Perfil Sociodemográfico y Delictivo de los Menores Infractores en Medio Abierto en Granada de 2014 a 2017. Análisis Descriptivo y Evolución

Introducción

Los delitos llevados a cabo por menores de edad generan una gran inquietud social que se refleja en la última reforma de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en España (LORPM 5/2000), efectuada a través de la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre. El marco legislativo del sistema de justicia juvenil en nuestro país en su exposición de motivos plantea que existe “gran preocupación social y un desgaste de la credibilidad de la ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores” (LO 8/2006, p. 42700). Dicha presión, orientada sobre todo hacia el endurecimiento de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores infractores, persiste incluso frente a la evidencia de los datos aportados desde las instituciones oficiales que reflejan como la mayoría de los delitos cometidos por esta población son contra la propiedad, predominando aquellos contra el patrimonio (Cuervo, Villanueva, González, Carrión y Busquets, 2015). Más aún, los principios reeducadores que rigen la LORPM 5/2000 supondrían un marco legal beneficioso, ya que las investigaciones indican que cuanto más restrictiva es una medida, peores tasas de éxito se alcanzan (Desbrow, Fernández, Gran, Lozano y Cárdaba, 2014). Por otro lado, si hablamos de reincidencia, los estudios metaanalíticos más recientes muestran tasas que oscilan entre uno de cada tres o cuatro menores que pasan por el sistema de justicia juvenil en España (Ortega, García, De la Fuente y Zaldívar, 2012; Ortega, García y Frías, 2014).

En la misma línea, al tratar de explicar el comportamiento delictivo de los menores, buena parte de la literatura criminológica ha destacado la dificultad de una delimitación conceptual de términos como desadaptación o delincuencia ante la diversidad de dimensiones sociales e histórico-culturales implicadas en este fenómeno. Se añadirían los factores evolutivos, pues en la mayoría de ocasiones son acciones de carácter puntual, tendiendo a desaparecer tras la etapa adolescente (Caballero, 2014; Moffitt et al., 2011). Así, la adolescencia se describiría como un período de contradicción y divergencia en el respeto a las normas sociales y en las interacciones con los demás y con uno mismo (Germán y Ocáriz, 2009), a la vez que la conducta delictiva se definiría como un comportamiento adquirido por la relación de la persona con su medio, caracterizado por un incumplimiento de las normas establecidas por la sociedad que reportan un perjuicio sobre su entorno (Arce y Fariña, 2007; Bringas, Rodríguez, Gutiérrez y Pérez Sánchez, 2010) mientras se concreta en el criterio de poder ser penada en función de los parámetros de gravedad y de las medidas punitivas susceptibles de imponerse a los menores infractores recogidas en la legislación penal de cada país (Antolín-Suárez, 2011).

Pese a que no hay un claro consenso entre los investigadores respecto a los factores específicos asociados a la delincuencia juvenil, sí partirían de la afirmación de que ningún sistema de justicia juvenil acabará con el problema al implicar variables explicativas tan relevantes como las sociodemográficas (García, Zaldívar, Ortega, De la Fuente y Sáinz-Cantero, 2012). Se habrá de considerar entonces que estamos ante un colectivo heterogéneo, cuyo comportamiento antisocial deberá analizarse desde su multicausalidad como resultado de la interacción bidireccional y recíproca de características psicológicas y contextuales de un individuo en desarrollo (Morales, 2008; Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa y Valencia, 2009). En esta línea, destacarán por su utilidad los enfoques centrados en factores de riesgo y protección, como el de Andrews y Bonta (2010). Lo denominaron modelo riesgo-necesidad-responsividad y dividieron dichos factores en estáticos y dinámicos: los primeros en relación al riesgo y los segundos a las necesidades criminogénicas sobre las que basar la intervención de cara a dar respuestas rehabilitadoras. En la misma línea, el modelo de desarrollo social incide en la interinfluencia de los agentes de socialización con las variables individuales del menor a través del clima familiar o el estilo educativo parental, la adaptación al grupo de iguales y el desempeño académico, junto a la reciprocidad de tales variables con las medioambientales donde se lleva a cabo la referida socialización (Bringas et al., 2010; López y Rodríguez-Arias, 2012). De esta manera, Funes (1996) habla del proceso de exclusión del menor en torno a mediadores que facilitarán la adquisición de pautas desajustadas de comportamiento, como crecer en condiciones socio-económicas precarias, una historia problemática con la institución escolar, un periodo evolutivo conflictivo o una respuesta inadecuada o marginadora del conjunto de sistemas sociales que le atiende; además estos factores de riesgo estarían asociados a mayores tasas de reincidencia (Ortega, García, Gil-Fenoy y Zaldívar, 2016), sin perder de vista el peso del factor ontogenético, situando la impulsividad o el déficit en competencias sociales y de resolución de problemas o los vínculos inseguros como elementos relevantes en la comisión de comportamientos delictivos (Moffitt et al., 2011) y sin olvidar el carácter dinámico de tales competencias a la hora de facilitar la adaptación social y la prosocialidad (Botija Yagüe, 2014; Sala y Ferrando, 2017). La intensidad y el tiempo de exposición al riesgo marcará el grado de vulnerabilidad a la comisión del delito (Navarro-Pérez y Pastor-Seller, 2017; Pitarch y Uceda, 2015).

