DOSSIER
EN EL PRIMER MUNDO, VEJEZ YA NO SINONIMO DE POBREZA
¿COMO SON LAS PERSONAS MAYORES ESPAÑOLAS?
LA SITUACION DE DEPENDENCIA: UN CAMBIO PROFUNDO EN LA CALIDAD DE VIDA
UNA RESPUESTA PUBLICA TARDIA E INSUFICIENTE
LAS LIMITACIONES DE LA RESPUESTA SOCIAL
UNA RESPUESTA REALISTA Y A MEDIO PLAZO
RACIONALIZAR, REORDENAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS
LAS POSIBLES VIAS DE FINANCIACION DE LA AMPLIACION Y GENERALIZACION DE LOS PROGRAMAS
El trabajo que se presenta a continuación parte de un breve análisis sobre la evolución de las necesidades de las personas mayores, en el que se constata que la tradicional identificación vejez-pobreza carece de sentido en la actualidad. El perfil socioeconómico de este grupo de población ha experimentado profundos cambios en las dos últimas décadas que han ido acompañados de una reformulación del papel de la familia en nuestra sociedad.
Todo ello pone en evidencia la obligación de hacer frente a las nuevas situaciones de necesidad que padecen las personas mayores y que se resumen en el amplio concepto de DEPENDENCIA.
Se formulan diversas propuestas desde los diferentes ámbitos de intervención implicados en la respuesta a estas situaciones: programas y servicios socio-sanitarios, soluciones de financiación, y, en definitiva, reordenación y optimización de los recursos.
Dependencia. Vejez. Financiación. Recursos. Optimización.
In the present paper a brief analysis is presented about the development of needs in the elderly, in which it is stated that the traditional identification old-age poverty lacks meaning today. In the last twenty years, the socio-economic profile of this group has experienced major changes that have been accompanied by a transformation of the role of the family in our society.
All of this puts into evidence the need to confront the necessities experienced by the elderly and which can be resumed in a wider sense by DEPENDENCY.
In response to these situations we propose different areas for intervention: socio-sanitary services and programmes, financial programmes, and amounting to reorganization and optimization of RESOURCES.
Dependency. Old age. Financing. Resources. Optimization.
Históricamente la vejez ha sido para la mayor parte de la población sinónimo de pobreza en lo económico, inactividad en lo laboral, marginalidad en la vida social y cultural, enfermedad en el ámbito de la salud. Las personas mayores quedaban, por tanto, a expensas de los cuidados que sus familias quisieran y pudieran darles.
Las políticas de bienestar social impulsadas especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial en los países desarrollados, han logrado en apenas 50 años un profundísimo cambio en esa situación.
Las personas mayores tienen garantizadas unas pensiones, han logrado ventajas económicas en determinados aspectos de la vida social que no tienen otras capas de la población, participan cada vez más activamente en la vida social, cultural, de ocio y deporte, viven más años y con mejores condiciones de salud en una buena parte de esa etapa de la vida.
Este cambio ha sido posible en gran medida por los ingentes recursos públicos destinados a las políticas sociales en materia de vejez, que en el conjunto de la Unión Europea representan como media (sin contar con el gasto sanitario y las diversas ventajas económicas) casi el 37 por 100 del gasto en protección social, o dicho de otra manera el 10,3 por 100 del PIB.
Los cambios demográficos, sociales y culturales, y el peso político que las personas mayores tienen (con un índice de participación electoral más alto que la media), nos hace pensar que estas tendencias de gasto social irán incrementándose o en todo caso se mantendrán.
A partir de esa constatación genérica sobre cual es la situación en nuestro entorno, cualquier aproximación a la realidad española debe partir de algunos datos demográficos, que aunque conocidos, conviene recordar.
En 1960 los mayores de 65 años eran 2.505.165 personas, el 8,2 por 100 de la población. En 1991 eran 5.345.208 personas, el 13,74 por 100. En el año 2000 serán 6.582.210 personas, el 16,53 por 100 y en el año 2016 serán 7.574.097, el 19 por 100.
Aun más significativas son las cifras de población mayor de 80 años y su crecimiento. En 1971, eran 511.749 personas, el 1,5 por 100. En 1991 eran 1.142.929 personas, el 2,93 por 100. En el 2016 serán 2.226.953 personas, el 5,39 por 100. Es decir, que en 20 años se han multiplicado por 2,2 y en los próximos 20 años casi se volverán a multiplicar por dos.
