Artículo Breve: El Género en el Análisis de la Violencia contra las Mujeres en la Pareja: de la “Ceguera” de Género a la Investigación Específica del Mismo

Hace algo más de dos décadas, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104; ONU, 1994) situó la violencia contra las mujeres (VAW, por sus siglas en inglés) en el marco de los derechos humanos (Heyzer, 2000), culminando el proceso de reconocimiento de esta violencia como problema social (frente a su consideración tradicional como problema privado). Un análisis detallado de este proceso y del papel desempeñado en él por el movimiento feminista ha sido descrito en diferentes trabajos (De Miguel, 2005, 2008; Ferrer y Bosch, 2006).

Además, esta declaración reconoció de forma explícita que la VAW está basada en el género, esto es, que hay violencia que es ejercida por los varones contra las mujeres por el mero hecho de serlo y por la posición social que ocupan unos y otras en razón de los condicionantes que introduce el género (esto es, roles y posición social subordinada en el caso de las mujeres, roles y posición social dominante en el caso de los varones), de modo que el factor de riesgo de padecer estas violencias sería, precisamente, ser mujer (Heyzer, 2000). En este mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Consejo de Europa, 2011) reconoce este condicionante de género en su artículo 3.

Estos dos ejemplos constituyen una muestra de cómo la VAW es actualmente considerada por los diferentes organismos internacionales (ONU, ONU-Mujeres, OMS, UE, EIGE, etc.) y también por numerosos Estados (entre ellos España), como una violación de los derechos humanos y como un grave problema social, cuya causa última es la desigualdad de género (García-Moreno et al., 2005; Heise, 2011; Jewkes, Flood y Lang, 2015).

De entre todas la formas de VAW descritas (ONU, 2006), la más común es aquella que ocurre en la pareja (DeVries et al., 2013; FRA, 2014; García-Moreno, Jensen, Ellsberg, Heise y Watts, 2006; OMS, 2013; Stockl et al., 2013), esto es, aquella ejercida por un varón contra una mujer que es o ha sido su pareja sentimental. Precisamente por su elevada prevalencia, esta es también una de las formas de VAW a la que se ha dedicado mayor atención.

Una muestra de ello serían las leyes impulsadas para hacer frente a esta violencia contra las mujeres en la pareja (IPVAW, por sus siglas en inglés), que se hallan, por ejemplo, recogidas en la Global Database on Violence Against Women (UN-Women, 2016). En el caso de España, la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004, de 28 de diciembre), que entró en vigor en 2005, se centra precisamente en la IPVAW y recoge explícitamente su consideración como problema social basado en el género.

Además de este reconocimiento normativo de la IPVAW como violencia basada en el género, las pruebas procedentes de encuestas sociológicas sustentan de modo consistente que la VAW y la IPVAW constituyen un “problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas” (OMS, 2013, p. 7) que afecta a la vida y la salud de las mujeres y las niñas. A modo de breve resumen, a continuación se presentan algunas cifras al respecto.

El Estudio multipaís sobre la salud de las mujeres y la violencia doméstica (García-Moreno et al., 2006), desarrollado por la OMS, recogió información sobre diferentes aspectos de la violencia contra las mujeres, principalmente en la pareja, empleando una metodología común que combinaba elementos cuantitativos y cualitativos y que fue aplicada a más de 24,000 mujeres de 15 entornos ubicados en 10 países. Sus resultados indicaron que el porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y habían sufrido violencia física o sexual o ambas a manos de esta a lo largo de su vida oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%.

El documento Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud (Devries et al., 2013; OMS, 2013) constituye una revisión sistemática de datos científicos sobre prevalencia de la violencia contra las mujeres y recoge información de 141 estudios realizados en 81 países, constatando que casi un 30% de las mujeres de 15 o más años que habían tenido una relación de pareja había experimentado durante su vida violencia física o sexual a manos de su pareja sentimental (desde un 41.8% en los países occidentales del África subsahariana, hasta un 16.3% en los países del este de Asia). Para Europa, la prevalencia oscila entre un 19.3% en Europa occidental y un 27.9% en Europa central.