Así, Hernanz (2011) en su trabajo sobre la delincuencia juvenil en España observa la estabilidad de determinadas características en el perfil criminológico de los menores infractores. En cuanto a las variables sociodemográficas, las infracciones penales serían más frecuentes entre los adolescentes varones de mayor edad, confirmando la tendencia expuesta en otras investigaciones (Antolín-Suárez, 2011; Hasking, Scheier y Abdallah, 2011) y en torno al 80% de las mismas corresponderían a menores de origen nacional (Instituto Nacional de Estadística - INE, 2016). Por otra parte, entre las características psicológicas individuales que parecen facilitar el acto delictivo señala el presentar un cuadro clínico asociado a trastornos de conducta, un alto grado de impulsividad y el déficit en competencias sociales o de una adecuada gestión emocional (Hein, Blanco y Mertz, 2004; Sanabria y Uribe, 2010). Acerca de la familia, destacarían la estructura y composición del hogar o el estilo educativo parental, así como el nivel socioeconómico y las variables educativas, ampliamente analizadas, señalando la vinculación entre un bajo nivel académico y la conducta antisocial, mediada por el contexto cultural del menor (Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; López y Rodríguez-Arias, 2012; Murray y Farrington, 2010; Sala y Ferrando, 2017).

Cometido el acto delictivo, en cuanto a las medidas susceptibles de ser impuestas contra estos menores, según aparecen contempladas en la LORPM 5/2000 y como se reflejan en los datos de diferentes organismos jurisdiccionales o del INE entre 2014 y 2017, la libertad vigilada continúa siendo la más frecuente dentro del régimen abierto frente, por ejemplo, a la realización de tareas socioeducativas, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la convivencia en grupo educativo o la permanencia de fin de semana. Este hecho parece contradecir los principios inspiradores de la propia ley, ya que después del internamiento es considerada como la más dura y exigente (García et al., 2012; Beneitez, Molina y Jiménez, 2009). No obstante, se trata de una medida que persigue que el menor pueda continuar inserto en su contexto relacional con la supervisión del educador del equipo de medio abierto, quien deberá controlar el cumplimiento de las tareas encomendadas por el juez en función del tipo y de las circunstancias de la comisión del delito; es decir, respondiendo al principio supremo de la LORPM 5/2000, el interés superior del menor, la libertad vigilada podría por su contenido permitir una mejor adaptación de la intervención a las particularidades de cada adolescente (Beneitez et al., 2009). Para conseguir esa individualización, se implementan una serie de actividades estructuradas a través de programas como prevención del comportamiento violento, entrenamiento en habilidades y competencias sociales, educación parental o inserción formativa y laboral, que responderán a los factores psicosociales que potenciaron el hecho delictivo, así como a las necesidades educativas y de control que conlleva el establecimiento de la medida (Beneitez et al., 2009; Germán y Ocáriz, 2009).

Por otro lado, si acudimos a las estadísticas presentadas por el INE desde 2013 a 2016, observamos en España la estabilidad de los datos respecto al número total de menores condenados, aun con un leve descenso de los 15,048 en 2014 a los 12,928 en 2016. En relación a la comunidad de Andalucía, sí se recoge un decremento paulatino del total de menores condenados, con 2,975 en 2016 frente a los 3,423 de 2013. Por último, en la provincia de Granada las cifras se mantienen en valores similares, oscilando entre los 424 del 2016 y los 396 del 2014. En cuanto a la imposición de la libertad vigilada durante los años registrados, la frecuencia también será semejante a nivel estatal, en la comunidad andaluza y en la provincia de Granada, con unos porcentajes que oscilan entre un 71.70% y un 63.77% en España, del 70.39% al 58.60% en Andalucía y del 89.62% al 81.06% en la provincia de Granada.