Todo ello partiendo de unas proyecciones posiblemente conservadoras, ya que la experiencia de las dos últimas décadas nos indican que las expectativas de vida han ido en general por delante de las proyecciones demográficas.
Las expectativas de vida eran de 50 años en 1940, de 62 años en 1950, de 69 años en 1960, de 75 años en 1980 y de casi 77 años en 1990
En lo que se refiere a esperanza de vida, en el que hay sensibles diferencias entre hombre y mujer (73,4 y 80,5 años respectivamente) estamos por encima de todos los países de la Unión Europea, en lo que respecta a la mujer, y solo por detrás de Grecia, Italia y Holanda en lo que respecta al hombre.
¿Y cuál es, a grandes rasgos, el perfil social, económico, familiar, cultural, etc. de los y las mayores de nuestro país?
En España el esfuerzo de las Políticas de Protección Social hacia las personas mayores, aun con menor intensidad que la media del conjunto de los Estados de la Unión Europea, se sitúa ya en el 31 por 100% del total del gasto social y un 7,8 por 100 del PIB; sin embargo hay que destacar el período mucho más reducido de tiempo, prácticamente dos décadas, en el que ha tenido lugar el desarrollo de esta Política social.
Este gasto social permite que prácticamente la totalidad de la población mayor de 65 años de nuestro país este cubierta por algún tipo de pensión contributiva o no contributiva.
La relación de pensiones existente en el último trimestre de 1996 era la siguiente:
- 3.371.706 pensiones contributivas de jubilación de la Seguridad Social.
- 520.000 pensiones de clases pasivas.
- 200.220 pensiones no contributivas de jubilación.
- 1.424.117 pensiones de viudedad de personas mayores de 65 años.
- 954.139 pensiones de invalidez de mayores de 65 años.
- 95.419 pensiones asistenciales de personas mayores de 65 años.
(La suma total supera el número de personas mayores, al existir pensiones concurrentes).
En lo que se refiere a las cuantías, resulta significativo que la pensión media de jubilación a octubre de 1996, se situaba en 78.195 pts., 13.275 pts. por encima del Salario Mínimo, es decir, un 20 por 100 más. Si nos fijamos en la pensión media de Régimen General esta es de 97.920 pts., un 51 por 100 por encima del SMI. Por último y para observar las próximas tendencias, en las nuevas altas, la pensión media del Régimen General se situaba en septiembre de 1996 en 111.140 pts. un 71 por 100 por encima del SMI.
Además en la medida en que la tasa de sustitución de las pensiones, va a ir reduciendo de forma significativa las pensiones más bajas, derivadas de las cotizaciones y salarios de los años 60 y principios de los 70 y en la medida en que las pensiones del SOVI van a tener un carácter residual (frente al 15,5 por 100 actual, las nuevas- representan ya el 11 por 100), la pensión media va a consolidar unas cuantías de una moderada capacidad adquisitiva.
Para una adecuada valoración de esa capacidad adquisitiva en términos de comparación con el conjunto de las rentas de nuestro país, hay que tener presente el nivel de gastos fijos de los pensionistas.
La liberación, por lo general, de los gastos de mantenimiento y educación de los hijos: la muy extendida realidad de adquisición y pago de la vivienda en la etapa intermedia de la vida; los precios bonificados en servicios de transporte, culturales o de ocio; la gratuidad de la asistencia sanitaria y de las medicinas, etcétera, permiten el aumento en los niveles de consumo y de mejora de la calidad de vida y la tasa de ahorro en una parte creciente de este colectivo.
Es evidente que aun existen y existirán en el futuro, un sector con pensiones bajas y muy bajas; pensiones del SOVI, pensiones no contributivas, pensiones derivadas del Régimen Agrario, de Autónomos y de Empleadas del Hogar, pero considerados en su conjunto, una vez despejadas las incertidumbres inmediatas sobre las pensiones públicas, tras el Acuerdo de desarrollo de los Pactos de Toledo, los ingresos económicos no serán en los próximos años el problema principal de la mayoría de los pensionistas españoles.