La European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 2014) entrevistó a 42,000 mujeres de los 28 países de la UE, mostrando que, de entre todas las mujeres mayores de 15 años que tenían o habían tenido una pareja sentimental, el 22% había experimentado violencia física y/o sexual (el 8% a manos de su pareja actual y el 26% a manos de una pareja anterior).

En España, diferentes encuestas (DGVG, 2015; FRA, 2014; Medina-Ariza y Berberet, 2003; Meil, 2005; Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad, 2012; Ruiz-Pérez et al., 2010; Zorrilla et al., 2010) han mostrado que entre el 10% y el 20% de las mujeres han experimentado IPVAW en algún momento de su vida y entre el 3% y el 15% en el año previo a la realización de la encuesta. Además, en España disponemos de dos fuentes para la recogida sistemática de datos que complementan aquellos procedentes de encuestas: por una parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, 2018a) recoge anualmente las denuncias sobre IPVAW y esta información indica que desde la entrada en vigor de la LO 1/2004 en 2005 y hasta 2017 se han interpuesto en España más de 1,600,000 denuncias por esta causa; por otra parte, el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG, 2018) recoge la cifra de mujeres asesinadas por su pareja o expareja masculina y para ese mismo período arroja una cifra de 785 mujeres asesinadas (con una media de 60 mujeres al año y un rango que va de las 76 mujeres asesinadas en 2008 a las 45 en 2016).

Cabe remarcar que algunos documentos e informes sobre violencia en la pareja contemplan también la violencia ejercida por la mujer sobre el varón. En este sentido, el Informe mundial sobre violencia y salud de la OMS señalaba en su capítulo sobre violencia en la pareja (Heise y García-Moreno, 2003) lo siguiente:

En este mismo sentido, el ya mencionado Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Consejo de Europa, 2011) apunta que “las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de violencia basada en el género” (p. 4) y que la violencia que se produce en la familia o en el hogar o entre cónyuges “afecta a las mujeres de manera desproporcionada” (p. 4), si bien los hombres también pueden ser víctimas de ella.

A modo de ejemplo, disponemos de algunos datos aproximativos para el caso de España. Así, el CGPJ (2018b) informa que, del total de asuntos con medidas cautelares dictadas inscritos en el Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género entre 2011 y 2017, 199,944 asuntos correspondieron a varones denunciados por IPVAW y 9,067 a mujeres denunciadas por alguna forma de violencia doméstica (incluyendo bajo este epígrafe cualquier forma de violencia ejercida en el entorno familiar y no sólo aquella dirigida hacia la pareja), es decir, estaríamos hablando de una proporción de 22 varones por cada mujer. En cuanto a víctimas mortales, los datos que proporciona esta mismo organismo (CGPJ, 2018c) muestran que, entre 2003 y 2015, 828 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja masculina y 72 varones murieron a manos de su pareja o expareja femenina (92% mujeres y 8% varones).

En definitiva, la pruebas documentales y sociológicas disponibles muestran hasta qué punto la IPVAW es un problema altamente prevalente y señalan su direccionalidad habitual: es una violencia mayoritariamente perpetrada por hombres y padecida por mujeres (y sus hijos e hijas) (Consejo de Europa, 2011; Devries et al., 2013; FRA, 2014; García-Moreno et al., 2006; Heise y García-Moreno, 2003; OMS, 2013; Stockl et al., 2013).

La IPVAW en la Literatura Científica: ¿Análisis “Ciegos al Género”?

A pesar de todo lo señalado, un volumen no menor de investigación y literatura científica reciente sobre IPVAW sigue desarrollándose desde lo que se ha denominado “ceguera de género”. En primer lugar se procederá a clarificar este concepto, para pasar posteriormente a aportar pruebas al respecto.