En esta línea, el presente estudio trata de observar la prevalencia y la evolución de los menores infractores dentro del régimen de medio abierto de la provincia de Granada, entre los años 2014 y 2017, a partir del análisis descriptivo de algunas variables sociodemográficas, psicológicas y otras sobre la naturaleza delictiva y la tipología de las medidas impuestas. Ante las cifras relativas a la libertad vigilada y a los posibles beneficios que supondría su diseño individualizado desde los equipos profesionales de medio abierto, se enumeran los diversos programas de intervención a los que se adhiere su cumplimiento, así como las áreas del menor sobre las que se incide para reducir el riesgo de reincidencia, tomando en cuenta los factores individuales, sociales y comunitarios que facilitarían o dificultarían el desarrollo de ciertos comportamientos susceptibles de ser penados por la legislación vigente.

Método

Muestra

Para la elaboración del presente trabajo, se tomó como muestra de estudio el total de menores infractores cumpliendo medida dentro del régimen de medio abierto de la provincia de Granada, correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 a través de la información recogida en las cuatro memorias de dicha provincia para el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de carácter nacional. Se registró la información de ese período al corresponder al momento a partir del cual el SIMA es el encargado de gestionar el recurso dentro de las licitaciones por parte de la Junta de Andalucía. Para la selección de los sujetos se utilizaron como criterios de inclusión la imposición de una medida judicial con sentencia firme o cautelar. Atendiendo a las cifras de cada año, se contó con 576 menores en 2014, 734 en 2015, 656 en 2016 y, por último, 725 en 2017, lo que suman un total de 2,691.

Instrumentos

Los datos del estudio se recogieron de las memorias de carácter interno del SIMA de Granada que tienen la finalidad de sintetizar el trabajo realizado desde los diferentes servicios y recursos con los que cuenta el sistema de justicia juvenil andaluz con la población atendida cada año, así como el análisis del perfil de los menores de cara a orientar nuevas perspectivas para la intervención. Este documento es redactado por el equipo de coordinación de la entidad y va dirigido a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Al analizar el formato de dichas memorias, nos encontramos con una estructura similar pero no igual para cada uno de los años, donde algunas variables diferían respecto al anterior tanto en su inclusión (i.e., edad de los adultos con los que convive el menor, interés respecto al futuro o número de hermanos/as) como en su notación (i.e., cifra directa o porcentaje), por lo que de cara a la investigación actual se seleccionaron aquellas que se consideraban relevantes para nuestro propósito y de las cuales contábamos con todos los datos necesarios para reflejar la evolución del perfil sociodemográfico y delictivo de los menores infractores en medio abierto de Granada durante los años de 2014 a 2017. En el caso de que, como se ha indicado, un mismo dato apareciera registrado como porcentaje y en cifras brutas según el año, se recalcularon de cara al presente análisis. Se procedió posteriormente a la distribución de las diferentes variables objeto de estudio en cuatro categorías, las dos primeras relativas al perfil del menor infractor con datos a) sociodemográficos y b) psicológicos; y las dos siguientes en torno al hecho delictivo con cifras sobre c) tipo de delito perpetrado y d) medidas judiciales impuestas.

La primera categoría relativa a los factores sociodemográficos incluye las variables de género, edad, nacionalidad, nivel educativo, estructura familiar, normas parentales y nivel socioeconómico de los menores. En el caso del estilo normativo de los progenitores, el SIMA utiliza la Escala de Parentalidad Positiva de Gómez y Muñoz (2014). Se trata de un cuestionario administrado a los padres con el objetivo de identificar las competencias parentales que utilizan con sus hijos/as en cuatro subescalas: competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas (muestra una consistencia interna con una alfa de Cronbach de .95 y una validez concurrente de hasta un .77). Y respecto al nivel socioeconómico, se establece en función de la ocupación de los progenitores a través de las entrevistas que realiza el equipo técnico de la entidad y bajo su criterio profesional.

La categoría compuesta por las denominadas variables psicológicas recoge datos sobre la presencia de un cuadro clínico previo a la medida y, en caso afirmativo, el tipo de trastorno durante el período de tiempo seleccionado según el diagnóstico recogido en los informes de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Granada.

Una tercera categoría de variables hará referencia a la conducta delictiva, describiendo el tipo de infracción y su calificación jurídica en el Código Penal. Por último, la cuarta categoría se centra en el tipo de medidas judiciales aplicadas a los menores infractores. Dado el citado predominio de la libertad vigilada sobre el resto de las medidas recogidas en la LORPM 5/2000, el estudio especifica a través de qué áreas de intervención social se desarrollan los programas que se adhieren al cumplimiento de la misma.