Los cambios en la situación económica de las personas mayores tienen evidente reflejo en el aumento de sus hábitos de consumo y en su capacidad de ahorro, desarrollándose un creciente mercado dirigido hacia este sector de la población, bien con ofertas y productos específicos, bien con una presentación adaptada a sus intereses y necesidades diferenciadas.
La participación social y cultural y los cambios en las formas de vida, son otro elemento de plena equiparación con los Estados más desarrollados del mundo.
El tejido participativo en sus múltiples formas y las ONGS de mayores se han extendido por todo el país.
Se han puesto en funcionamiento bastantes cientos de Centros de Día, que impulsados inicialmente por el INSERSO y tomando como referencia un modelo de centro socio-cultural, han cambiado limitaciones ancestrales en el tiempo libre de los mayores, llegando incluso a pequeños pueblos de nuestra geografía.
Las personas mayores realizan actividades culturales, artesanales, deportivas, acceden de forma masiva al turismo social incluso participan en la vida universitaria.
Otro cambio de evidente importancia es el grado de autonomía de vida que de forma creciente están asumiendo los mayores en relación con su núcleo familiar.
En este sentido, cerca de un 20 por 100 de las personas mayores viven solas, (de estas cerca de un 80 por 100 son mujeres), lo que nos aproxima a las situaciones de la mayoría de los Estados más desarrollados con unos porcentajes que oscilan entre el 25 por 100 y el 50 por 100.
Esta aproximación es un proceso aun lento en nuestro país, debido a los niveles de desempleo juvenil y al retraso de la independencia de los hijos de los núcleos familiares y por la menor incorporación de la mujer mayor de 45 años al trabajo.
Sin embargo estos dos factores podrían verse reducidos en un futuro próximo, en la medida en que desciendan los niveles de para juvenil y se vaya elevando la edad de las mujeres que se han incorporado a la vida laboral en las dos últimas décadas.
En lo que se refiere al estado de salud física, psíquica y sensorial, hasta los 75 años se mantiene en la generalidad de los mayores unos niveles satisfactorios, salvo en lo que se refiere a la visión, lo que les permite un elevado nivel de autonomía funciona produciéndose un deterioro a partir de esa edad, acentuándose notablemente a partir de los 80 años.
Si la situación y el perfil de los mayores ha experimentado profundos cambios en las dos últimas décadas, no menores han sido los cambios de su entorno social y familiar.
El cambio en el tipo de relaciones familiares, la incorporación de la mujer al trabajo, el sustancial descenso de la natalidad y por tanto del tamaño de los núcleos familiares básicos y de las dimensiones de las viviendas, los intensos procesos de urbanización de la población, a la vez que se mantienen varios miles de pequeños y medianos núcleos rurales, con una población especialmente envejecida, etc. son factores que alteran, de forma además irreversible, las redes tradicionales de atención y apoyo familiar y en especial el papel de cuidador asumido por una gran parte de las mujeres en relación con las personas dependientes de las familias.
Sin embargo los avances sociales, económicos y de calidad de vida, descritos en el apartado anterior cambian radicalmente a partir de producirse situaciones de dependencia.
Las necesidades de atención derivadas de la dependencia exigen una gama de programas que van desde la teleasistencia, viviendas tuteladas o ayuda a domicilio en los casos menos acentuados, hasta el ingreso en residencias de asistidos, en los niveles más intensos de deterioro, pasando por unos programas intermedios de estancias diurnas, centros de día hospitalarios, estancias temporales, programas de respiro familiar, etc.
Por otra parte la extensión de algunas enfermedades y en especial el Alzheimer, son cada día más difíciles de circunscribir de forma exclusiva al ámbito de los cuidadores familiares.
La vida independiente y los cambios en las relaciones familiares e intergeneracionales, a los que ya se ha hecho mención, si bien tiene efectos positivos al propiciar una capacidad de vida autónoma, a partir del momento en que se Presentan o agudizan situaciones de deterioro físico, psíquico o sensorial, exigen unas medidas de atención externa indispensables.
Es aquí donde la cobertura pública, aun habiendo crecido notablemente en la última década; sigue estando alejada de las necesidades existentes.
Y si la oferta pública es notoriamente insuficiente, la privada, tiene importantes limitaciones, como más adelante se comentará.
