DEBATE
INTRODUCCION
La cuestión de fondo que se plantea en el artículo "¿Estamos reinventando las relaciones entre el municipio y las asociaciones de ciudadanos?", es un ya viejo problema que podríamos resumir de la siguiente manera: la indudable importancia de que exista un movimiento de participación ciudadana potente, choca con las dificultades que, en la actualidad, tienen las administraciones locales para hacerlo efectivo, así como con el gran obstáculo de convocatoria real que las organizaciones ciudadanas generan.
Plantear así la cuestión, más que enfocarla desde una perspectiva reduccionista, permite analizarla en toda su amplitud, entre otras cosas, porque parece claro que el problema no radica en la pobre estructura organizativa de las asociaciones existentes, ni en la dependencia económica que de la Administración tienen, ni en la poca calidad de servicios que ofrecen, ni siquiera en los principios que las inspiran o en las expectativas que teóricamente han de generar. Ciertamente estos problemas existen, pero debemos valorarlos en cuanto síntomas del problema de fondo que, a pesar de los 18 años de democracia, aún está pendiente: la motivación para la participación y los canales que la viabilicen.
Es claro que la participación necesita de elevados niveles de motivación para hacerse efectiva; es necesario estar motivado para disponer de esfuerzos en pos de algo. Pero cuando decimos este tipo de frases, da la impresión de que "se sabe" qué es esto de la participación. Y, quizás, es ésta una cuestión aún pendiente. Más todavía cuando leemos artículos como el de referencia, en donde se transmite la idea de que la motivación es una cuestión de organización: "¿Por dónde empezar? Sin duda por introducir cambios organizativos profundos en la motivación y la colaboración de socios". Efectivamente los sistemas organizacionales de que se dotan las asociaciones adolecen, en general, de déficits notables que determinan bajos niveles de participación efectiva. Pero, no es menos cierto que aquellas que cuentan con estructuras organizativas potentes sufren un problema parecido. Participar es algo más que suscribir los principios ideológicos y voluntades de un grupo. Participar es, también, abrigar expectativas personales ante la inclusión en el grupo. Participar es estar en la información que la organización aporta, es dar información a la organización y es tomar parte en las decisiones.
El fenómeno de la "participación social" no es una realidad analizable linealmente: a mejores soportes organizacionales, mayor participación. Esto sí que nos ofrecería una perspectiva reduccionista del problema. No, el hecho organizacional es importante, pero no garantiza una participación fuerte; probablemente resulte clave de cara a la viabilidad del proyecto, pero el determinante deberá tener más que ver con las expectativas que la vinculación al grupo genera, que con la eficacia de las relaciones formales del mismo.
Entonces ¿cómo aumentar el grado de motivación? Probablemente -y a riesgo de parecer poco concreto- se logre promoviendo una participación efectiva: fundamentalmente aumentando significativamente el acceso a los niveles de decisión y aportando, también, posibilidades de gestión que faciliten altos grados de compromiso. En el marco de la Teoría de las Organizaciones se sostiene que entre los elementos más potentes para la participación están, por un lado, los relacionados con los atributos de pertenencia, y, por otro, aquellos que comprometen a los miembros al cumplimiento de acuerdos. Siendo básicos ambos elementos.
Los movimientos asociativos son una necesidad de las sociedades democráticas: son correa de transmisión de reivindicaciones ciudadanas, aportan sistemas organizados de expresión de la solidaridad social, significan una presencia eficiente de demandas sociales y su tratamiento adecuado, etc. Asimismo, y teniendo claro que potenciaremos fuertemente el movimiento asociativo en la medida que se aumente la motivación (abriendo canales de participación efectiva), habrá que pensar en cómo se puede hacer viable este proyecto que podemos llamar "asociaciones ciudadanas".
Probablemente sea necesario desterrar ciertas creencias que dificultan el abordaje del problema. Una de las más arraigadas -citada en el artículo- es desde la que se sostiene que la Administración es, por definición, lenta, torpe y sobreburocratizada; y, por el contrario, los organismos privados (en este caso, las asociaciones) tienden a una "ágil organización, comunicación rápida, competencia, utilización eficiente de recursos... " Todos los que hemos trabajado para la Administración en relación directa con programas de subvenciones a asociaciones, y que hemos participado en el movimiento asociativo, sabemos que esto no es así, al menos en lo que a la organización interna de las asociaciones compete. Y no es menos cierto que existen organismos públicos de excelente funcionamiento.
Tampoco hay que entender las ayudas de los municipios a las asociaciones como "limosnas". En un sistema democrático como el nuestro, el apoyo a los movimientos ciudadanos es un derecho exigible, que tiene la peculiaridad de requerir de una manifestación expresa y normada. Las asociaciones, entonces, han de cumplir funciones de canalización de demandas y de participación real en la vida de la sociedad, sobre todo en ámbitos de difícil acceso para la Administración. Si no existiera movimiento asociativo alguno, sería la propia Administración, como brazo del Estado que representa las necesidades de los ciudadanos, quien debería asumir estas responsabilidades. Como es a todas luces imposible que el Estado lo organice y gestione todo, es el propio Estado quien debe viabilizar la existencia de las asociaciones. De esta manera, se produce un efecto paradójico, pero insoslayable: el Estado (a través de la Administración Pública) debe potenciar movimientos reivindicativos hacia sí mismo; y, también, las asociaciones ciudadanas deben exigir a la Administración el soporte que haga posible su existencia.
Por otra parte, en muchos casos, las asociaciones se han convertido en órganos de gestión de servicios que han de ser, en principio, de responsabilidad pública. Y no porque estén correctamente implementados deben seguir allí. Un sistema público de servicios sociales potente no está reñido con un fuerte movimiento asociativo. De hecho, en los países con mayor tradición asociacionista, desde luego apoyada desde las administraciones públicas (Francia, Suecia ... ) existen sistemas de servicios públicos también poderosos. Y el apoyo del Estado no les resta independencia, sino que les garantiza espacios de interlocución y hasta de presión más fuertes. Y esto se ha logrado conjugando los dos elementos a que hemos hecho mención: el apoyo estatal y la motivación para la participación.
El movimiento asociativo es una necesidad del sistema democrático, pero no funcionará correctamente por la vía paternalista consistente en apoyar iniciativas poco representativas.
La motivación, como motor del asociacionismo, sólo puede cristalizar en resultados positivos en la medida que se garantice canales de participación efectiva.
El resultado final será, sin duda, el que la rueda de la historia, con las ayudas y frenazos de todos, alcance. Y tendrá menos influencia que, de antemano, definamos como "ciudad de gestión relacional" las relaciones futuras.