A modo de resumen, puede decirse que en el contexto del feminismo académico y los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género (EMFG) el concepto de androcentrismo se emplea para referirse a una visión del mundo que toma al hombre como centro y medida de todas las cosas, partiendo de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que ha de generalizarse para el conjunto de la humanidad (Ferrer y Bosch, 2004, p. 253). Este androcentrismo puede afectar tanto a la práctica concreta de la investigación como a la posterior construcción de planteamientos teóricos, ha estado presente en todas las ramas del saber (García-Calvente, 2010) y su aplicación propicia la aparición de los denominados sesgos androcéntricos (Delgado, 2017; Ferrer, 2017). El elemento común subyacente a estos sesgos es la invisibilización de los efectos derivados de los condicionantes de género (lo que incluye, entre otras cosas, invisibilizar a la mujer, su realidad y problemas o sus aportaciones) (Díaz y Demo, 2013; Ferrer y Bosch, 2004) y su máximo exponente es lo que se ha dado en llamar investigación “ciega” al género o “ceguera de género” (gender blindness), esto es, aquella investigación que no tiene en cuenta la dimensión de género como categoría significativa para el abordaje e interpretación de los problemas de investigación, bien sea por falta de formación, por considerar que el género no está relacionado con ese problema o por otro tipo de razones (incluyendo las posibles resistencias a asumir este punto de vista) (Biglia y Vergés, 2016; Caprile, 2012; Comisión Europea. 2004, 2009; García-Calvente, 2010).

Como señala Vázquez (2014), la no inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones que se realizan tiene o puede tener efectos negativos, principalmente a nivel ético. Este mismo argumento es sostenido por el Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2016) al afirmar que: “El abordaje desde el género constituye un reto para cualquier profesional de la salud mental, ya que se convierte en una obligación ética” (p. 5).

Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, son muchos los casos en los que las aproximaciones a la IPVAW no tienen en consideración esta perspectiva. Esta circunstancia queda de manifiesto, por ejemplo, en la revisión de Bradbury-Jones, Appleton, Clarke y Paavilanen (2017), quienes tras el análisis de la literatura publicada en Europa sobre VAW constatan que el mayor número de trabajos sobre el tema se referían a la IPVAW y no explicitaban la naturaleza generizada de la investigación realizada; esto es, no quedaba suficientemente acreditado que tales investigaciones hubieran incorporado a su quehacer la perspectiva de género.

Esta ausencia se concreta, por una parte, en los marcos teóricos empleados para el análisis de este problema. Así, uno de los más empleados es la denominada perspectiva de la violencia o el conflicto familiar, formulada por Straus y cols. en la década de 1980 (Straus y Gelles, 1988a, 1988b; Straus, Gelles y Steinmetz, 1980), que considera la violencia en la pareja como producto cultural derivado de factores sociales organizacionales que suponen una respuesta intermitente a conflictos emocionales de la rutina diaria relacionados con el equilibrio de poder dentro de la familia y causados por la necesidad de controlar la situación. Así, se entiende que: el origen de esta violencia está en la crisis de la institución familiar generada por estresores externos y por los cambios a los que está sometida, los comportamientos violentos tienen un patrón relacionado con la vida familiar que no aumenta con el tiempo, la violencia es bidireccional, de modo que hombres y mujeres son violentos y responsables de la violencia por igual (se habla, por tanto, de “violencia recíproca”, “violencia simétrica”, “violencia cruzada” o “combate mutuo”) y se enfatiza el papel causal de los factores comunes a unos y otras (como los procesos de toma de decisiones o los patrones de interacción y comunicación). Se especifica, eso sí, que las mujeres (debido a su menor fuerza física, a recibir violencia durante el embarazo, etc.) sufren más las consecuencias de esta violencia, por lo que requieren un mayor nivel de atención (Holt, Buckley y Whelan, 2008).

Las premisas conceptuales y metodológicas que se derivan de este punto de vista (por ejemplo, el uso de las diferentes versiones de la Conflict Tactic Scale) se han aplicado en múltiples trabajos con población general adulta (v.g., Graña y Cuenca, 2014; Moral de la Rubia y López, 2012; Moral de la Rubia, López, Díaz-Loving y Cienfuegos, 2011, 2014; Straus, 2011, 2015) y adolescente (v.g., Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Fernández-González, O’Leary y Muñoz-Rivas, 2013; Hernando, García y Montilla, 2012; Pazos, Oliva y Hernando, 2014; Rubio-Garay, López, Saúl y Sánchez Paniagua, 2012). Los resultados de estos trabajos sugieren que la violencia en la pareja, especialmente entre los más jóvenes, es simétrica e incluso que ellas son más violentas que ellos (sobre todo en lo que a violencia psicológica se refiere).