En definitiva, un pensionista que puede estar viviendo razonablemente con la pensión, en el supuesto de que se le produzca una situación de dependencia y no pueda acceder a un programa o centro público, o no tenga un apoyo familiar adecuado y suficiente, se encontrará con un súbito deterioro de su calidad de vida al no poder hacer frente, en la mayoría de los casos, con su pensión, sus ahorros y la colaboración de su familia, a la oferta privada de una mínima calidad.
La convergencia del fenómeno del envejecimiento y de los cambios socioculturales en las familias, ha sido en nuestro país extremadamente intensa y concentrada en el tiempo, lo que ha dificultado el poder dar unas respuestas adecuadas, que hubieran exigido una programación de recursos con una mínima previsión y sobre todo unas dotaciones presupuestarias idóneas, máxime en unos ámbitos de la protección social con un punto de partida tan escaso como eran los servicios sociales, o la atención sanitaria geriátrica.
Las consecuencias de esta situación todavía no han sido adecuadamente valoradas en España.
A diferencia de lo que sucede en otros Estados de la Unión Europea, donde el debate de los efectos del envejecimiento y de la dependencia se ha abierto- con especial intensidad en los últimos anos y se están aprobando ya medidas específicas, incluyendo, la regulación de nuevas cotizaciones, en nuestro país el debate, hasta el momento, ha estado restringido a círculos reducísimos de especialistas, absorbiendo todo el protagonismo de los efectos del envejecimiento la situación del sistema de pensiones.
Sin embargo la experiencia ha demostrado en España y en los países desarrollados, que preparar una respuesta amplia y diversificada a las nuevas demandas sociales del envejecimiento, es mucho más difícil y lento de lo que pueda parecer, máxime cuando las demandas derivadas de la situación de dependencia no pueden ser asumidas en su globalidad por la mayor parte de las familias.
La respuesta al envejecimiento no solo ha sido lenta e insuficiente, sino que además ha sido descordinada entre el sistema sanitario y el de servicios sociales.
Tan solo en algunas Comunidades Autónomas y a nivel estatal a partir del Convenio Socio-Sanitario INSALUD-INSERSO de diciembre de 1993, se ha ido corrigiendo esa descoordinación.
Para ser rigurosos en los análisis, hay que decir que la coordinación socio-sanitaria, es también un tema no resuelto satisfactoriamente en otros países comunitarios.
La falta de programación coordinada de políticas sectoriales desde una concepción integral del Sistema Público de Protección Social y las carencias hasta hace pocos años de la red de los servicios sociales, ha supuesto una derivación inadecuada de usuarios y a la vez unas abultadísimas listas de espera con frecuencia incoherentes con la realidad de los demandantes y la finalidad de los servicios.
No podemos tampoco obviar los retos que el Estado Autonómico plantea a la política social dirigida a los mayores.
En la actualidad hay diferencias tanto en la oferta como en la demanda de servicios para los mayores en el conjunto de las Comunidades Autónomas
La tasa de envejecimiento tiene diferencias, aunque no elevadas, entre unas y otras Comunidades. La red de centros y servicios es igualmente distinta. Las dificultades de atención son también de diversa complejidad, especialmente en lo que se refiere a las Comunidades Autónomas con población mayor muy dispersa y/o en el ámbito rural. El distinto calendario de asunción de competencias entre unas y otras Comunidades Autónomas y entre las materias de Sanidad y Servicios Sociales. son otro factor de desequilibrio.
En definitiva, el proceso de configuración del Estado Autonómico ha incorporado, especialmente en el ámbito de los servicios sociales, factores de desigualdad territorial, al operar sobre unos puntos de partida y sobre unas realidades sociales, económicas, geográficas y demográficas dispares, sin contar por el momento con suficientes elementos de reequilibrio.
La citada diversidad de nuestro país, exige en consecuencia distintas medidas de atención según se resida en el ámbito rural o en el- urbano, -o en que tipo de núcleo rural o en que región.
En este sentido hay que llamar la atención sobre la realidad de los varios miles de núcleos rurales, con escasa población y mayoritariamente muy envejecida, con Corporaciones Locales con reducidos recursos económicos, con lógicas insuficiencias en la dotación de profesionales y equipamientos socio-sanitarios y con hábitos de funcionamiento mancomunado o comarcalizado poco arraigados.
