ESPACIO ABIERTO
RESUMEN II. REFLEXIONES SOBRE LOS PERFILES Y CARACTERIZACION DE IA EXCLUSION
III. NUEVOS ENFOQUES EN LAS INTERVENCIONES FRENTE A LA EXCLUSIÓN
IV. RETOS PROFESIONALES CON RESPECTO A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
V. REFERENTE OPERATIVO DESDE UN CONTEXTO TERRITORIAL CONCRETO
VI. APUNTES BASICOS SOBRE IA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL FRENTE A LA EXCLUSIÓN
El fenómeno de la exclusión social conlleva una complejidad y una serie de perfiles multidimensionales que dificultan tanto su análisis y caracterizan como la aplicación de estrategias idóneas para contribuir a su prevención o mejora.
Es preciso por ello, profundizar en el conocimiento de los procesos de exclusión en todas sus manifestaciones y avanzar a nivel conceptual y operativo en el desarrollo de nuevas políticas e interés de carácter transversal e integral sobre todo centradas en el territorio y en la articulación de esfuerzos entre todos los agentes sociales.
Los profesionales que actúan en el campo de la exclusión y las instituciones correspondientes tienen importantes retos para superar las políticas de protección pasiva, avanzando hacía estrategias activas y de promocion personal, en las que sería fundamental la cooperación pública-privada. y la acción integrada de los distintos servicios públicos que actúan en las redes relacionados con el Bienestar Social de la población.
Vulnerabilidad, Inclusión-Exclusión social, Intervención Integral, Cooperación, Estrategias activas, Promoción de recursos humanos, Itinerarios de Inserción.
Social exclusion reality brings together a certain complexity and a series of multidimensional profiles that make it difficult both its analysis and its characterization and also the application of suitable strategies that could contribute to its prevention and improvement.
It is therefore necessary to deepen in the knowledge of all the manifestations of exclusion processes and to keep making advances in the development of new policies and also in the transversal and integral interventions, at a conceptual and operative level, which have to be mainly centred in the territory and in the articulation of efforts among all social agents.
Those professionals working in the field of exclusion and the corresponding institutions have important challenges ahead in order to overcome the passive protection policies advancing toward active and personal promotion strategies, in which both the public-private cooperation and the integrated action of different public services acting in Networks related with population Social Welfare will be fundamental.
Vulnerability, Social Inclusion-Exclusion, Integral Intervention, Cooperation, Active Strategies, Promotion of Human Resources, Insertion Itineraries.
La exclusión social surge en el contexto de los países occidentales como un problema de gran complejidad, ante el que las instituciones, los profesionales y la propia sociedad se enfrentan con importantes retos para abordar el conocimiento de sus múltiples dimensiones y contribuir a su mejora.
En las últimas décadas se ha valorado en España, al igual que en otros países del contexto europeo, la importancia de desarrollar diversos estudios monográficos sobre necesidades sociales incidiendo, directa o indirectamente, en los factores que dificultan la integración social de determinados sectores de población. Asimismo, se ha avanzado en el estudio de variables o factores relativos a problemáticas asociadas a la pobreza o la sociología de la marginación, pero uno de los problemas principales en el análisis de los procesos de exclusión social radica en la inexistencia de fuentes concebidas con el fin de medir periódicamente las condiciones de vida y el nivel de bienestar de la población.
A este respecto recientemente el Consejo Económico y Social ha elaborado, a iniciativa propia, un Informe sobre la Pobreza y la Exclusión Social en España 1, que supone una importante sistematización de datos referenciales sobre el problema.
Un fenómeno, sin duda, de perfiles estructurales que requiere respuestas de carácter transversal e integral, siempre desde la globalidad y la multidimensionalidad de los factores o componentes que caracterizan el binomio inclusión-exclusión social, entre los que podríamos destacar por su relación con el análisis de situaciones de vulnerabilidad: la renta disponible y las ratios de desigualdad económica, las relaciones familiares y comunitarias, el trabajo y las oportunidades de empleo, las condiciones de salud y dispositivos de atención sanitaria, la educación, la vivienda, considerando no sólo su respectivo régimen de tenencia sino también sus condiciones de habitabilidad, ubicación y equipamiento; los sistemas de protección social establecidos para la población e incluso las propias características de identidad y puntos fuertes o débiles de un determinado contexto territorial, así como la mayor o menor dificultad organizativa por parte de los agentes sociales integrados en el mismo, etc.