Estos planteamientos han sido analizadas críticamente y en muchos aspectos cuestionados por diferentes trabajos previos (Delgado, 2014a, 2014b, 2017; Ferrer y Bosch, 2005). A modo de ejemplo, cabe recordar, como resume Delgado (2017), que uno de los problemas más graves en el diseño de una investigación es, precisamente, la exclusión de aquellas variables que son relevantes en los modelos resultantes y, dado el peso del género en la estructura social, cabe pensar que cualquier propuesta que excluya esta categoría social estaría abocada a la producción de modelos explicativos deficientes o sesgados (Anderson, 2005). Por otra parte, como sigue recordando esta misma autora (Delgado, 2017), la American Educational Research Association, el National Council on Measurement in Education y la American Psychological Association (AERA, NCME y APA, 2014) definen los estándares que deben darse las mediciones en el ámbito de la psicología y la educación y señalan tres condiciones imprescindibles que han de cumplir, esto es, la fiabilidad, la validez y la justicia o equidad. Así pues, el control del error en la medición es importante, pero también lo son los aspectos éticos y sociales, de modo que los aspectos consecuenciales de la validez deben tenerse también en cuenta, y que para que una medida pueda llegar a ser considerada como científica es preciso verificar que no genera injustificadamente un impacto adverso a un grupo social frente a otro. A la vista de estas puntualizaciones, cabe pues preguntarse si, aunque sean impecables desde un punto de vista métrico, existen suficientes pruebas basadas en su contenido, en su relación con otras variables, en los procesos de respuesta que implican, en su estructura interna y en las consecuencias sociales de su uso como para considerar que ciertos instrumentos (como el CTS) son idóneos para evaluar la IPVAW o si, quizás, estos instrumentos están analizando constructos distintos de la IPVAW (Ferrer y Bosch, 2005). En definitiva, estas críticas podrían resumirse señalando que:

Adicionalmente cabe recordar también que, más allá de los planteamientos teóricos o metodológicos o de los resultados de determinados estudios, la VAW y la IPVAW siguen ocurriendo y generando consecuencias para las mujeres y la niñas (Devries et al., 2013; DGVG, 2015; FRA, 2014; OMS, 2013; Stockl et al., 2013) y cada vez más para las más jóvenes (Rodríguez-Franco et al., 2016). Es decir, hay una contradicción importante entre la realidad y los resultados de muchos de los estudios psicológicos y de autoinforme (Delgado, Estrada y López, 2015).

La Incorporación de la Perspectiva de Género o Feminista como Alternativa para el Estudio de la IPVAW

Ante la “ceguera” al género y sus efectos, los EMFG ofrecen alternativas epistemológicas y metodológicas para la construcción de un conocimiento libre de androcentrismo (Ferrer, 2017). Entre las primeras, como alternativa para la superación del pensamiento androcéntrico y los sesgos que de él se pueden derivar, se propone la incorporación de la perspectiva de género. Esta perspectiva (también denominada enfoque de género, visión de género o mirada de género) implica una visión crítica, explicativa y alternativa que proviene del feminismo y genera un marco de análisis que toma en consideración las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito del devenir social, de la investigación y de las políticas públicas (Ariño et al., 2011; Biglia y Vergés, 2016; EIGE, 2018). Precisamente por esa visión crítica, cuyo objetivo último es desarticular los discursos y prácticas que tratan de legitimar con (supuestos) argumentos científicos la dominación por razón de género (Montero, 2006), Pujal y García-Dauder (2010) se refieren a esta perspectiva como de género o feminista, dejando explícito su origen.

A modo de resumen, puede decirse que aplicar esta perspectiva de género implica reconocer y tener en cuenta (Gamba, 2009; Hollander, Renfrow y Howard, 2011; Mayorga, 2014; Miville y Fergusson, 2014; Smith, 2013) que: a) entre varones y mujeres han existido y aún existen desigualdades y discriminaciones históricas que generan brechas de género, b) se establecen unas determinadas relaciones de poder, en general, favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres y c) estas relaciones han sido construidas social e históricamente, condicionan la vida y los roles desempeñados por mujeres y hombres, atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras (como las que se derivan de la clase social, la etnia, la edad, la preferencia sexual o la religión).

