Vulneración de las órdenes de protección por parte de hombres condenados previamente por violencia de pareja

Se analizaron 131 sentencias condenatorias correspondientes a 80 hombres penados por quebrantar la Orden de Protección que tenían con respecto a su pareja o expareja.

Los datos se recogieron de los expedientes penitenciarios de 70 hombres que estaban internados en un centro penitenciario (condenados por un delito de violencia de género y/o por un delito de quebrantamiento de la OP) y de los expedientes de 10 hombres en libertad que se encontraban en situación de suspensión de condena (penados por un delito de violencia de género o por un delito de quebrantamiento de la OP) condicionado a la realización de un programa psicoeducativo.

La media de edad de este grupo de penados fue 38.58 ( DT = 10.44), con un rango de entre 23 y 61 años. El 85% era de nacionalidad española. En cuanto al estado civil, la mayoría de los penados (43.8%) estaban solteros, el 15% estaba casado y el 33.8% estaba divorciado; el 6.3% vivía en pareja y un varón (1.3%) de este estudio era viudo. Respecto a la formación académica, el 45% no había finalizado la educación primaria, el 35% tenía estudios primarios, el 18.8% secundarios y solo el 1.3% tenía formación universitaria. Más de la mitad de la muestra (el 51.3%) no desarrollaba ninguna actividad laboral (o estaban parados) y el 38.8% trabajaba antes de su ingreso en prisión o al tiempo de la recogida de datos; seis personas estaban jubiladas y dos personas no trabajaban (una porque estaba estudiando y la otra porque se encontraba de baja laboral). Por último, el poder adquisitivo de la muestra era predominantemente bajo, dado que el 53.8% carecía de recursos para hacer frente a sus necesidades económicas y a las de su familia, el 37.5% pertenecía a un estrato económico medio-bajo y solo el 8.8% pertenecía a un estrato económico medio.

Ambos grupos, aquellos internados en un centro penitenciario y los que estaban en situación de suspensión de condena, eran homogéneos en cuanto a edad, nacionalidad, estado civil, formación académica, actividad laboral desarrollada y en el poder adquisitivo que admitían tener. En cambio, sí había diferencias estadísticas entre los grupos en el número de sentencias condenatorias por quebrantamiento, que resultaba ser mayor en el grupo privado de libertad ( U de Mann-Whitney = 190, p = .008).

Las sentencias se seleccionaron a partir de los siguientes criterios de inclusión: a) sentencias condenatorias por delito de quebrantamiento de la OP (o de la medida cautelar) de alejamiento y/o comunicación con la víctima o bien sentencias condenatorias por delito de violencia de género, b) presencia de una orden de protección o medida cautelar de alejamiento y comunicación con respecto a la víctima en la sentencia o documento judicial y c) que se indicara el comportamiento de vulneración de la OP en la sección de “hechos probados” de cada sentencia.

Cuestionario sociodemográfico breve (creado ad hoc ), que incluía preguntas relacionadas con la edad, la nacionalidad, el estado civil, la formación académica, la situación económica y la situación laboral del penado.

Hoja de recogida de datos judiciales (creada ad hoc ), para ordenar la información contenida en las sentencias condenatorias de vulneración de la OA. Se elaboró una hoja de recogida de datos en la que se tomó nota respecto a cada participante de la siguiente información: número de identificación del penado, grupo al que pertenecía (en prisión o en libertad), descripción de la(s) vulneración(es), así como el número de veces y la fecha en la que se cometieron, condena privativa de libertad impuesta por la justicia, tipo de acercamiento a la víctima, descripción de la conducta del agresor hacia la víctima o dirigida hacia un tercero relacionado con la víctima, fecha de la sentencia o del documento judicial que establecía el alejamiento (o fecha en que fue comunicada al acosador), distancia mínima de alejamiento de la víctima (cuando constaba en el documento), solicitud de dejar sin efecto la medida de protección antes de su cumplimiento, otras medidas restrictivas del penado con respecto a la víctima (como por ejemplo orden de alejamiento de la localidad de residencia de la víctima y/o control telemático) y resumen judicial de malos tratos, si constaba.

