Menores extranjeros no acompañados en España: necesidades y modelos de intervención

El número de profesionales entrevistados fue de 68, procedentes de 9 regiones: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa, Murcia, Tenerife y Vizcaya. Entre los profesionales se incluyeron directores y educadores sociales que trabajaban directamente en la atención de MENA en hogares residenciales, así como técnicos y profesionales de los servicios de protección. Se entrevistó de forma individual a 42 menores, y 8 formaron parte de una entrevista grupal ( tabla 1).

Como se muestra en la tabla 2 , la mayoría de los jóvenes entrevistados eran varones (48 chicos y solo 2 chicas), con edades entre 14 y 17 años (el 80.9% tenían entre 16 y 17 años). El grupo más numeroso procedía de Marruecos (87.8%), y el resto, de otras regiones africanas.

Para responder al objetivo propuesto, hemos analizado las fases de la intervención, los servicios disponibles en las distintas regiones, las fortalezas y debilidades de dichos servicios, y hemos evaluado las necesidades sociales, de salud, educativas y legales de este grupo de adolescentes.

Para ello, se emplearon varias fuentes de información: se examinaron los documentos legales, protocolos oficiales e investigaciones publicadas en cada comunidad autónoma, se realizaron entrevistas individuales y grupales semiestructuradas con los menores, así como con los profesionales implicados en la atención a estos adolescentes. La duración de las entrevistas varió entre una hora y media y 2 horas.

El guión de la entrevista se estructuró según las 4 fases del proceso de intervención: localización, investigación-evaluación, toma de decisiones y ejecución de la medida. Se recabó la información y la percepción de los participantes respecto a las fortalezas y debilidades de cada fase, así como su experiencia en cada una de ellas.

En las regiones «de entrada» en nuestro país (Islas Canarias y costa sur del país) la mayoría de los adolescentes son localizados por las autoridades y servicios de emergencia, mientras que aquellos que se dirigen al interior o norte del país sin ser interceptados se dirigen por sí mismos a servicios de atención a la infancia asegurando ser menores de edad.

Una de las mayores dificultades que tuvieron que afrontar las administraciones de cada territorio fue desarrollar un óptimo procedimiento para realizar la valoración de la edad de los presuntos menores cuando no existe documentación oficial o esta es considerada falsa. Al inicio de la llegada de estos menores, los protocolos de determinación de la edad variaban frecuentemente, haciendo prevalecer en unos casos la información del pasaporte y en otros los resultados de las pruebas forenses, ocasionando cambios repentinos en el plan de intervención según pasaran a ser considerados menores o adultos. Actualmente se han consolidado protocolos que establecen en qué casos es necesario realizar estas pruebas. En primer lugar, prevalece la existencia de documentación oficial (pasaporte), y solo en caso de no existir se emplean pruebas de determinación de la edad. Dada la disparidad de métodos diagnósticos empleados y las dificultades de los mismos en cuanto a fiabilidad, se llevó a cabo en 2010 un Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España ( Garamendi et al., 2011).

En prácticamente todos los territorios, tras la localización del presunto menor y hasta confirmar su edad, los jóvenes son puestos a disposición de los servicios de protección y son acogidos en hogares de urgencia. En este momento se inicia la fase de investigación para elaborar el plan de caso.

Una de las primeras dificultades y objetivo prioritario de esta fase es la identificación del menor y la valoración de su situación actual. Esta información, unida a la valoración de las necesidades del menor que fundamentarán la elaboración del plan de caso y la elección del recurso idóneo para su atención, es recabada en plazos muy diferentes en las diferentes comunidades estudiadas.

Mientras en algunas comunidades (Cantabria, Galicia y Murcia) la adopción de tutela se realiza de forma muy rápida tras la ratificación de la minoría de edad (en aproximadamente 10 días, en el caso de Galicia), en otras este proceso llega a demorarse varios meses. Y estos plazos son importantes, ya que la posibilidad de conseguir la nacionalidad española una vez alcancen la mayoría de edad dependerá de haber estado al menos 2 años tutelados por la administración.