La incorporación del género (y de la perspectiva de género o feminista) a la investigación puede hacerse de dos modos principales (Caprile, 2012; Comisión Europea. 2004, 2009): realizando investigación sensible al género, en la que la categoría género se toma en consideración de modo sistemático a lo largo de todo el proceso investigador, o realizando investigación específica de género, en la que el género se convierte en el propio objeto de estudio.

Por lo que se refiere a la IPVAW, aplicar la perspectiva de género o feminista a este ámbito supondría, en primer lugar, partir de modelos teóricos que incorporen el género y las desigualdades de género como núcleos explicativos clave para esta violencia. Este tipo de modelos irían en la línea de los documentos y declaraciones ya mencionados y del mainstream científico. Así, actualmente hay coincidencia en considerar que el análisis de la VAW y la IPVAW debe ser realizado desde modelos explicativos multicausales (Harway, 2002; Heise, 2011; ONU, 2006; Rodríguez-Menés y Safranoff, 2012). La característica común a estos modelos es que, aunque pueden diferir en la importancia que asignan a los diferentes factores individuales y sociales que incorporan, todos ellos entienden esta violencia como un fenómeno complejo, que sólo puede ser explicado a partir de la intervención de un conjunto de factores específicos en el contexto general de las desigualdades de poder entre varones y mujeres en los niveles individual, grupal, nacional y mundial (ONU, 2006). Es decir, estos modelos no sólo toman en consideración múltiples factores que contribuyen a la génesis y/o mantenimiento de esta violencia, sino que consideran que el género, las relaciones de género y las normas socioculturales y expectativas de rol de género, que sostienen la dominación masculina y la subordinación femenina y contribuyen a perpetuar la violencia, desempeñan un papel clave en la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer (Anderson, 2005; APA, 1999; Heise, 2011; Koss et al., 1994; ONU, 2006).

En segundo lugar, por lo que se refiere al concepto, el Informe mundial sobre violencia y salud de la OMS (Heise y García-Moreno, 2003), ya mencionado, apunta que “Investigaciones recientes realizadas en los países industrializados indican que las formas de violencia infligida por la pareja que se observan no son las mismas para todas las parejas que experimentan conflictos violentos” (p. 102). Es decir, existirían diferentes tipos de violencia en la pareja.

Una aportación clarificadora en este sentido es la propuesta de Johnson y cols. (Johnson, 1995, 2011; Kelly y Johnson, 2008), quienes plantearon la necesidad de establecer diferencias entre tipos de violencia y, principalmente, entre la violencia situacional y el terrorismo íntimo.

La violencia de pareja situacional (también denominada violencia de pareja común, violencia marital o maltrato marital) ocurre cuando los conflictos de pareja surgidos por diferentes motivos (incluida la gestión de la ruptura de la pareja) e inadecuadamente resueltos se convierten en discusiones en las que la ira y la frustración pueden llegar ocasionalmente a estallar y convertirse en una agresión (incluso física), pero no forman parte de un patrón general de control coercitivo, sus consecuencias son menos graves y, en general, su incidencia y riesgo disminuyen tras la ruptura. Esta sería la forma más común de violencia en la pareja, suponiendo en torno a un 90% de la identificada (Muñoz y Echeburúa, 2016) y puede ser perpetrada tanto por hombres como por mujeres. En opinión de Johnson (2011), las características metodológicas de las investigaciones desarrolladas desde la perspectiva de la violencia o el conflicto familiar en contextos comunitarios generarían resultados que se refieren a esta violencia.