Se realizó un estudio ex post facto , centrado en analizar las características de los incumplimientos de las OP en un grupo de hombres condenados previamente por un delito de violencia de género y penados en la actualidad por quebrantamiento de condena. Los datos fueron extraídos de las sentencias condenatorias de aquellos hombres que estaban internados en un centro penitenciario o bien de los expedientes de las personas que se encontraban en situación de suspensión de condena.

Una vez solicitada y concedida la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para realizar el presente trabajo, se seleccionó y analizó la información principal de cada una de las 131 sentencias condenatorias por quebrantar una OP con respecto a su pareja o expareja. El análisis de estas sentencias se centró fundamentalmente en el apartado de “hechos probados”, al presentar la información de cada caso de manera uniforme y estructurada. Dentro de este apartado, por regla general se podían observar dos partes: un resumen de los antecedentes (identificación de la víctima y del agresor, fecha desde que entró en vigor la OP y fue conocida por ambas partes) y el relato y descripción de los hechos, así como de las circunstancias de la vulneración de la OP. También se tomó nota de la cuantía de la condena impuesta a cada vulnerador de la OP que figuraba en el fallo de la sentencia correspondiente.

De esta forma, la información más relevante que contenían las sentencias se pasó a la “hoja de recogida de datos judiciales”. Parte de dicha información fue codificada en 18 variables dicotómicas (por ejemplo: se acerca físicamente, reanuda la convivencia/relación, se acerca al domicilio, se acerca al lugar de trabajo, condena impuesta, etc.) y cuatro continuas, mientras que el resto de la información, fundamentalmente la referida a los comportamientos del penado hacia la víctima, se transcribió de la documentación judicial en forma de variables de tipo cadena y, tras un análisis más exhaustivo, se crearon nuevas variables de tipo nominal.

Se realizaron análisis descriptivos para las variables numéricas (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas, según la naturaleza de las variables). Las variables cadena se estudiaron desde un punto de vista cualitativo. El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS (versión 19 para Windows).

La mayor parte de los hombres previamente condenados por un delito de violencia de género que vulneraron con posterioridad la orden de alejamiento lo hicieron de forma directa o física (ver tabla 1 ). Específicamente, 70 de los 80 hombres habían tratado de acercarse físicamente a su pareja o expareja al menos en una ocasión a pesar de la prohibición. Dentro de esta tipología de acoso o acercamiento a la víctima, lo más frecuente fue acudir al domicilio de la víctima, abordar a la víctima en un lugar público e incluso el hecho de haber reanudado la relación o convivencia con la víctima estando vigente la orden de alejamiento. Un aspecto destacable es que el 41.3% de los penados intentaron reconciliarse con la víctima, lográndolo el 33.8%, aunque solo en dos ocasiones se solicitó dejar sin efecto la OP a los jueces o tribunales.

Otras formas de acercamiento directo a la víctima, aunque menos frecuentes, fueron presentarse en el lugar de trabajo de ella, ir a su localidad (en aquellos casos en los que existía la prohibición de acercarse y residir en ese lugar) o incluso abordarla en presencia de la policía. También hubo casos en los que se vulneró la OP utilizando medios indirectos o “a distancia”: medios postales, informáticos o telemáticos (los más frecuentes dentro de este tipo de vulneraciones y en los que el penado no buscaba el acercamiento físico a la víctima) o valerse de terceras personas para llegar a la víctima y/o revictimizarla.

Aunque lo más probable era utilizar un único tipo de acercamiento a la víctima, casi el 39% había utilizado múltiples formas de acercamiento o acoso (por ejemplo, acudir a su domicilio y enviar mensajes a través del móvil a la víctima); en estos casos, habitualmente utilizaron dos o tres formas de vulnerar la OP, salvo un caso que empleó hasta cinco formas diferentes de acercamiento a su expareja.