Procedimiento y Análisis de Datos

Una vez obtenidos los permisos de acceso correspondientes, se procedió al tratamiento de la información siguiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, bajo los estrictos parámetros de confidencialidad y anonimato que la rigen. En la primera fase se seleccionaron y recogieron los datos más relevantes registrados por el SIMA de Granada y se volcaron en una hoja de registro. Después se procedió a la categorización de las variables seleccionadas para la elaboración del estudio contenidas en las memorias de donde se extrae la muestra de la investigación y con posterioridad se trataron estadísticamente mediante el software SPSS 21. En un tercer momento se discutieron y valoraron los resultados obtenidos del período de tiempo comprendido entre los años 2014 y 2017.

Resultados

Variables Sociodemográficas

Según se muestra en la Tabla 1, la mayoría de los menores infractores son varones, concretamente el 80.56% de un total de 2,691 menores. Respecto a la edad, los datos reflejan el momento en el que se cumple la medida, apreciándose los porcentajes más elevados en las franjas de 16-17 años y de 18 o más, mientras que el menor porcentaje (8.42%) aparece en el intervalo de 14 a 15 años. En cuanto al lugar de procedencia, el 85.20% corresponde a menores nacionales y el 14.41% a los de otras nacionalidades. Asimismo, en relación al nivel académico, el 24% incluye menores con educación primaria, el 65.06% con estudios secundarios, aunque sin haberlos finalizado, y un pequeño porcentaje, el 9.66%, estaban cursando bachiller o estudios universitarios. Y acerca de la zona de residencia, el 35.22% de los menores viven en la capital de la provincia de Granada frente al 64.39% que viven en el ámbito rural, incluyendo las zonas de la Costa Tropical y el Valle de Lecrín (si bien estas áreas cuentan también con núcleos urbanos).

Por lo que atañe al nivel socioeconómico, en función de la ocupación de los padres, tan sólo un 4.45% de la muestra provenía de un hogar con ingresos elevados; en el nivel medio se observa un porcentaje que alcanza el 41.58% y el 54.77% en el bajo. Acerca de los datos relativos a las normas parentales extraídos, como se indicó, a partir de la administración de la Escala de Parentalidad Positiva de Gómez y Muñoz (2014) se detecta que el estilo democrático, con un 13.75%, es inferior a otros estilos menos normativos como el ambivalente (31.25%) o el permisivo (45%), englobándose en este último también el estilo sobreprotector; el estilo autoritario, caracterizado por el uso de medios punitivos para favorecer la conducta correcta, alcanzaría un 6%. Sobre el 15% relativo a la subcategoría “sin definir” que aparece en el año 2017, hay que indicar que no se cuenta con datos al respecto en las memorias del 2014 a 2016 (ver Tabla 1). Por último, en referencia a la estructura familiar, un 84.50% de los menores infractores podría incluirse dentro de una subcategoría denominada “familia propia”, compuesta por familia nuclear, extensa, monoparental, reconstituida o independiente, frente al 15.50% de la categoría “familia no propia”, que aludiría a la que en los documentos se designa como “desarraigo”.

Variables Psicológicas

Los resultados indican que del total de menores que componen la muestra el 40.24% presentaban un cuadro clínico diagnosticado desde la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Granada en el momento de la ejecución de la medida. Las cifras se mantienen en valores similares durante el período de estudio (ver Figura 1).

Respecto al tipo de trastorno diagnosticado, el 50.99% corresponden a los denominados problemas externalizantes de conducta, incluyéndose en esta categoría los trastornos desadaptativos de personalidad, la impulsividad-agresividad y las relaciones sexualizadas, mientras el 49.01% se considerarían problemas internalizantes, como la dificultad en la gestión emocional, la sintomatología ansiosa o la depresiva (ver Figura 2). Acerca de las sustancias ilegales consumidas por los menores infractores, la Figura 3 refleja que predomina el consumo de cannabis (39.25%), muy por encima de otras drogas como la cocaína o los estimulantes. La subcategoría sobre el consumo denominada “múltiples drogas” representa el 6%.

Variables Delictivas

En concordancia con la clasificación delictiva propuesta en el Código Penal, analizando las infracciones cometidas por los menores de edad que cumplen medidas en medio abierto durante los años 2014 y 2017 en la provincia de Granada, se puede observar en la Figura 4 que, con respecto a su naturaleza, los delitos de lesiones, los delitos contra el patrimonio (hurto, robo, robo y uso de vehículos, daños y otros contra el patrimonio) y el delito de maltrato familiar/violencia doméstica son los más frecuentes. Aunque las cifras muestran valores similares durante el período de estudio seleccionado, se aprecia un incremento en los datos relativos al año 2015, que concuerdan con la imposición del mayor número de medidas durante los años analizados y con el mayor número de menores infractores, con un total de 734. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en un mismo menor pueden concurrir las medidas por varios delitos.