El terrorismo íntimo o control coercitivo violento, en cambio, sería un patrón de comportamiento habitual coercitivo, que incluye una combinación de violencia física y/o sexual con tácticas de control, amedrentamiento y amenazas (incluyendo, entre otros, el abuso económico o emocional, el uso de los niños/as, las amenazas y la intimidación, la invocación de privilegios masculinos, el control continuo del tiempo, los recursos económicos o el espacio, la culpa de la víctima, etc.) y que va en aumento, de modo de se produce una escalada de violencia cada vez de mayor intensidad hasta llegar, incluso, al asesinato o femicidio íntimo (OPS, 2013), que es aún más probable tras la separación. Este tipo de violencia tiene una finalidad concreta (lograr el control y ejercer poder sobre la otra persona y causarle miedo), constituye una expresión de la situación estructural de desigualdad, poder y dominio de los hombres sobre las mujeres propia de una sociedad patriarcal y en su origen desempeñan un papel destacado las creencias sexistas y la misoginia. Esta violencia constituye pues una forma de violencia basada en el género y es ejercida por quienes detentan el poder, los varones, y padecida por quienes se hallan en una posición social de subordinación, las mujeres. Este tipo de violencia se correspondería con lo que se ha venido denominando IPVAW (Johnson, 2011) y en contextos comunitarios es mucho menos común que la violencia situacional, suponiendo en torno a un 10% de toda la violencia identificada; sin embargo, destaca mucho más en otros contextos (como refugios o casas de acogida, entornos judiciales o policiales, etc.) (Muñoz y Echeburúa, 2016) y tiene, además, consecuencias mucho más graves que aquella. En ocasiones, esta forma de violencia podría llegar a derivar en lo que Johnson y cols. (Kelly y Johnson, 2008; Johnson, 2011) denominaron resistencia violenta, esto es, una violencia ejercida por las mujeres como reacción ante las agresiones recibidas. Cabe remarcar que tanto el terrorismo íntimo como la resistencia violenta están fuertemente generizadas (Johnson, 2011).

La incorporación de esta diferenciación conceptual, y con ella de la perspectiva de género a la conceptualización de la violencia de pareja, aporta matices relevantes. Así, por ejemplo, es importante recordar que el clásico estudio metaanalítico de Archer (2000) concluyó que, en un primer análisis global, se observaba que el nivel de violencia presentado por hombres y mujeres en la pareja era muy similar (e incluso la mujer parecía mostrar una probabilidad ligeramente superior de abusar de su cónyuge). Es decir, una primera lectura de los resultados parecía reforzar la hipótesis de que existiría una violencia recíproca en el marco de la pareja (de hecho, son muchos los trabajos que sostienen esta premisa basándose en los resultados de Archer). Sin embargo, como el propio Archer (2000) señaló, una revisión detallada de los resultados mostraba variaciones sustanciales entre unos estudios y otros según las muestras analizadas, los instrumentos de medida empleados, la definición de violencia manejada, etc. De hecho, las cifras llegaban a invertirse claramente, de modo que, una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, los resultados señalaron que la violencia en la pareja era básicamente perpetrada por el varón y padecida por la mujer.

Finalmente, la aplicación de la perspectiva de género al estudio de la IPVAW implicaría también algunos cambios a nivel metodológico y en la interpretación de los resultados de las investigaciones realizadas. Así, por ejemplo, habría que revisar los contenidos y características de los instrumentos de autoinforme más empleados para medir estos tipos de violencia (Delgado, 2014a, 2014b; Delgado et al., 2015; Ferrer y Bosch, 2005; Loinaz, Echeburúa, Ortiz-Tallo y Amor, 2012) y, en su caso, seleccionar o diseñar otros nuevos, considerando factores como la contextualización de sus contenidos, los efectos de la deseabilidad social o la inclusión de diferentes subtipos de violencia (Johnson, 2011; Pazos et al., 2014). Otra cuestión importante tiene que ver con incorporar a los análisis los condicionantes derivados de la socialización diferencial y los mandatos tradicionales de género sobre las respuestas a los autoinformes, puesto que dichos condicionantes pueden modificar la percepción del comportamiento violento y su significado (Anderson, 2005; Romero, 2010), de modo que ellos minimicen y/o justifiquen los comportamientos violentos ejercidos y maximicen los recibidos, mientras ellas minimicen los recibidos y maximicen o sobrevaloren los ejercidos y se culpabilicen por ellos (Garaigorbodil, Aliri y Martínez-Valderrey, 2013; Hlavka, 2014).