Esta realidad rural y semirural, plantea respuestas de evidente complejidad y coste, al tener que desarrollar servicios muy descentralizados y flexibles, con un nivel de utilización de relativamente baja intensidad y todo ello en un contexto en el que se dan serios interrogantes sobre la continuidad de muchos de esos núcleos rurales a 10 ó 15 años vista.
Siendo conscientes de que las familias no siempre están en condiciones de prestar la atención adecuada a sus mayores dependientes, especialmente a partir de una determinada acentuación de la dependencia, lo cierto es que tampoco se han articulado medidas eficaces de apoyo a las familias, que en numerosos casos demandan ayudas de bajo coste pero imprescindibles.
Programas de información, formación y asesoramiento para saber cuidar y tratar a una persona dependiente; programas de respiro temporal, estancias diurnas y temporales, ayuda a domicilio nocturna o en fines de semana, etc. han sido una respuesta tardía y todavía muy limitada, por lo que la mayoría de las familias, al no disponer de ellas, no han tenido más remedio que recurrir a las residencias.
La desgravación fiscal, al ser de baja cuantía y de carácter generalizado, pierde su eficacia, ya que debería ser cualificada y determinada por niveles de renta y grado de dependencia y desde luego ser de una cuantía tal, que supusiera un aliciente para mantener al mayor dependiente en el ámbito familiar.
La oferta de carácter privado, de aparición tardía, centrada en residencias y muy poco en servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia o estancias diurnas, a veces poco profesionalizada, se ha estado moviendo entre unos niveles de alto standing, inasumibles para la mayoría de la población y aquellas opciones, que siendo razonablemente asequibles para el nivel medio de ingresos de las pensiones y rentas familiares (en torno a las 100.000 pts. de coste mensual), sin embargo tienen por lo general unas condiciones de calidad poco satisfactorias.
Desde el ámbito público, por lo general, tampoco se ha sido capaz de potenciar y articular de manera adecuada la participación del voluntariado social y de la prestación social sustitutoria en tareas de apoyo a las familias y a los programas y centros públicos, desaprovechando un enorme Potencial de recursos humanos.
Las líneas prioritarias, que a continuación se proponen, no suponen descubrir nada nuevo, parten de la referencia actualizada del Plan Gerontológico, de las propuestas de la coordinación socio-sanitaria INSERSO-INSALUD, de las experiencias más innovadoras de algunas Comunidades Autónomas, de otros Estados Europeos, así como de algunas iniciativas interesantes provenientes de las redes informales existentes en la Unión Europea.
1. Generalizar programas de apoyo a las familias cuidadoras
- Información y formación de cuidadores.
- Programas de respiro (estancias diurnas, temporales, nocturnas, fin de semana, etc.).
- Ayuda a domicilio.
- Hospital de día.
- Atención socio-sanitaria a domicilio.
2. Consolidar programas de apoyo a mayores semidependientes y dependientes
- Teleasistencia.
- Ayuda a domicilio.
- Servicio de comida y lavandería a domicilio.
- Estancias diurnas.
- Hospital de día.
- Atención socio-sanitaria a domicilio.
- Acogimiento familiar.
- Viviendas tuteladas
3. Mejorar y equilibrar la oferta de plazas residenciales asistidas
Estos 3 bloques de actuaciones, son suficientemente conocidos por los lectores no necesitan mayores comentarios.
4. El complemento de pensión por ayuda de tercera persona
El complemento de pensión por ayuda de tercera persona, aun estando previsto en el Plan Gerontológico, no se ha desarrollado, sin duda por su inicial coste económico.
Para valorar la oportunidad de su paulatina implantación, en primer lugar hay que destacar la incongruencia de nuestro sistema de prestaciones económicas de la Seguridad Social (por no referirnos a la LISMI), que reconoce el complemento del 50 por 100 para las pensiones de gran invalidez, como apoyo para las situaciones que requieren el concurso de tercera persona en funciones vitales del inválido y sin embargo no lo contempla para el caso de que se trate de una gran invalidez/dependencia sobrevenida a una persona que ya está con una pensión de jubilación.