Variables Judiciales

Los resultados que muestra la Figura 5 indican que las medidas judiciales impuestas con mayor frecuencia a los menores infractores de la provincia de Granada durante el periodo evaluado son la de libertad vigilada, con un 67.46%, seguida de la realización de tareas socioeducativas, en un 14.19%, y las prestaciones en beneficio de la comunidad, con un 12.92%. Si bien es destacable el predominio de estas medidas durante los años de estudio, no obstante, encontramos 68 medidas de tratamiento terapéutico en 2017, lo que supone un incremento en la imposición de la misma respecto a los años anteriores. Es necesario puntualizar que a la hora de interpretar los datos hay que contar con que algunos menores cumplen varias medidas, siendo de esta manera más alto el número de las medidas impuestas que el de la muestra total de los menores infractores objeto del presente trabajo.

Discusión

En el presente estudio se ha descrito un conjunto de variables sociodemográficas que trata de responder a la postulada multicausalidad del comportamiento delictivo de los menores, congruente con trabajos previos que reflejan la diversidad de factores que intervienen en el desarrollo de la conducta de los infractores en esta etapa evolutiva (Arce, Seijo, Fariña y Mohamed-Mohand, 2010; García et al., 2012). A partir de los resultados expuestos consideramos necesario mantener el abordaje de este fenómeno social desde una perspectiva integral, como apuntan las investigaciones de Morales (2008) y especialmente a partir de modelos de riesgo-protección focalizados en la criminología y orientados a la rehabilitación, como el de Andrews y Bonta (2010), más si cabe por la todavía insuficiente literatura en castellano sobre dicho fenómeno.

En consonancia con estudios anteriores se observan en esta muestra valores de las variables individuales que tienden a repetirse entre los menores infractores, como el género y la edad, siendo los varones de entre 16 y 18 años los que cometen infracciones penales con más frecuencia (Antolín-Suárez, 2011; Bringas et al. 2010; Hernanz, 2011). Resultaría interesante entonces reconsiderar la idea de rebajar la edad de responsabilidad penal a los menores frente a la opción de adoptar políticas y herramientas con un carácter más preventivo que punitivo en la línea de lo reflexionado en los trabajos de Martínez, Estévez, Jiménez y Velilla (2015). Asimismo, los datos confirman un predominio de menores infractores de origen nacional frente a los no nacionales. Cifras de nuevo acordes con la literatura previa que señalan, no obstante, la excesiva representación de los menores extranjeros en el sistema de justicia juvenil, teniendo en cuenta el porcentaje total que suponen dentro de nuestras fronteras (Fernández et al., 2015; García et al., 2012).

Asimismo, como se indicaba, en la línea de las investigaciones centradas en factores de riesgo y protección, los resultados muestran la conducta delictiva asociada a un entramado de variables que interactúan entre sí (Andrews y Bonta, 2010; Antolín-Suárez, 2011; Ortega et al., 2016). Respecto al nivel educativo de los menores, dichos datos reflejarían la vinculación entre el bajo nivel académico y el comportamiento antisocial, revelándose aquel como un buen predictor de la comisión de delitos (López y Rodríguez, 2012; Moffitt et al., 2011; Murray y Farrington, 2010). Por otra parte, a pesar de no poderse establecer una relación causal dada la naturaleza descriptiva del trabajo, destacará en la presente muestra la elevada clasificación de los menores en un nivel socioeconómico medio, junto a la cifra de los de nivel socioeconómico alto y de los que se encuentran cursando estudios superiores –aunque en ambos casos muy reducidas–. Autores como Pereira y Bertino (2009) analizan la aparición de estos nuevos perfiles en el delito de violencia filioparental señalando su vínculo con estilos de crianza permisivos y sobreprotectores que dificultarán la adquisición de habilidades de autocontrol en los hijos. En la misma dirección observamos la mayor representación entre estos menores infractores de un inadecuado estilo educativo parental, en general escasamente normativo, descrito en la literatura como uno de los factores de riesgo en la delincuencia juvenil (Aguilar Cárceles, 2012; Jiménez et al., 2005; Sala y Ferrando 2017).