La aportación que en estas líneas presentamos parte, por un lado, de nuestro propio esfuerzo técnico de investigación documental y, por otro, del aprendizaje desarrollado. Desde este planteamiento el objetivo básico de este artículo es poner en común algunas de nuestras reflexiones y conclusiones pues aunque ligadas básicamente al referente de experiencias técnicas concretas, podrían ser generalizadas a otros contextos.
El esquema que seguiremos para el desarrollo del tema es, en primer lugar, plantear unas reflexiones sobre los perfiles que caracterizan la exclusión social; a continuación trataremos sobre los nuevos enfoques de la intervención y retos profesionales ante el problema, y posteriormente haremos mención a una experiencia operativa desarrollada en un territorio concreto de la Comunidad de Castilla y León, para finalizar con algunos apuntes relativos a la metodología de la intervención integral frente a la exclusión social.
Se ha intentado en el marco europeo realizar un avance desde el punto de vista conceptual y operativo con relación al tema de la exclusión social y así en los diversos documentos e informes, elaborados desde 1975 con respecto a los sucesivos Programas Comunitarios de Lucha contra la Pobreza, encontramos algunos referentes para delimitar a que se refiere el término de exclusión social.
Es importante destacar como antecedente de interés en este sentido el artículo 1.2.1 de la Resolución del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea en el marco del 11 Programa de Lucha contra la Pobreza iniciado en el año 1984, donde se señala textualmente:
Se entiende que la expresión «pobre» se refiere a aquellas personas, familias y grupos cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de vida que se disfruta de forma generalizada en los Estados miembros en los que viven».
Debemos reconocer, no obstante, pese a estos avances, que la exclusión no es terminológicamente un concepto unívoco sino relativo, por lo que es difícil asignarle un significado exacto. De hecho, las diversas manifestaciones de la exclusión social guardan relación con el contexto, la realidad socioeconómica e incluso con el momento histórico; aspectos profundamente heterogéneos y cambiantes.
Sí que existe acuerdo en considerar que la exclusión no es sinónimo de la pobreza y que dicho término incluye más aspectos que la mera carencia de recursos materiales para cubrir adecuadamente de forma básica las necesidades de subsistencia, es decir, sino que también implica dificultades para satisfacer otras necesidades, asimismo elementales, de tipo educativo, social, psicológico y cultural, propias del modo normalizado de vida de un determinado entorno o contexto.
Un acercamiento a la realidad de la exclusión social en un ámbito concreto siempre exige el análisis previo de los mecanismos por los que determinadas personas y colectivos se ven apartados para poder participar de aquellos factores o elementos que constituyen vectores de integración social. También exige tener en cuenta la consideración de los cambios en las estructuras sociales y familiares, así como de la evolución del sistema de valores, sobre todo de los relativos a la solidaridad y la cohesión familiar y social.
Finalmente hay que considerar que las necesidades básicas que desde un enfoque integral pueden verse afectadas en los procesos de exclusión, si no se mantienen unos niveles sociales satisfactorios de cobertura, son en términos convencionales las siguientes: la vivienda, el trabajo, la educación, la salud y el mantenimiento de unas condiciones sociales de convivencia, participación social e integración normalizada.
La exclusión social, según lo expuesto, podemos deducir que es un fenómeno que tiene mucho que ver con las situaciones d desigualdad social y económica que se dan, no de un modo uniforme sino con formas específicas, en cada contexto.
Por ello, las actuaciones frente a la exclusión requieren programas y medidas de tipo político y social que no pueden darse de forma parcial o sectorial para ser eficaces, sino desde un enfoque integral para poder abarcar las múltiples dimensiones de sus manifestaciones, aplicando el principio de globalidad.
