían en la medida en que existiesen centros diferentes que los materializasen, pero todos estaban, de forma convergente, orientados a ella.
Se asumía por lo tanto que todos los drogodependientes eran iguales o muy parecidos, que todos podían llevar el mismo o muy similar tratamiento y que a todos se les podía pedir las mismas exigencias de adherencia al mismo.
Actualmente se han constatado algunas modificaciones que han determinado un importante cambio en la visión de este problema. Así hoy se concibe el consumo de drogas más como un proceso endémico que epidémico, existe un mayor policonsumo y más marginalidad. Las condiciones patológicas se han intensificado (hepatitis, ETS...) y han aparecido otras nuevas (infección por VIH, SIDA). La tendencia drogófila (el deseo de "colocarse") parece acentuarse, junto con las dificultades psicológicas. La media de años de consumo se incrementa paulatinamente. Esto supone que la problemática de los drogodependientes va diversificándose (cada vez presentan más problemas) y agravándose (recurrencias) según pasa el tiempo.
Actualmente en los centros asistenciales tenemos pacientes con una historia corta de consumo de opiáceos y que están a tratamiento por primera vez junto con otros que llevan 10 años de contacto más o menos continuado con el servicio, la mayoría de los cuales son VIH+.
La máxima que dice "no existen enfermedades sino enfermos" se traduce en nuestro campo en que más que drogodependencias existen drogodependientes y que éstos son diferentes entre sí. Desde este punto de vista la necesidad de la diversificación terapéutica se hace evidente: pacientes diferentes requieren programas diferentes.
Aunque la abstinencia continúe siendo la meta a conseguir está claro que antes hemos de conseguir otros objetivos a plazo más corto. Disminuir la frecuencia y cantidad de consumo así como la morbilidad, cambiar la vía de administración por otra potencialmente menos perjudicial, mejorar la calidad de vida, disminuir los conflictos relacionales, laborales, escolares, familiares, de pareja, etc. se consideran hoy objetivos intermedios. Que el paciente pueda acceder fácilmente al tratamiento y que lo continúe, son los dos objetivos fundamentales.
Por todas estas consideraciones los servicios asistenciales suelen tener en marcha, actualmente, varios programas y subprogramas de tratamiento: libre de drogas, de mantenimiento con naltrexona, mantenimiento con derivados opiáceos, disminución del daño, y prevención de recaídas, son los más usuales.
Para finalizar queremos señalar que parece comprobado que toda intervención que realicemos en este terreno, nos atreveríamos a decir, como en cualquier otro del campo social, precisa, también, de una metodología comunitaria. Esto es, seremos tanto más efectivos cuanto más capaces seamos de impulsar la puesta en marcha de programas comunitarios: aquellos que contextualizan su acción en el ambiente social donde el sector poblacional que atendemos vive su cotidianeidad y donde, por lo tanto, se le plantean las dificultades y problemas del día a día. Y, lógicamente, estos programas no han de centrarse exclusivamente en el consumo de drogas, antes bien, este se contempla como un problema que se inserta en el conjunto de aquellos que están afectando a la colectividad.
1 Desviación típica = 1,47. La escala tenía 7 puntos y se solicitaba del entrevistado que ordenase las opciones de forma que pusiera en primer lugar la que, a su juicio, tenía mayor importancia y en séptimo lugar la que tuviese la menor.
2 Desviación típica = 1,57.
3 Lamentablemente no existe ningún estudio posterior a este que se haya realizado sobre la población general y que ofreciese datos por comunidades autónomas. En todo caso, estando ambos estudios próximos en el tiempo, el de opinión en 1986 y el de consumo en [1984 y siendo realizados por el mismo equipo investigador, consideramos que la comparación realizada es útil para el fin propuesto.
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