Durante esta fase, los adolescentes suelen permanecer en hogares de urgencia . Detectamos diferencias en las comunidades en cuanto a la especificidad de estos centros. Nos encontramos, por un lado, con centros diseñados específicamente para estos menores, estrategia habitual en comunidades con un elevado número de MENA, como es el caso de Tenerife o Vizcaya, y, por otro lado, comunidades (tal es el caso de Galicia) que les han atendido en los centros de urgencia ya existentes, acogiendo conjuntamente MENA y menores nacionales.

En algunas regiones, estos dispositivos cumplen una labor de urgencia y, por tanto, en este fase aún no se inician intervenciones educativas; en otras, como es el caso de Vizcaya, estos hogares han implementado un proyecto educativo que permite iniciar intervenciones formativas e integradoras (reciben formación, aprenden español, etc.) que facilitan la adaptación de los adolescentes.

Otro aspecto que cabe mencionar en esta fase es la información que se ofrece a los jóvenes sobre su situación y sus derechos. Según la mayoría de los profesionales que participaron en el estudio, es una práctica común que sean los educadores sociales de los hogares los que mantengan a los adolescentes informados sobre su situación. No obstante, el 57% de los entrevistados expresaron no saber qué estaba ocurriendo o iba a ocurrir en el futuro, basando sus expectativas en lo que otros les relataban. La falta de confianza mutua (entre los educadores y los adolescentes) fue expresada a menudo por los participantes en el estudio.

La fase de toma de decisiones se inicia con la decisión de si el joven permanecerá en España o si por el contrario será efectuada la reagrupación familiar. Lo más común es que las entidades públicas de protección asuman que los adolescentes permanecerán en España, en unos casos, por la imposibilidad a nivel práctico de facilitar la reagrupación familiar; en otros, por la inadecuación de esa alternativa atendiendo al interés superior del menor.

En el estudio se detectó una escasa participación de estos adolescentes en el proceso de toma de decisiones. En algunos casos, no tenían claras expectativas sobre la línea de intervención que se llevaría a cabo (proyecto educativo, cambio de centro, alternativas, etc.) y recibían las decisiones una vez adoptadas sin sentirse escuchados.

Una vez decidido que la mejor —o la única— opción es la permanencia en España, se debe decidir cuál es el plan de caso que mejor se adapta a sus necesidades. Prácticamente en la totalidad de los casos era de preparación para la independencia, y lo habitual era que fueran acogidos en hogares residenciales.

Por ello, exploramos el modo en que la red de acogimiento residencial estaba organizada en cada comunidad. Encontramos 3 modelos: en primer lugar, regiones como Tenerife, que disponían de recursos específicos para MENA, o como Vizcaya, donde se había establecido una red muy organizada, que había ido diversificándose en función de las necesidades que iban surgiendo; en segundo lugar, comunidades (tal es el caso de Galicia) que integraban a estos adolescentes en los recursos ya existentes, convirtiéndolos en recursos mixtos e incorporando proyectos específicos para los MENA referidos al idioma, alfabetización, etc. Por último, en otras regiones (Castilla-León, Cantabria, Guipúzcoa o Murcia) se mantenían los 2 modelos, con hogares mixtos en los que convivían menores extranjeros y nacionales y con otros recursos específicamente diseñados para MENA.

El tiempo medio de permanencia en los centros variaba en función de la agilidad en la tramitación de documentación, la percepción de cumplimiento de expectativas y la posibilidad de integración como adultos. Así, en comunidades donde se demoraba la tramitación de documentación, la asunción de tutela, y/o no había claras expectativas de incorporación al mercado laboral, era frecuente que los adolescentes se marchasen y acudiesen a otras regiones de donde habían oído que sus expectativas podían ser cumplidas.