En su caracterización, por otra parte, la exclusión social no es una problemática asociada únicamente a contextos urbanos, sino que afecta, aunque con peculiaridades propias, también al medio rural, agravándose su manifestación en este ámbito debido a la dispersión, el envejecimiento progresivo de la población, a los efectos de la crisis y la reconversión del sector agrario, así como a las dificultades de desarrollo de las zonas rurales y a la evolución de los fenómenos migratorios con el consiguiente despoblamiento e incidencias demográficas en las mismas.
Por otro lado, la exclusión social guarda estrecha relación con el desempleo, las dificultades de acceso al mundo del trabajo y la adaptación a las nuevas exigencias del mercado laboral que padecen amplios sectores de población, como: los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración mayores de 45 años, entre otros. Es por ello que se precisan políticas activas que favorezcan la inclusión e integración normalizada en el mercado de trabajo, asociadas a estrategias de promoción personal y social que desarrollen oportunidades de empleo realistas en cada contexto.
No es fácil, en conclusión, establecer una definición precisa e inequívoca sobre la exclusión social pero de lo expuesto podemos afirmar, desde una aproximación terminológica, que este concepto se refiere a todas aquellas personas, grupos o contextos que no participan de forma activa en la dinámica socioeconómica, cultural, política... de la colectividad, definiéndose así la exclusión social como un fenómeno donde se resienten los vectores generadores de inclusión que afectan a la mayoría de la población.
Es preciso abordar las intervenciones frente a la exclusión superando un modelo vertical en el que la Administración o las Instituciones responsables elaboran los proyectos, los técnicos los ejecutan y los destinatarios se sitúan como sujeto pasivo, para pasar a un modelo dinámico y participativo en el que la intervención se desarrolla desde los propios destinatarios con el debido asesoramiento y apoyo de los técnicos y de la Administración e Instituciones con sus recursos. En este segundo modelo la población destinataria es un elemento activo, debiéndose favorecer su participación, fundamentalmente a través del método de investigación-acción que combina la sensibilización, el análisis de causas a través del autodiagnóstico y la acción operativa de carácter comunitario basada en el principio de cooperación y coordinación de esfuerzos de todos los agentes sociales.
En definitiva, se requiere frente a los procesos que caracterizan la exclusión social un enfoque integral, es decir, que abarque todos aquellos aspectos de la vida humana que generan unas condiciones dignas de bienestar y calidad de vida, intervenciones que no pueden ser desconexas sino continuadas y generadoras de mecanismos de inclusión acordes con cada situación.
Sin anular las políticas de protección pasiva y las líneas de ayuda para garantizar unos recursos mínimos de rentas básicas a los ciudadanos que lo precisan y que en algún aspecto sería necesario seguir impulsando, es necesario movilizar estrategias positivas y activas de refuerzo de la inclusión, sobre todo a través de facilitar oportunidades de inserción sociolaboral y de promoción de los recursos humanos. El principal reto en este sentido es desarrollar adecuados itinerarios individualizados en esta línea y movilizar nuevas perspectivas de empleo, ya que las dificultades para el acceso al trabajo constituyen una de las principales causas que agravan los procesos d exclusión.
En efecto, las tasas de desempleo de las categorías socioeconómicas correspondientes a los sectores con menor especialización duplican las de otros parados con experiencia laboral, siendo un hecho constatado que a las ocupaciones poco especializadas les corresponden asimismo los mayores índices de eventualidad y de irregularidad.
Son medidas importantes para abordar la problemática en este sentido los apoyos y proyectos para la formación ocupacional de colectivos con dificultades específicas de acceso al empleo, los programas de alfabetización de adultos, el seguimiento de la escolarización total de la población infantil y, sobre todo, de los grupos de riesgo, así como las ayudas para la creación de empleo y para la promoción del trabajo autónomo, entre otras.
Los profesionales vinculados al campo de la política social tienen sin duda un reto importante en este área, precisándose estrategias técnicas de apoyo para inferir proyectos de inserción sociolaboral acordes a las circunstancias de cada caso. Es preciso también avanzar en la búsqueda eficiente de una mayor racionalización de los recursos disponibles, rentabilizando los provenientes de Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA), en estrecha coordinación con otros recursos institucionales y comunitarios, en programas de base territorial local con la cooperación de los agentes económicos y sociales.