En relación a la denominada variable psicológica, los presentes datos de nuevo son coherentes con la literatura previa, señalando la asociación entre los problemas externalizantes, en especial de la impulsividad, y la comisión de delitos; así, se detecta un elevado número de menores con un cuadro clínico diagnosticado desde los servicios especializados de salud mental en el momento de la imposición de la medida (Sanabria y Uribe Rodríguez, 2010). De la misma forma, se mantiene en esta etapa la relación informada entre el consumo y abuso de sustancias psicoactivas y una mayor probabilidad de delinquir o de sufrir trastornos del comportamiento, como los vinculados a la falta de control de impulsos (López y Rodríguez-Arias 2012). En la actualidad, cuando la medida de tratamiento terapéutico se impone ante el consumo perjudicial de sustancias, los recursos se articulan a través de la derivación por parte de los psicólogos y técnicos del SIMA al Centro Provincial de Drogodependencias, desde donde se lleva a cabo el control periódico de tóxicos con la supervisión de las distintas áreas relativas al contexto familiar, al grupo de iguales y al entorno sociocomunitario con las que correlaciona ese consumo, tratando de incidir en los hábitos que minimizarían una posible recaída. Por ello, en la línea de las conclusiones establecidas por otros trabajos, el diseño y fortalecimiento de las estrategias globales para la prevención del abuso de sustancias por parte de los menores podría contribuir a la reducción de las tasas de delincuencia entre esta población (Germán y Ocáriz, 2009).

Respecto a la variable delictiva, el presente estudio es congruente con las estadísticas nacionales de fuentes oficiales como el INE y la Fiscalía de Menores los años 2014, 2015, 2016 y 2017, o con los resultados de los estudios de Cuervo et al. (2015) al reflejar que un alto porcentaje de las infracciones que cometen los menores son contra la propiedad, siendo el más frecuente el delito contra el patrimonio, seguido del delito de maltrato y violencia familiar y del delito de lesiones; las mismas conclusiones extraen Sala y Ferrando (2017) sobre el perfil de los menores infractores en Valencia. Así, en la línea de lo expuesto por Gómez (2017) en su trabajo sobre la alarma social generada por estos delitos y teniendo en cuenta la naturaleza de buena parte de dichas infracciones, se podrán cuestionar las reformas orientadas hacia el endurecimiento de las medidas y la disminución de la edad penal como vía preventiva, considerando los presupuestos educativos esenciales que inspiraron la LORPM 5/2000. Acerca de las medidas judiciales impuestas y dentro del amplio abanico de las recogidas en la LORPM 5/2000, la libertad vigilada será la más aplicada en la provincia de Granada, a semejanza de los datos presentados por García et al. (2012) para el territorio nacional. Observamos que, a pesar de que la citada ley la sitúa como la segunda más punitiva después del internamiento, en la práctica parece ser la que más se ajusta al principio del interés superior del menor mediante una intervención que abarca distintos contextos de desarrollo del sujeto y a la que se suscribe la obligatoriedad de cumplir reglas de conducta diversas (Beneitez et al., 2009; Germán y Ocáriz, 2009). Así, dicha medida se asociará a contenidos socioeducativos, pedagógicos y de control que se ejecutan en el propio medio sociofamiliar del individuo, incidiendo especialmente en la supervisión del ámbito familiar y las normas parentales, por su relación con la tipología de los delitos y la vinculación con la conducta disruptiva de los menores, como se ha indicado. Valorando que la mayoría de los menores infractores carecerían de un adecuado estilo de crianza entre sus progenitores, resultará fundamental este aspecto del trabajo con las familias y su implicación en el cumplimiento de tales medidas, debido a su papel determinante como factor de protección o de riesgo (López y Rodríguez-Arias, 2012). Pereira y Bertino (2009) resaltan como la desestructuración familiar provoca un notable déficit educativo, especialmente en la imposición y mantenimiento de un eficaz sistema normativo y, por ende, la posible correlación con la aparición de la conducta delictiva, en su caso con la violencia filioparental.

Buscando entonces hacer efectivo el carácter educativo que persigue la ley a través del tratamiento individualizado que demandan las diversas necesidades personales, familiares, escolares y sociales de los menores, en la libertad vigilada se trabaja desde el medio abierto con diferentes programas sobre promoción de la salud y calidad de vida o el comportamiento prosocial, la inserción formativo-laboral y la capacitación familiar. Con el objetivo específico de conseguir una mayor prosocialidad en los menores, los contenidos se abordan mediante talleres de prevención de la conducta violenta, competencias sociales y educación en valores, sin olvidar el trabajo fundamental llevado a cabo en el ámbito familiar (Sala y Ferrando, 2017).