Los argumentos y ejemplos presentados a lo largo de este trabajo muestran que, como apunta Delgado (2014b), aún podemos afirmar que “(muchas de) las definiciones del constructo ‘violencia en la pareja’ continúan sin incorporar los hallazgos de los Gender Studies” (p. 3). De hecho, incluso a pesar de incorporar y asumir la diferencia propuesta por Johnson y cols. (Johnson, 1995, 2011; Kelly y Johnson, 2008) entre violencia situacional asociada a conflictos de pareja y violencia coercitiva o terrorismo íntimo y su diferente prevalencia en contextos comunitarios y específicos, no son pocos los estudios que siguen insistiendo en que la perspectiva de género como clave explicativa para la IPVAW ha sido objeto de críticas que la invalidan (v.g., Dixon y Grahan-Kevan, 2011; Langhinrichsen-Rohling, 2010) o en que es un modelo explicativo contrapuesto a los modelos ecológicos (v.g., López-Ossorio et al., 2018), cuando está incardinada dentro de estos (Heise, 2011) o en que es necesario poner en el mismo plano las tasas de perpetración y victimización en hombres y en mujeres, incluyendo tanto las agresiones unidireccionales (de hombre a mujer y de mujer a hombre) como las bidireccionales (donde ambos miembros de la pareja son, al tiempo, perpetradores/as y víctimas) (v.g., Capaldi y Langhinrichsen-Rohling, 2012; Desmarais, Reeves, Nichols, Telford y Fiebert, 2012; Graña y Cuenca, 2016; Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling, 2012; Muñoz y Echeburúa, 2016). Cabe puntualizar que este tipo de afirmaciones implican, de facto, invisibilizar la existencia de los tipos de violencia descritos y, particularmente, la existencia de la IPVAW, violencia coercitiva o terrorismo íntimo, descalificando aquellos estudios que se centran en esta forma de violencia y/o que incorporan la perspectiva de género o feminista, sin aportar en la mayoría de los casos argumentos o pruebas que sostengan suficientemente esas descalificaciones. Así ocurre, por ejemplo, en algunas revisiones publicadas recientemente en España (v.g., López-Ossorio et al., 2018; Muñoz y Echeburúa, 2016; Pereda y Tamarit, 2013). Estas críticas y descalificaciones han sido pormenorizadamente rebatidas por autores como DeKeseredy (2001) o Johnson (2011).

Es importante, además, recordar que esta invisibilización y/o descalificación y, en definitiva, la investigación “ciega al género” entra en contradicción con las recomendaciones de AERECA, NCME y APA (2014) y también del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2016), que señala explícitamente: “Cabe afirmar que no podemos abordar el problema de la violencia hacia la mujer si no es desde una perspectiva de género” (p. 8). En esta línea, entendemos que para comprender, dimensionar e intervenir adecuadamente en relación con la IPVAW se hace imprescindible manejar modelos explicativos y conceptuales, metodologías de estudio, diseños de investigación y herramientas de medida que incorporen la perspectiva de género y feminista y aporten claves de interpretación para entender y corregir el sexismo y las relaciones desiguales y de poder imperantes entre mujeres y hombres (Anderson, 2005; DeKeseredy, 2011; Delgado, 2017; Delgado et al., 2015; Ferrer y Bosch, 2005; Johnson, 2011), permitiendo así producir un conocimiento científico riguroso que permita comprender del mejor modo posible la realidad circundante, al tiempo que aporta las claves necesarias para transformar el sistema de dominación que produce estos tipos de violencia.

Extended Summary

The Declaration on the Elimination of Violence against Women (UN, 1994) recognised violence against women (VAW) as a violation of human rights and a serious social problem whose ultimate cause is gender inequality. This recognition has been subsequently adopted by different international organisms (UN, UN Women, WHO, EU, EIGE, etc.) and numerous nations (including Spain). Among all the different types of VAW, the most prevalent is intimate partner violence against women (IPVAW), which is committed by a male partner against a woman with whom he is or has been romantically involved.

It is precisely because of its high prevalence that IPVAW has generated so much social and scientific interest. This is evidenced by laws that address the issue directly (such as the Organic Law for Comprehensive Protection Measures against Gender-based Violence in Spain), as well as by sociological surveys that aim to identify the exact prevalence. Results consistently show IPVAW is a “world-wide public health problem of epidemic proportions” (OMS, 2013, p. 7) affecting approximately 30% of women who have had an intimate partner (Devries et al., 2013; FRA, 2014; García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2006; OMS, 2013).

It is important to bear in mind that documents and reports on intimate partner violence also consider violence perpetrated by a woman against a male, although they note that “intimate partner violence is overwhelmingly inflicted by men against women” (Heise & García-Moreno, 2003, p. 97), or that the violence in the family or home by a spouse “disproportionately affects women” (Consejo de Europa, 2011, p. 4).