Al preguntar a los adolescentes en las entrevistas individuales por la satisfacción con el lugar donde vivían y las razones de su valoración, algo más de la mitad de los participantes afirmaron estar satisfechos (57.1%). Los aspectos mejor valorados pueden verse en la tabla 3.

Los que se sentían insatisfechos valoraron negativamente las normas impuestas y/o el aburrimiento ocasionado por la falta de actividades organizadas en el centro o no adecuadas a sus intereses.

Tras recabar información en los diferentes territorios sobre la cobertura de necesidades formativas, sociales y sanitarias de esta población, constatamos que la tendencia generalizada era la de utilizar los mismos recursos empleados para el resto de adolescentes en protección. En concreto, los adolescentes de nuestro estudio seguían en su mayoría cursos de formación profesional para conseguir un empleo al alcanzar la mayoría de edad (78.6%) ( tabla 3 ). Los únicos programas específicamente dirigidos a este colectivo tenían por objetivo el aprendizaje del idioma o el abordaje de cuestiones culturales.

Sobre su estado físico, algo más de la mitad de los jóvenes (52.4%) expresaron tener alguna dolencia con cierta frecuencia (dolores de cabeza, espalda y estómago fundamentalmente). Más preocupante era el malestar psicológico expresado durante las entrevistas. Casi la totalidad de los adolescentes manifestaron que en algún momento se sentían sin fuerzas para seguir adelante, y estos sentimientos solían venir acompañados de pérdida de apetito y problemas de sueño (92.9%) ( tabla 3 ). Durante la entrevista en grupo se debatió sobre este tema y la posibilidad de recibir ayuda psicológica. La propuesta era en general rechazada, expresando tener miedo a hablar de cuestiones personales que luego pudieran quedar reflejadas en informes.

Otro aspecto relevante era el apoyo social con el que contaban. A la hora de valorar sus amistades, la percepción era muy diferente entre los profesionales y los propios jóvenes. Los primeros percibían que la mayoría se relacionaba exclusivamente con otros de su misma procedencia, mientras que la mayoría de los adolescentes (71.4%) afirmaron tener amigos extranjeros y también nacionales. Otra figura de apoyo importante eran los educadores sociales, con quienes el 37.5% de los participantes en el estudio afirmaban tener muy buena o buena relación. Sin embargo, el porcentaje restante expresó mantener una relación regular (52.5%) o incluso mala (10%) ( tabla 3).

Las diferencias en cuanto a la dotación de programas de apoyo a la transición para este colectivo eran muy notables en las diferentes regiones.

Existían ejemplos de buena práctica en varios territorios (Vizcaya o Cataluña), donde se habían desarrollado programas específicos para apoyar este proceso. En el caso de Cataluña, existe un Área de apoyo al joven tutelado y extutelado que ofrece apoyo a los jóvenes entre 16 y 21 años en 6 áreas: vivienda, inserción laboral, seguimiento socioeducativo y psicológico, asesoramiento jurídico y soporte económico.

Con respecto a los recursos de alojamiento específicos para abordar el apoyo a la transición a la vida adulta, casi todas las regiones de las que se obtuvo información poseían programas donde se trabajaba específicamente la transición a la vida adulta mediante unidades semiautónomas de preparación para la independencia y, por otro lado, con los recursos para extutelados. Sin embargo, el acceso a pisos para extutelados no resultaba sencillo, dada la insuficiencia de plazas. De los adolescentes entrevistados que estaban a punto de cumplir la mayoría de edad (n = 27), solo el 48.1% contaban con la expectativa de ser trasladados a un piso de emancipación; el resto, bien estaban buscando otras alternativas con amigos y conocidos (22.2%), o bien no sabían qué sucedería en su futuro próximo (29.6%). Su situación se agravaba teniendo en cuenta que solo el 4.9% contaba con un empleo en el momento de la entrevista ( tabla 3).