Por otra parte observamos que, después de la libertad vigilada, las medidas más aplicadas en la provincia de Granada son las tareas socioeducativas y la prestación en beneficio de la comunidad. Coincidiendo con lo apuntado por Becerra (2008), tales medidas, a pesar de la limitación temporal que suponen respecto a la libertad vigilada, pueden favorecer el abordaje de determinadas áreas de desarrollo del menor buscando una mejora de su conducta prosocial a través de talleres de entrenamiento en habilidades sociales, control de la impulsividad, resolución de conflictos o promoción de la inteligencia emocional, así como la supervisión y apoyo de las competencias curriculares mediante el refuerzo escolar y la adquisición de técnicas de estudio. La medida de prestación en beneficio de la comunidad se centraría en el aprovechamiento de un recurso específico normalmente ligado a conseguir un mayor ajuste e integración social. Dichas medidas no privativas de libertad contribuyen a la prevención de nuevos delitos al detectarse una reducción de las tasas de reincidencia de estos menores infractores tras su imposición (García et al., 2012; Redondo, Martínez y Andrés, 2012).

En conclusión, las aportaciones del presente estudio se centran en la descripción del perfil sociodemográfico, los actos delictivos cometidos y las medidas judiciales impuestas a los menores infractores de la provincia de Granada de 2014 a 2017. No obstante, cabe señalar sus limitaciones partiendo de la heterogeneidad de variables que se recogían durante el periodo seleccionado en las memorias de donde se extrae la información expuesta, tal y como se menciona en el apartado de metodología. En esta línea, no ha podido incluirse la variable relativa a la reincidencia en los menores ya que no aparecía registrada de manera clara en las mismas. Teniendo en cuenta su importancia como indicador principal de la efectividad de las medidas y de la supuesta transitoriedad de estos comportamientos en la adolescencia, sería recomendable que futuros estudios mantuvieran como objetivo su análisis junto al de la reinserción de esta población de cara al diseño, si es necesario, de nuevas perspectivas de intervención, así como valorar la eficacia de los recursos alternativos al internamiento. Por otra parte, cabría reflexionar sobre la relevancia de mejorar el tratamiento de la información que realizan los medios de comunicación visibilizando como, del conjunto de delitos cometidos por los menores, la mayoría son contra la propiedad y no contra las personas. Quizá entonces disminuiría la inquietud y la alarma social que provocan en la actualidad.

Para finalizar, a partir de este trabajo se pretende realizar una investigación comparativa entre la provincia de Granada y la Comunidad Autónoma de Asturias, con el fin de comprobar si aparecen diferencias significativas en torno a las variables sociodemográficas y delictivas que derivarían de cuestiones geográficas y poblacionales, teniendo en cuenta los flujos migratorios de una y otra o su desarrollo socioeconómico; se considerará también si los delitos cometidos y las medidas impuestas se asociarían a otros condicionantes de tipo político o educativo, introduciendo nuevas variables además de las expuestas en el presente estudio. De cara a la prevención de la reincidencia, asimismo habrá que observar los programas y actividades desarrollados desde los servicios de medio abierto en los distintos territorios para hacer efectivo el cumplimiento de la medida judicial y qué resultados se obtienen. Se sistematizará entonces la recogida de información para el análisis de la relación y peso de las variables comunes halladas.

Extended Summary

Social concern about offenses committed by minors has been reflected in the changes of the Organic Law 8/2006, which modifies the Organic Law 5/2000 regulating minors’ criminal responsibility in Spain. On the one hand, people’s pressure has been observed toward the increase of punishment severity even when official data (e.g., from Juvenile Prosecution) reflects that the majority of crimes perpetrated by minors are against properties; likewise, the more punitive the measure the lower the success rates (Cuervo, Villanueva, González, Carrión, & Busquets, 2015). On the other hand, delinquent minors are a heterogeneous group and their behavior is associated with multiple variables, whereby it should be analyzed in a comprehensive way that recognizes its multi-causality (García, Zaldívar, Ortega, De la Fuente, & Sáinz-Cantero, 2012; Morales, 2008).