Por otra parte, el 75% de los agresores había quebrantado la OP en más de una ocasión. De ellos, el 51.67% habían vulnerado la OP entre 2 y 88 veces (lo más habitual era vulnerar la orden entre 2 y 5 veces), con una media de 14 veces ( DT = 22). El resto (48.33%) había incurrido en vulneraciones continuas sin que se pudiese precisar el número de veces que quebrantaron esta medida judicial (por ejemplo, enviando masivamente mensajes de WhatsApp , haciendo llamadas telefónicas, estar conviviendo de nuevo con la víctima, etcétera).

En cuanto al tiempo transcurrido desde el conocimiento del mandato judicial de alejamiento de la víctima hasta el primer incumplimiento por parte del penado, fluctuó entre ese mismo día y cinco años después de dicho conocimiento, con una media de 5.46 meses ( DT = 8.03), si bien en los casos que hubo vulneración y posterior reconciliación este dato debe tomarse con precaución debido a que en algún caso la fecha que se tomó (la que constaba en la sentencia) de la primera vulneración se refería al momento en que fueron sorprendidos juntos por la policía y podría coincidir o no con la verdadera fecha del quebrantamiento. En general se puede afirmar que, transcurridos seis meses después de la sentencia judicial de alejamiento, la mitad de la muestra la había vulnerado acercándose a la víctima al menos una vez y transcurrido un año la había quebrantado el 88.2% de los casos.

Por otra parte, el número de hombres con otras medidas restrictivas respecto a la víctima fue de 11 (por ejemplo, prohibición de acercamiento a su localidad de residencia o sometimiento a medidas de control telemático), lo que suponía el 13.8% de la muestra. En suma, el 87.5% de estos hombres permanecía en prisión condenado por haber vulnerado la medida judicial de alejamiento y/o por otros delitos de maltrato. La condena media (privativa de libertad) impuesta por vulnerar la orden de alejamiento y por el nuevo maltrato ejercido fue de 18 meses ( DT = 20), siendo estadísticamente mayor ( U de Mann-Whitney = 170.5, p = .009) en el grupo de hombres que estaban en prisión en comparación con aquellos que estaban en situación de suspensión de condena (19 y 7 meses, respectivamente). Finalmente, la distancia mínima de acercamiento (dato que figuraba en 67 de las 80 sentencias) estuvo comprendida entre los 100 y 550 metros, con una media de 260 metros ( DT = 111).

Los comportamientos de los penados con respecto a las víctimas fueron heterogéneos de unos casos a otros. A veces fueron de mero acoso, mientras que en otros casos se trató de conductas más graves y violentas (ver tablas 2 y 3 ). A pesar de que la finalidad común de los comportamientos de estos penados parecía ser la de someter la voluntad de la víctima, se clasificaron las conductas manifestadas en tres grupos, según el propósito (aparente) que perseguía el penado y que podía ser: a) el uso de la manipulación y la búsqueda de reconciliación, b) el control, el seguimiento o la vigilancia de la víctima y c) la agresión de la víctima de forma psicológica, física o sexual.

Comportamientos manipulativos o dirigidos a la reconciliación con la víctima (26% de los casos): dentro de este grupo se incluyeron acciones, expresiones, peticiones y preguntas dirigidas a reanudar la relación de pareja con la víctima o a obtener determinados beneficios judiciales, como por ejemplo que retirase la denuncia anterior por malos tratos o que solicitase al juzgado dejar sin efecto la medida de protección.

Conductas de control, seguimiento y vigilancia respecto a la víctima (51% de los casos): engloba comportamientos en los que el penado observa desde cerca a la víctima, trata de contactar con ella, la espía, la persigue, comprueba sus movimientos o trata de fiscalizar su nueva vida. Para ello suele merodear o esperar habitualmente escondido a que aparezca la víctima en alguna zona relacionada con su domicilio, la vía pública o donde ella trabaja. En otras ocasiones, le pide información sobre su nueva situación afectiva, o bien aborda a la víctima y se niega a abandonar el lugar (local público o domicilio de la víctima). Finalmente, hay varios casos en los que el penado establece su nuevo domicilio cerca del de la víctima.