Nuestra revisión de los procedimientos llevados a cabo en la intervención con esta población arroja importantes diferencias entre las regiones, si bien parece haber un claro consenso sobre la necesidad de hacer prevalecer su condición de menores sobre la de inmigrantes. Los sistemas de protección, de forma más o menos ágil, han asumido la tutela de estos adolescentes asegurando su protección y formación para facilitar su posterior integración como adultos en el contexto de acogida. La diferente agilidad en la tramitación de documentación y la asunción de tutela responde fundamentalmente a 2 factores: la viabilidad de dar una respuesta rápida cuando en un corto periodo de tiempo llegó un elevado número de MENA a algunos territorios, y las directrices políticas que en algunas regiones tratan de evitar el conocido como «efecto llamada», un temor descrito en el estudio de Kohli (2006b) en el Reino Unido y que detectamos también en nuestro país, aunque en pocos casos ha tenido un impacto real en el proceso de intervención.

En todas las regiones se ha dado especial importancia a establecer un procedimiento de valoración de la edad donde prevalezca el interés del menor. Como apuntan Cemlyn y Nye (2012) , es frecuente la creencia entre los trabajadores de que algunos de los jóvenes que solicitan protección son adultos que intentan hacerse pasar por menores. Sin embargo, en nuestro estudio no detectamos que se produzcan prácticas como las descritas por Crawley (2007) , de presiones sobre los profesionales para valorar a los MENA como más mayores de lo que en realidad son con el fin de reducir los costes económicos que supone su atención. En España, la tendencia ha sido la de hacer prevalecer la condición de menor del adolescente en caso de duda. No obstante, lo que sí ha supuesto una dificultad en la intervención han sido las numerosas discusiones por la falta de fiabilidad y precisión de las pruebas empleadas. Esto ha supuesto que en función de la consideración de un documento u otro como aval de la edad del menor, los servicios que se le ofrecían podían variar, situación que hoy en día ya no se produce gracias a documentos de consenso como el elaborado por los Institutos de Medicina Legal en España ( Garamendi et al., 2011).

Otro aspecto de especial importancia en el proceso de intervención es la red de infraestructuras y programas creados para atender a esta población. Como se detalló anteriormente, los modelos de atención son distintos en función de la proporción de MENA acogidos en cada territorio. En general, se observan ventajas en la creación de redes especializadas en una primera fase de urgencia y la consolidación de programas mixtos que permitan la convivencia con otros adolescentes, normas y valores culturales que favorecerán el proceso de integración. Ahora bien, el éxito de los programas de urgencia especializados ha dependido fundamentalmente del diseño de programas bien estructurados, donde los adolescentes sienten que mientras el tiempo transcurre van avanzando en su proyecto migratorio (papeles, formación) y reciben información sobre su situación y posibles expectativas. Los programas que se diseñaron como mera recepción y retención dada la presión ejercida por la creciente llegada de MENA a algunos territorios ocasionaron, en general, importantes conflictos. De hecho, en la valoración que hacen los adolescentes en nuestro estudio sobre su satisfacción con la atención recibida, el aburrimiento y los sentimientos de desesperanza son uno de los factores que más inciden en su valoración negativa.

Siguiendo con el análisis de las ventajas e inconvenientes que ofrecen los recursos especializados o mixtos, según el estudio de Mels, Derluyn y Broekaert (2008) , el poder convivir con otros adolescentes de la misma cultura y proyectos migratorios similares se configura como un factor positivo por el apoyo informativo y a veces instrumental que los compañeros brindan. Wade, Sirriyeh, Kohli y Simmonds (2012) consideran que los aspectos compartidos con miembros del país de origen suelen reducir los sentimientos de aislamiento y generan bienestar, sobre todo al inicio del acogimiento. Esto estaría en consonancia con la preferencia en muchos territorios por diseñar centros de acogida específicos para MENA en una primera fase.