Despite this evidence, a nearly commensurate amount of research and scientific literature on IPVAW continues to develop within the framework of what is known as ‘gender blindness’. Indeed, one could say that androcentrism refers to a male-centric world view in which man is the centre point of reference for all things. This view fosters androcentric biases with a common tendency to obscure the effects derived from gender determinants. This is most clearly demonstrated in gender blind research, which does not take into account the dimension of gender as a significant category to deal with and interpret problems in research, whether because of lack of awareness, assuming gender is not related to the problem, or for other reasons (Biglia & Vergés, 2016; Caprile, 2012; Comisión Europea. 2004, 2009; García-Calvente, 2010). Failing to include this perspective in research can yield negative effects, primarily at an ethical level, as noted, for example, by the Task Force on Psychology and Gender Equality for the General Board of Official Colleges of Psychology (2016).

Nevertheless, many approaches to IPVAW do not take this gender perspective into account (Bradbury-Jones, Appleton, Clarke, & Paavilanen, 2017). The absence is evident, for example, in explaining acts of violence that have occurred in a couple from theoretical frameworks, such as the perspective of violence or family conflict (Straus & Gelles, 1988a, 1988b; Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980) which has been widely applied in studies among adults and adolescents (along with derivative measurements such as the different versions of the Conflict Tactic Scale), providing results suggesting that violence among intimate partners, and especially among younger individuals, is not only bidirectional and symmetrical, but that women are more violent than men in their partner relations (mainly with regard to psychological violence).

These approaches have been critically analysed and, in many aspects, questioned by several previous studies (Delgado, 2014a, 2014b, 2017; Ferrer & Bosch, 2005) for, among other reasons, failing to include the category of gender as an element of analysis in the design of the research and/or the type of measuring devices used. Moreover, and beyond theoretical or methodological approaches, we must not forget that there is an important contradiction between reality and the results of many of these types of studies since IPVAW continues to occur and have serious consequences in the lives and health of women and girls (as evidenced by the number of filed complaints and murders of women at the hands of their partner or ex partners).

In the face of gender blindness and its effects there are alternatives, among which one option could be incorporating a gender or feminist perspective, which involves a critical, explanatory, and alternative view derived from feminism, and fosters a framework for analysis that takes into account and pays attention to the differences and inequalities between women and men. Applying this gender or feminist perspective to IPVAW assumes starting with theoretical models that incorporate this category, and all the resulting inequalities that are used as core explanations for this type of violence, which occurs, for example, with multicausal explanation models (Harway, 2002; Heise, 2011; ONU, 2006; Rodríguez-Menés & Safranoff, 2012). It also assumes the need to consider the existence of different forms of intimate partner violence. One enlightening contribution in this regard was proposed by Johnson, 1995, 2011 and Kelly and Johnson, 2008, who suggested the existence of situational violence (or common partner violence, which corresponds to the findings from the perspective of violence or family conflict) and intimate terrorism (violent, coercive control, which corresponds to what we have been calling IPVAW). Finally, applying a gender perspective to the study of IPVAW also implies changes at the methodological level (relative, for example, to the measuring devices used), and in interpreting results (for example, incorporating restraints derived from socialization differentials and traditional gender mandates to the analysis of self-reported responses).

Essentially, we can affirm that “(many of) the definitions of the construct ‘intimate partner violence’ continue to exist without incorporating the findings of gender studies” (Delgado, 2014b, p. 3). In fact, even after incorporating and assuming the distinction proposed by Johnson, 1995, 2011 and Kelly and Johnson, 2008, there are still quite a few studies minimising the explanatory value of the gender category, or insisting on the need to put on an even plane the rates of male and female perpetration and victimization, thus completely denying the factual existence of IPVAW and advocating for a ‘gender blind’ investigation, in direct opposition to several prevailing recommendations (AERECA, NCME, & APA, 2014; Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2016).

From our perspective, in order to properly understand, evaluate, and intervene in the problem of IPVAW, it is absolutely necessary to engage explanatory and conceptual models, research methodologies and design, and measurement tools that incorporate the gender and feminist viewpoints, so that the appropriate elements needed to assess the reality of the issue are available, and transform the domination system that these violent behaviours engender.