A la hora de la posible articulación de este complemento, hay que tener en cuenta que la población afectada podría ser, desde el total de los jubilados dependientes que viven solos o con su cónyuge, en torno a 825.000 (según un reciente estudio del INSERSO en colaboración con el CIS), o circunscribirse a los dependientes mayores de 80 años, tal y como recoge el Plan Gerontológico, es decir, en torno a 375.000 pensionistas.
El coste de este complemento, aun partiendo del hecho de que los actuales pensionistas más ancianos son los que tienen, por lo general, pensiones con menor cuantía, sería de indudable importancia, si bien se podrían utilizar diversas variables, calendario de implantación, reducir el porcentaje del complemento al 25 por 100, 30 por 100, 35 por 100, reconocerlo exclusivamente a las pensiones mínimas o a un tramo de pensión por debajo de la media existente... etc.
Pero en definitiva, aun sin desdeñar los costes a los que nos estamos refiriendo, establecer este complemento, tendría a medio plazo un coste mucho menor que la utilización de otros servicios y equipamientos socio-sanitarios.
5. La desgravación fiscal por atención a mayores dependientes
La desgravación fiscal por atención a un mayor dependiente en el ámbito familiar, para que tuviera aliciente, debe ser mínimamente significativa.
A estos efectos, hay que recordar que una plaza residencial asistida cuesta entre 5.000 pts. y 7.000 pts./día, es decir, en torno a los dos millones al año y una ayuda a domicilio mínimamente cualificada, no desciende de las 300.000 pts/año. Todo ello por no hablar de las 35.000-40.000 pts. de coste de estancia día en un centro hospitalario.
Por lo tanto habría que fijar unas cuantías de desgravación, al menos como un horizonte temporal a medio plazo, suficientes para que jugaran una función de estímulo para el mantenimiento de las personas mayores en el ámbito familiar.
Para dimensionar la propuesta hay que partir de que, siguiendo el citado estudio del INSERSO y del CIS, en la actualidad existen en nuestro país en torno a 1.500.000 personas mayores con claros niveles de dependencia, de las cuales 650.000 tienen más de 80 años. De ese total de dependientes viven con sus familias en torno al 45 por 100.
El abanico de familias con posibilidad de desgravación, podría situarse entre 300.000 y 675.000, según se tomara como referencia la simultaneidad de las dos condiciones, dependencia y mayor de 80 años, en el primer supuesto y de solo -4a dependencia, en el segundo.
En esta propuesta, además de contemplar la variable de nivel de renta del núcleo familiar, se podría establecer un calendario de crecimiento paulatino en varios ejercicios presupuestarios, priorizar en una primera etapa solo los casos de simultaneidad de dependencia y ser mayor de 80 años. cte.
Pero no solo se trata de generalizar o mejorar programas de atención. También hay que abordar medidas de racionalización, reordenación y optimización:
a) Hay que adecuar de manera rigurosa la utilización de los servicios y equipamientos en función del perfil del usuario, estableciendo formulas de «ventanilla única» de servicios socio-sanitarios.
De esta forma no sería el usuario el que indicase el tipo de recurso deseado, sino que sería el Sistema público el que lo derivase a uno u otro servicio o equipamiento, en función de su situación y de los recursos existentes.
b) En estrecha relación con lo anterior, hay que actualizar y mejorar los baremos de acceso a los programas y el perfil de los usuarios.
e) Hay que afrontar a medio plazo la reconversión de todas las plazas de válidos en las residencias públicas en plazas de asistidos; lo que si bien supondría un coste inicial de adaptación de los centros y de las necesidades de plantilla, a la postre supondría una racionalización de la asistencia, al destinar exclusivamente los centros residenciales públicos para asistidos.
d) Igualmente sería oportuno mejorar determinados criterios de gestión en las residencias públicas: provisión y concertación de servicios (limpieza, lavandería, cocina) que incluso podrían concertarse p.e. con centros preferentemente de discapacitados, perfil profesional de la plantilla; utilización de los recursos sanitarios del Area de Salud correspondiente; sistema de compras, cte. lo que podría reducir los costes día/plaza, hoy algo altos.
e) A partir de esa utilización exclusiva de las residencias por parte de personas asistidas, se debería aumentar el porcentaje de pago de la pensión, además de otras medidas complementarias que se están empezando a implantar en algunas Comunidades Autónomas, de utilización de una parte de los recursos patrimoniales de los usuarios a partir de su fallecimiento.