Es algo constatado en la literatura internacional el impacto emocional que la experiencia migratoria genera en los MENA. Aunque los adolescentes no acompañados que llegan a nuestro país no comparten las mismas experiencias premigratorias que los MENA que acuden a otros países, sí es cierto que comparten ciertos riesgos del viaje y dificultades de adaptación al territorio de acogida. De hecho, el 93% de los adolescentes entrevistados expresaron malestar psicológico, si bien todos ellos eran reacios a recibir terapia. Nuestros datos y la investigación internacional corroboran las necesidades emocionales de esta población ( Bronstein, Montgomery y Ott, 2013; Derluyn y Broekaert, 2005, 2007, 2008; Groark, Sclare y Raval, 2011; Hodes, 2000; Hodes, Jagdev, Chandra y Cunniff, 2008; Jakobsen, Demott y Heir, 2014; Thomas et al., 2004 ) y, sin embargo, se trata de un aspecto aún escasamente abordado en la intervención. Es indudable que desarrollar estrategias de apoyo y terapia para afrontar este malestar supone salvar muchas barreras culturales y la desconfianza que muchos adolescentes expresan hacia todo aquello que representa al sistema que ha de tomar decisiones sobre su futuro.

En relación con las expectativas de estos adolescentes y la información que se les ofrece, encontramos el mismo problema de desconfianza mutua que otros investigadores han descrito con poblaciones similares ( Kohli, 2002, 2006a ). Además del miedo que lleva a muchos adolescentes a no querer compartir información sobre su historia, familia y sentimientos, la mayoría de los adolescentes entrevistados expresaron no entender la información que reciben. Estos resultados nos llevan a apoyar las conclusiones de Mitchell (2003) y Westwood (2012) sobre la importancia de formar mediadores culturales o apoyar la formación de los educadores, donde no solo importe el dominio del lenguaje, sino también el manejo de claves culturales que faciliten la comunicación.

Al explorar la cobertura de sus necesidades encontramos una respuesta muy positiva en cuanto a las posibilidades formativas de las que disponen y, de hecho, en todas las regiones los planes de actuación reflejan la prioridad otorgada a la formación para el empleo. Como ya apuntan otros investigadores ( Wallin y Ahlström, 2005 ), este es uno de los factores clave para asegurar su integración posterior.

Dado que en la mayoría de los casos la decisión adoptada a su llegada es la preparación para la independencia, cobra especial importancia la implantación de programas que faciliten este proceso. La investigación internacional ha señalado la diversa naturaleza de estos programas y el frecuente sentimiento entre los adolescentes de estar mal preparados para afrontar los retos que deben afrontar en ese momento vital ( Biehal, Clayden, Stein y Wade, 1995; Courtney, Terrao y Bost, 2004; Stein, 2004 ). Las evidencias sugieren que la preparación debe fundamentarse en una buena valoración de necesidades, llevada a cabo de forma gradual mientras el joven se encuentra en un recurso de protección estable, haciendo hincapié en la creación de nuevos vínculos y en la motivación para que estudien, y donde la preparación para la vida adulta forme parte de la propia planificación de la protección ( Stein, 2004; Stein y Wade, 2000 ).

No se ha desarrollado mucha investigación acerca de la transición a la vida adulta en nuestro contexto, únicamente algunos trabajos dirigidos a las implicaciones de poseer un empleo ( Arnau-Sabatés y Gilligan, 2015; Suárez Sandomingo, 2009 ) o a las características de los jóvenes y de los centros en los que están acogidos, que pueden predecir el éxito en dicha transición ( Sala, Jariot, Villalba y Rodríguez, 2009 ). Lo que sí resulta evidente es que son múltiples los retos que estos menores afrontan en esta etapa vital ( López, Santos, Bravo y del Valle, 2013 ), ya que a la dificultad que supone este proceso con 18 años se une el temor a no lograr un permiso de residencia estable ( Manzani y Arnoso, 2014; Wade et al., 2012 ).

Según los datos de nuestro estudio, al aproximarse a la mayoría de edad pocos consiguen empleo y, aunque existen programas de apoyo a la transición, las plazas son escasas y solo un pequeño porcentaje puede acceder a ellas (siendo su disponibilidad muy desigual entre los territorios).