As a result, a large amount of scientific literature has focused on the explanatory variables that might determine the development of minors’ delinquent behavior, framed in a risk and protection factors based model (Aguilar 2012; Antolín-Suárez, 2011). There is the case of the Risk-Need-Responsivity Model by Andrews and Bonta (2010) or the Social Development Model, which contends that minors’ individual, family, peer, school, or community environments are the contexts where these factors emerge and develop. Moreover, the inter-relation of minors’ agents of socialization and variables associated with family climate and educational parenting style, adaptation to the group of partners and friends or academic performance, and the reciprocity of such factors with the broader environmental ones where the previously-mentioned minors’ socialization is carried out have been observed (Bringas, Rodríguez, Gutiérrez, & Pérez Sánchez, 2010; López & Rodríguez, 2012).

Hernanz’s (2011) study on juvenile delinquency in Spain reports about the stability of certain prevalent characteristics in the criminological profile of juvenile offenders. On the one hand, among socio-demographic variables, disruptive conduct is more frequent among males in the late adolescence stage (Instituto Nacional de Estadística - INE, 2016) confirming the tendency exhibited in other studies (Antolín-Suárez, 2011). Furthermore, 80% of penal infractions would be perpetrated by Spaniards. On the other hand, diverse individual psychological characteristics seem to be associated to the development of criminal events, such as to be diagnosed with behavioral disorders (Sanabria & Uribe, 2010). In the family context, they would emphasize the effect of a dysfunctional home or the absence of a suitable democratic parental style, as well as the influence of a low socioeconomic level, framed in a cultural context, what might operate in a determining way like risk or protector factor for the minor (Hein, Blanco & Mertz, 2004; Sanabria & Uribe, 2010). With regard to the educational variables, the link between low academic level and antisocial behavior has been extensively analyzed (López & Rodríguez-Arias, 2012; Murray & Farrington, 2010). As for the criminal act itself, and with regard to measures that could be imposed against these minors, as contemplated in LORPM 5/2000 and reflected in INE’s data, supervised release continued to be the most frequent of them within the opened options compared to others in the wide range of resources that law presents, such as socio-educational tasks or community services. Although law confirms that this is the second level of punitive severity, García et al. (2012) indicate that it could be a measurement that allows to continue living in freedom with the supervision of a social worker in the open resources team and that it might, because of its contents, allow a better adaptation of the intervention to the peculiarities of each adolescent (Beneitez, Molina, & Jiménez, 2009).

The aim of the present study is to describe the frequency and the evolution of some socio-demographic and psychological variables besides those concerning the nature of criminal action and the typology of the imposed legal measurements in order to draw a profile of the delinquent minor in Spain. The sample included offenders who were complying with this measure in the Open Resources centres of Granada province between 2014 and 2017. Data was obtained from the four annual reports of internal character of the Integral Service of Open Resources of Andalusia. Nevertheless, it was noticeable, when the memoranda were reviewed, that even with a similar format they have not an equal structure each year: some variables were changing with regard to the previous year. Then we selected one of these variables that would agree with our goal and we were provided with all the necessary information to reflect the evolution of the socio-demographic and criminal profile. Selected variables were classified in four categories: socio-demographic, psychological, criminal, and justice category; later they were analyzed by means of SPSS 21 software.

Results of the study are discussed, noting the coincidence with former literature. Concerning socio-demographic variables, we could describe a profile in which males in the late stage of the adolescence period –16-18 years old– (80.56% of the whole 2,691 minors) and Spaniards predominate (85.20%) (Antolín-Suárez, 2011; García et al., 2012; Hernanz, 2011). As for the educational level, results agreed to other studies’ when they indicate the relationship between low academic achievement and antisocial behavior (López & Rodríguez-Arias, 2012). With respect to the psychological category, data again agree with previous research about the relationship between problems of impulsiveness and criminal conduct, as well as the great number of inobservant minors. Information about parental practices shows that the democratic style, with 13.75%, is lower than other less normative styles like the ambivalent style (31.25%) or the permissive educational style (45%) including the overprotective style. The analysis of the criminal variable is also according to the official reports of public institutions like INE or Juvenile Prosecution, showing how a high number of crimes is against property, followed by family maltreatment and injuries (Cuervo et al., 2015; Sala & Ferrando, 2017).

Along the same line, the present study emphasizes the supervised release as the most frequently applied with 67.46% of all measures. Although LORPM 5/2000 states, as mentioned above, that this is the second most punitive measure, in practice it seems to be the one that best fits a minor’s highest interest principle through an intervention that includes different areas of work, as health, family, social competences with peers, educational, and community settings. In conclusion, data allow us to characterize the sociodemographic profile, the committed infractions, and the judicial imposed measurements on juvenile offenders in Granada province from 2014 to 2017. These studies reinforce the utility of including instruments to evaluate the relapse and reintegration of minors in the community as a way to promote educational, social, and political opportunities that would point at the efficacy of judicial measures.