Será fundamental enfocar la dimensión territorial de la exclusión en todos los planes o líneas de actuación pues las metodologías de intervención y medidas estratégicas a desarrollar deben ser diferentes en cada contexto.
Asimismo, hay que avanzar y profundizar en la evaluación de la importancia que tienen en la lucha frente a la exclusión las medidas asociadas a las políticas de apoyo a la familia, sobre todo en lo que se refiere a: familias con especial problemática o desestructuradas, familias numerosas, monoparentales, con problemas de vivienda o en situación de marginación y precariedad económica.
Hay que tener en cuenta a este respecto, que la familia es una de las vías naturales para canalizar las necesidades de los individuos y su satisfacción, si bien precisa los necesarios apoyos institucionales y sociales para cumplir adecuadamente esta función.
Otro aspecto importante a enfocar y cuidar especialmente en las intervenciones es la sensibilización pública o concienciación de la sociedad sobre la problemática de la exclusión, así como sobre la evolución del desarrollo de este fenómeno y de la necesidad de llevar a cabo respuestas solidarias que impliquen a todos para superar la situación.
También es preciso destacar la importancia que tienen en esta línea de concienciación respecto de la implicación social en las intervenciones, las iniciativas locales ya que en este ámbito es más factible la cooperación de las Administraciones Públicas, agentes sociales y del tejido comunitario en las acciones frente a la exclusión, sobre todo en los colectivos o sectores especialmente vulnerables como determinadas minorías étnicas y culturales, familias monoparentales, principalmente en hogares formados por mujeres solas con cargas familiares, población discapacitada, inmigrantes, reclusos y exreclusos, transeúntes, colectivos de contextos degradados, familias numerosas y multiproblemáticas, entornos de convivencia con déficits de recursos psicosociales y de competencias, etc.
Finalmente, deseamos resaltar por su importancia la necesidad de enfocar el tema relativo a la mejora en materia de educación, pues los niveles alcanzados en este área guardan una estrecha relación con los procesos de inclusión o exclusión social, así como en las oportunidades de acceso a la Formación Profesional y a la capacitación para el acceso al mercado laboral. En cualquier caso no se puede olvidar que el efecto de las estrategias de lucha contra la exclusión viene condicionado por el conjunto de políticas macroeconómicas y sectoriales diseñadas fundamentalmente por la Administración del Estado y Autonómica. Por ello, este enfoque integral afecta a numerosos departamentos de las distintas Administraciones Públicas y a múltiples organismos e instituciones, por lo que los profesionales deberemos insistir en la necesaria armonización de intereses económicos, políticos, sociales y culturales, siendo también vital la preservación y restauración del tejido social sin perder de vista como soparte básico los procesos de dinamización socioeconómica.
En primer lugar es un reto prioritario propiciar un avance en el desarrollo de los derechos sociales de la ciudadanía, aspecto que dentro del marco jurídico debería implicar a todas las fuerzas y agentes sociales.
En segundo lugar creemos necesario intensificar los esfuerzos y trabajos en el diagnóstico de las situaciones que desencadenan procesos de exclusión en sus diversas manifestaciones, utilizando sobre todo indicadores sintéticos que tienen una gran eficacia descriptiva y de utilidad diagnóstica.
En este sentido hay que tener en cuenta que según los datos del informe del Consejo Económico y Social sobre la exclusión en España , en nuestro país hay más de 7.000.000 de personas en situación de pobreza, es decir, cuyas rentas están por debajo del 50 % del salario mínimo interprofesional, de los cuales cerca de 800.000 tienen una situación de pobreza severa (línea inferior al 25% del salario mínimo interprofesional) y aproximadamente 6.200.000 se encontrarían en situación de pobreza moderada (línea existente entre el 25 y el 50% del salario mínimo interprofesional).
Estos datos deben hacernos valorar la necesidad del desarrollo de estrategias activas y de tipo preventivo pero, aparte de esta información básica sobre las rentas sería importante recopilar, en cada contexto, indicadores sobre la edad, nivel educativo y cualificación de la persona que ocupa el papel de sustentador principal de los hogares. En efecto, los datos demuestran que a menor nivel educativo y de cualificación profesional se acentúan los riesgos de verse afectados, en ciertas condiciones, por procesos de exclusión. Asimismo, a menos nivel educativo y sociocultural se asocian menor nivel de ingresos y de oportunidades de empleo.