En lo que se refiere a los centros residenciales, también hay que plantearse unos mínimos criterios de programación/ordenación del sector público y privado.
De esta manera se podría evitar, cuando todavía se está a tiempo, un fenómeno que puede ser problemático a medio plazo de no atajarse adecuadamente, como es la construcción no ordenada de centros públicos, especialmente los promovidos por corporaciones locales pequeñas y, en alguna, menor medida, también de centros privados en sus diversas vertientes.
Centros que a menudo tienen unas dimensiones o características inadecuadas, sin posibilidades de mantenimiento y de gestión eficiente, sin estudios rigurosos de viabilidad y permanencia a medio y largo plazo, con ubicación geográfica a veces poco afortunada, etc.
g) En aquellas Comunidades Autónomas con una razonable oferta de centros y servicios sociales privados, podría establecerse la fórmula de cheque-servicio, que permitiera la libre elección del usuario entre la oferta privada homologada, lo que sin duda a medio plazo tendría efectos favorables en la calidad y en el coste de la oferta privada, concertada o libre.
h) La optimización supone también la utilización de los ingentes recursos humanos disponibles tanto a través del voluntariado, factor este que en cierta medida escapa del ámbito de la toma de decisiones de las Administraciones Públicas y por lo tanto difícil de estructurar, como de la prestación social sustitutoria.
Determinados servicios y tareas son idóneas para ser realizadas por personal no necesariamente cualificado en servicios sociales ni con un horario amplio: algunas prestaciones de ayuda a domicilio, tareas de apoyo en estancias diurnas, refuerzo de plantillas para determinadas funciones y horas punta en las residencias, y un largo etc.
A la hora de afrontar la financiación de las propuestas, las opciones en presencia serían básicamente tres: un incremento neto de los recursos públicos, o bien una pequeña reasignación del gasto hoy existente o por último un incremento de la aportación de los trabajadores.
El incremento de los recursos públicos destinados a programas de mayores dependientes, es una opción de política socioeconómica no fácil en el actual proceso de Convergencia de la Unión Monetaria.
El segundo escenario sería una pequeña reasignación presupuestaria de los créditos destinados a la revalorización de las pensiones de jubilación. De forma que en los próximos ejercicios presupuestarios se destinara un porcentaje de los créditos de revalorización anual a programas específicos para mayores en situaciones de dependencia.
A este respecto se podrían barajar diversas hipótesis de trabajo, desde destinar medio punto de la revalorización, hasta cualificar esa reducción de la revalorización, excluyendo de esa deducción, p.e. a las pensiones mínimas, etc.
El tercer escenario sería incrementar el gasto social a partir del aumento del tipo de cotización actual de los trabajadores o la fijación de un impuesto específico para situaciones de dependencia, tal y como se está proponiendo o ya implantando en otros Estados de la Unión Europea.
Podrían, así mismo, contemplarse diversas variables, tanto en la intensidad, como en la temporalidad. Igualmente se podría valorar la oportunidad o no de su carácter voluntario, con las ventajas e inconvenientes que ello supondría.
En cualquier caso, es evidente que se puede optar por una financiación que combine dos o tres de las fórmulas propuestas.
A modo de conclusión se puede decir que el reto de la dependencia, ni es fácil, ni es barato, ni es rápido de articular. Pero dicho esto, también hay que decir que cada día que pasa las urgencias se acentúan, la inquietud de los mayores se incrementa y la preocupación de las familias es más angustiosa.
Hay fórmulas y vías de financiación realistas y sensatas. El Pacto de Toledo, de una trascendencia económica. infinitamente superior nos muestra el camino. Tenemos suficientes elementos de trabajo para debatir a fondo y con rigor la situación actual y las perspectivas a medio plazo. El acuerdo político y social es necesario y posible.
La oportunidad es ahora, incluso sería razonable hacerlo en paralelo y en coordinación con el previsible y deseable Pacto sobre el Sistema Sanitario.
Nuestro país, que debe sentirse satisfecho de vivir más años y mejor, debe dar el paso coherente con ese indudable avance social. diseñando una política suficiente para los mayores dependientes y sus familias.