Agresiones contra la víctima al vulnerar la orden de alejamiento : se incluyen aquellos comportamientos del penado, con carácter expresivo o instrumental, dirigidos a ocasionar algún tipo de daño físico o emocional a la víctima. Las agresiones psicológicas se dieron en el 50% de los casos. Las más destacables por su gravedad fueron las amenazas de muerte explícitas (“te voy a degollar”, “te voy a matar”, “he pagado a alguien para matarte”, “te juro que te voy a ver muerta”, etc.) o veladas (por ejemplo, “tus días están contados”, “de la cárcel se sale…”, “…algo gordo va a pasar”, etc.). Las amenazas de muerte a la víctima se dieron en el 28.8% de la muestra (es decir, en 23 de los 80 casos). Salvo en un caso, en el que hubo un intento de homicidio o de herir gravemente a la víctima sin mediar palabra–un hombre apuñaló a su expareja en el costado y le negó el auxilio–las amenazas explícitas de muerte fueron las más frecuentes (ver tabla 3).

En todos los casos en los que hubo amenazas de muerte, menos en el intento de homicidio, se habían dado amenazas verbales. Más específicamente, el 73.1% había amenazado de forma exclusivamente verbal, el 15.4% verbal y gestual (por ejemplo, pasarse también la mano por el cuello indicando que la iba a degollar) y el 3.8% verbal y física (por ejemplo, poniéndole a la víctima un cuchillo en el cuello). Por otra parte, el método con el que mayoritariamente amenazaron o dijeron que iban a utilizar para matar fue mediante un arma (53%)–habitualmente empleando un cuchillo (41.17%) o un arma de fuego (11.76%)–, seguido de la supuesta contratación de asesinos (17.65%) y de hacer explotar el gas del domicilio de la víctima (11.76%). Otras formas de amenaza tenían que ver con quemar, reventar la cabeza o tirar por la ventana a la víctima. Finalmente, de todos los que amenazaron, tres de ellos utilizaron un cuchillo real y dos de ellos un objeto contundente.

En el 88.5% de los casos en los que hubo amenaza, su objeto fue la pareja o expareja y en el 30.8% de los casos se hizo extensiva a personas allegadas a ella: los padres, los hijos o la pareja actual de la víctima, ya fuera real o ficticia (por ejemplo, “ si te veo con otro te mato” o “me lo voy a cargar”, en referencia a la supuesta pareja de la víctima).

En otros casos, el penado había amedrentado a la víctima mediante gritos o golpes en la puerta de su casa o dado un ultimátum para que le dejase entrar o incluso le desbloqueara del WhatsApp.

Por otra parte, el 26.3% de la muestra total, además de vulnerar la orden de alejamiento, insultó o humilló gravemente a la víctima. De ellos, los que amenazaron de muerte a la víctima solían insultar con mayor probabilidad que los que no amenazaron (52% frente al 14.5%, respectivamente), ? 2 (1) = 12.45, p = .000), ? = .395. Los insultos más frecuentes de los que amenazaron fueron los siguientes: “puta” (92.3%), “zorra”, “perra” o “cerda” (38.5%) y “guarra” (30.8%). En cuanto a las humillaciones, consistieron en reproches o insultos a la víctima en un lugar público, comentarios ofensivos de índole sexual o envío de fotografías de la víctima a través del móvil a personas allegadas.

Por otra parte, las agresiones físicas se dieron en el 26.3% de los casos y las infligieron exclusivamente aquellos penados que habían agredido de esta forma con ocasión de la vulneración; las agresiones más frecuentes fueron los agarrones, zarandeos y empujones (del cuello, de las muñecas, de los brazos, de los hombros y de los pelos), los golpes y puñetazos (en la cabeza, en la cara o en los brazos), las patadas, los empujones y, en el caso más grave, el apuñalamiento con un cuchillo. Asimismo, se observa que la cabeza, el pelo, la cara, el cuello y los brazos son las zonas del cuerpo de la víctima que con más frecuencia fueron agredidas. Además, es muy habitual la inmovilización de la víctima mediante agarrones, empujones contra la pared o el arrastre por el suelo de la víctima. Finalmente, en dos casos se vulneró la orden de alejamiento sirviéndose de agresiones que tenían una connotación sexual (por ejemplo, golpear a la víctima en el trasero).