De ahí deduce la importancia de las actuaciones institucionales y profesionales de apoyo centradas en la promoción de los recursos humanos para facilitar el acceso al empleo, sobre todo con respecto de jóvenes y parados de larga duración así como la urgencia de establecer complementariamente medidas de protección económica y recursos tanto en la vertiente contributiva como no contributiva para mayores de 65 años o personas incapacitadas para el trabajo.
En tercer lugar, queremos insistir en la interrelación de los procesos de exclusión con carencias en otras áreas del bienestar como: la vivienda, la salud, la higiene, el grado de integración personal o familiar, el nivel de formación ocupacional, la degradación personal y/o colectiva, la pérdida de la autoestima, la reducción de esperanzas, la disminución de la capacidad de defensa de los propios derechos ... ; esto implica una vez más la necesidad de enfocar respuestas integrales en todas las intervenciones profesionales.
Así, en la parte de soparte técnico que los profesionales asumen dentro de las instituciones es un reto importante el ser capaces de ir introduciendo progresivamente cambios en el asesoramiento de las estrategias para la inclusión, de modo que junto a las medidas específicas enmarcadas dentro de las distintas políticas sectoriales, como por ejemplo la educativa, la sanitaria, la de empleo, vivienda, servicios sociales o las de ingresos mínimos de inserción de las Comunidades Autónomas, se puedan implementar de forma coordinada con las Administraciones Locales y otras organizaciones del tejido social, intervenciones de índole integral y transversales.
Queda por tanto claro que las actuaciones integrales, dado el carácter multicausal de la exclusión, son algo obligado para poder hacer frente de forma global a todos los aspectos asociados a los procesos que dificultan la inclusión o integración social. El objetivo seria de movilizar mecanismos para que la población en riesgo de quedar excluida o que ya sufre esta situación pueda incorporarse a los circuitos normalizados de educación, trabajo, vivienda, salud y condiciones sociales básicas para cualquier persona, de modo que no se produzcan deterioros ni situaciones de desigualdad grave en las posibilidades de participación de todos con relación al bienestar común.
Desde esta actuación integral se consideran medidas importantes en la intervención institucional y profesional:
La prevención desde los sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales, principalmente, de futuras situaciones de exclusión, trabajando sobre todo en el ámbito infantil-juvenil y en la detención y mejora de situaciones relacionadas con un entorno familiar o social de riesgo de exclusión.
Informar a las personas y colectivos acerca de sus derechos y los programas de los que disponen en las redes de Bienestar Social de forma complementaría a una constante evaluación cuantitativa y cualitativa de las necesidades de los ciudadanos.
Ampliar y evaluar los programas de garantía social, educación compensatoria y formación profesional, así como las ayudas de apoyo al estudio y de seguimiento del fracaso escolar, si bien también sería deseable potenciar en los colectivos afectados por procesos de exclusión sobre todo los programas de formación ocupacional diseñando actividades formativas específicas según sus necesidades.
Incrementar las medidas de coordinación sociosanitaria en las situaciones relacionadas con la exclusión, sobre todo en la fase de prevención y de atención primaria a personas beneficiarias de rentas mínimas, enfermos crónicos, drogodependientes, enfermos mentales, personas con discapacidad, ciudadanos que residen en infraviviendas o vivienda insalubres, etc.
Colaborar desde los servicios de Bienestar Social en la detección de problemas que puedan implicar situaciones de pérdida de vivienda, entre otras causas, por impago de alquileres o hipotecas, procurando prevenir la precariedad en las condiciones de habitabilidad y proporcionando servicios de alojamiento alternativo cuando sea preciso.
En cualquier caso la intervención integral debería llevarse a cabo a través de un método dialógico-discursivo con la participación de las personas destinatarias.
En cuarto lugar desde el sector de los Servicios de Bienestar Social el papel de los profesionales iría preferentemente dirigido en la lucha contra la exclusión a través de las siguientes actuaciones:
La prevención de situaciones carenciales conflictivas.
La promoción y reinserción de las personas y colectivos en dificultad o desventaja, facilitándoles los apoyos necesarios para sus itinerarios de integración.
El desarrollo de proyectos individualizados de inserción sociolaboral asociados a la prestación de rentas mínimas (IMI).
En este marco, dentro del área de Bienestar Social, los Servicios Sociales constituyen el sistema más idóneo para impulsar y aglutinar el diseño de intervenciones coordinadas frente a la exclusión social, debido a su proximidad con las situaciones de carencia y a la experiencia acumulada en la detección de necesidades, así como en la puesta en práctica de programas e intervenciones de apoyo o acompañamiento para la integración social. También es importante su experiencia en la inserción y actividades de promoción personal y familiar en las que a menudo los profesionales de la Red de Servicios Sociales deben plantearse una intervención global y articulada con la de otras áreas o departamentos, lo que facilita la visión desde este sistema de la necesidad de intervenciones integradas.
En quinto lugar, creemos preciso reforzar y establecer cauces para la coordinación entre las Administraciones Públicas y restantes agentes sociales, diferenciando claramente los niveles de responsabilidad y competencias sobre todo en las iniciativas de desarrollo local.
Fundamentalmente las Administraciones Locales tienen en este marco el reto de ser capaces de promover nuevos yacimientos de empleo accesibles para las personas y colectivos más vulnerables que pueden estar asociados a la prestación de servicios de proximidad a la población y otras actuaciones de interés general.
Es básico además, promover la coordinación entre los diferentes agentes sociales en proyectos de interés conjunto y comunitario potenciando la participación ciudadana y el papel del tejido social, las organizaciones de voluntariado y autoayuda, así como de otros recursos comunitarios en la integración de los sectores más desfavorecidos.
Todos los programas, por otro lado, deberían plasmar los niveles de coordinación institucional necesaria y establecer objetivos y metas asequibles desde la racionalización de los recursos, estableciendo estrategias de cooperación público-privada a partir de una demarcación territorial. En este sentido la acción coordinada por parte de los diferentes servicios y profesionales relacionados con sistemas de protección social es un reto importante.
Mientras no sea posible la coincidencia d actuaciones en un eje territorial no se posibilitaría la coordinación y la integración de las actuaciones desarrolladas por los distintos sistemas de bienestar, sin olvidar que el esquema de intervención integral requiere nuevos procedimientos de trabajo y gestión por parte de los técnicos vinculados a los diferentes servicios dirigidos a los ciudadanos.
Aprovechar los recursos endógenos de la comunidad, tanto humanos como económicos, para responder a las necesidades de las personas, colectivos o contextos excluidos y potenciar las redes del tejido social existentes, impulsando la creación de otras nuevas y estableciendo los escenarios de cooperación para superar la habitual fragmentación, son asimismo importantes retos profesionales.
En sexto lugar, a nivel de procedimiento, los avances profesionales deberían realizarse básicamente con relación a los siguiente aspectos:
Todo lo mencionado anteriormente toma cuerpo en una experiencia recientemente llevada a cabo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que ve su máxima eficacia cuando se implementa a un ámbito territorial concreto adaptándose a las necesidades, demandas y peculiaridades de la zona y experimentándose la sincronía en un primer momento, de todos los factores que intervienen en una situación de exclusión dirigida a la movilización integral y a promover el cambio.
Si ya unificar criterios entre instituciones, organismos y demás agentes para promover el desarrollo a nivel global es una tarea complicada y difícil, en el que se requiere sobre todo una gran maestría y habilidades de negociación, comunicación y gestión por parte de los promotores, en Castilla y León estas dificultades se agravan debido a las peculiaridades que la caracterizan como son la dispersión territorial y el despoblamiento. En efecto, sí la comparamos con el nº de municipios de la totalidad española, esta Comunidad Autónoma supera el 27,8 %, siendo el índice relativo de los de menos de 100 y 500 habitantes el 45,63 y el 42,32 % respectivamente al total nacional.
Esta configuración supone un enorme esfuerzo a todos los niveles, tanto político, técnico o económico para conseguir que la red de servicios relacionados con el Bienestar Social llegue a todos los ciudadanos y rincones del territorio en los términos que se establece en la normativa vigente con respecto a esta materia y de acuerdo con los criterios de rentabilidad económica y de satisfacción de los usuarios.
Otro aspecto importante más a tener en cuenta, sobre todo en la Comunidad Autónoma de referencia, es el envejecimiento de la población. Según el censo de 199 1, Castilla y León cuenta con el 18, 1 % de personas mayores de 65 años, frente al 13,7 % en 3 España. El índice de sobreenvejecimiento de esta región también supera la media nacional en dos puntos con un 23,5 % y un 21,4 % respectivamente 4, siendo éste el índice más elevado de todo el territorio nacional.
Otros factores que afectan al bienestar social y que hoy constituye un gran reto de articulación para todas las administraciones a la hora de diseñar programas de intervención de lucha contra la exclusión son los cambios en la estructura social, como el para y las nuevas formas de pobreza, los cambios en la estructura económica, la crisis del sector agrario e industrial, y los cambios en la estructura sociocultural con la evolución de los sistemas de valores que inciden directamente en las dinámicas familiares y en las formas tradicionales de solidaridad.
Estos factores en Castilla y León se manifiestan en un encogimiento de la economía regional comparativamente hablando en las últimas décadas. Así, a partir de 1960 se produce un descenso de la participación agrícola en el P. 1. B. regional, registrándose de forma paralela un incremento en el sector servicios y el surgimiento de nuevas ramas industriales con mayores niveles de productividad y empleo. Sin embargo cuando en España este sector creció, en Castilla y León se produjo el efecto contrario apareciendo algunas empresas aisladas y sin que se haya logrado todavía estimular la inversión industrial necesaria, pese a los sucesivos esfuerzos de los poderes públicos al respecto. Asimismo el sector servicios surge con un bajo nivel competitivo y escasa especialización.
De esta forma el panorama económico en esta Comunidad hace que el porcentaje relativo al número de personas ocupadas sufra un decremento de cinco puntos en la última década, aunque en comparación con las cifras totales de España la diferencia se hace mayor, ya que a nivel nacional se produjo un incremento de seis puntos en el porcentaje de evolución del número de personas ocupadas en dicho período.
Castilla y León ha sido, de hecho, una región exportadora de capital humano dirigida a otras zonas donde el desarrollo económico ofrecía más posibilidades.
Desde estas consideraciones la experiencia llevada a durante dos años en las zonas de Sahagún (León), Villada (Palencia) y Villalón de Campos (Valladolid) de una forma conjunta. En ella, se han aplicado los nuevos enfoques de la intervención que planteamos en este artículo fundamentados en la 5 planificación integral y estratégica .
Es decir, en una zona dada, a partir de analizar exhaustivamente la situación social y el entorno, se establecieron los escenarios previsibles y se planteó una situación de futuro deseable, para frenar los procesos de exclusión social en la misma.
Para llegar a este objetivo era necesario combinar estrategias de protección pasivas y activas, desarrollar pautas y vías de apoyo a la familia, poner en marcha campanas de sensibilización pública y fomentar el acercamiento y establecimiento de acuerdos de la Red de Servicios Sociales con otros Sistemas de Protección. Todo ello partiendo de un principio básico: la coordinación público-privado en el marco de tres zonas distintas pertenecientes a tres provincias distintas. La premisa de partida fue considerar la política de los servicios de bienestar social como un derecho para todos los ciudadanos, así como que la respuesta en la atención y organización de los recursos para la cobertura de las necesidades de la población puede afectar tanto a los servicios públicos como a los privados lucrativos o no lucrativos, que están implicados, salvando la distribución de competencias y responsabilidades correspondientes.
Una actuación como ésta lleva consigo un proceso en el que la parte más importante es la mentalidad de las instituciones y de los propios técnicos. Estos se constituyen como un «elemento bisagra» que tiene la difícil tarea de articular por un lado las pautas políticas establecidas por sus responsables superiores y por otro la transmisión de los principios de globalidad, colaboración, coordinación y participación como el eje fundamental alrededor del cual circularán todas las actuaciones dirigidas al desarrollo de la zona objeto de intervención, cuidando en todo momento la implicación y participación de los destinatarios.
Así, para que el principio de morfogénesis funcione, según la Teoría General de Sistemas, en lo que tendrán que incidir los técnicos es en alcanzar un interés común entre todas las instituciones, organismos y agentes sociales implicados asegurándose que esta fase está bien asimilada, haciendo que todos participen en el diseño de la intervención y respetando el espacio de cada uno.
Podría decirse que esto es la clave: tener en cuenta que para conseguir que una persona participe es necesario primero que no sienta amenazado su espacio personal, en este caso su espacio de dominancia e identificación y en segundo lugar, que pueda conseguir algo positivo, una ventaja o mejora, para sí o para el grupo o contexto al cual representa.
Otra premisa de partida es que los técnicos y los responsables de la zona deben tener una actitud de ver la problemática desde una visión global y de cambio dirigido al desarrollo integral de un territorio, y por tanto el programa tendrá que fomentar un grado de madurez suficiente que lo permita.
En la intervención ejecutada en las tres zonas de referencia de Castilla y León ubicadas en las provincias de León, Palencia y Valladolid respectivamente, se buscaba obtener los beneficios que se esperan conseguir de la metodología propia de la planificación integral, como apunta J.M. Pascual i Esteve 6, es decir, crear una mentalidad estratégica común, primero entre todas las instituciones implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones, Servicios Periféricos dependientes de la Junta de Castilla y León, asociaciones culturales, agentes sociales y económicos ... ) y en el resto de la sociedad objeto de intervención después. Asimismo es fundamental: identificar cuáles son las formas más efectivas y eficaces de utilizar los recursos económicos y sociales de la zona, aumentar la objetividad de la situación que se vive eliminando los tópicos, establecer escenarios de acción según una tabla de prioridades, mejorar la colaboracion entre el sector público y privado pudiendo identificar pautas de actuación en este sentido y promover la participación ciudadana y su implicación en los procesos dirigidos a aumentar la calidad de vida y el desarrollo por medio de acciones concretas.
En una primera fase es necesario ya en el momento del diseño del proyecto y de la metodología de desarrollo estructurar y organizar la cooperación entre las Administraciones implicadas, la iniciativa social con y sin ánimo de lucro y la población destinataria.
En una segunda fase sería preciso elaborar el diagnóstico de los elementos, variables y factores que condicionan los procesos de exclusión y que van a afectar al desarrollo del proyecto. Estos aspectos pueden ser de tipo económico, demográfico, sociocultural, normativo, político, tecnológico, ecológico... y tener una dimensión estructural o coyuntural que deberá considerarse.
También es preciso el análisis de las proyecciones o pronóstico de futuro de los problemas de exclusión y la colaboración individual, familiar o, en su caso, de grupo y comunitaria, en el diagnóstico y autodiagnóstico de las situaciones que generan los procesos de exclusión, así como la exploración de las alternativas de intervención y determinación de prioridades para su prevención y superación.
En una tercera fase se deberían formular, en base al diagnóstico, los objetivos de intervención, las estrategias y acciones a desarrollar y definir los proyectos a partir de las estrategias seleccionadas, estableciendo la adecuada calendarización y priorización, teniendo en cuenta la posibilidad de llevar a cabo, si es preciso, los ajustes pertinentes a lo largo del proceso de actuación, siempre desde un enfoque integral y de coordinación de esfuerzos y de recursos sociales e institucionales tanto existentes como potenciales.
En una cuarta fase debería establecerse específicamente el diseño operativo del desarrollo de las actuaciones, así como la especificación de las actividades y el reparto de tareas y responsabilidades entre los distintos agentes implicados.
En una quinta fase se desarrollaría la ejecución y a lo largo de todo el proceso de forma asociada se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de resultados.
Es importante en la intervención integral considerar estrategias de carácter económico y ocupacional, socioeducativo y asistencial, junto a otras relacionadas con el urbanismo y vivienda o con los aspectos socioculturales, evitando la cronificación de los procesos de exclusión y la dependencia institucional de las personas afectadas, sin que la aplicación de microactuaciones concretas suponga abandonar la visión de globalidad y de los ajustes de carácter estructural que sean precisos.