Revisión Sistemática de los Programas de Preparación al Juicio para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas

Introducción

La participación en un proceso judicial puede ser una experiencia estresante para cualquier persona que haya resultado víctima de un hecho delictivo (Parsons y Bergin, 2010). Tras haber sufrido una victimización, las víctimas llegan al sistema de justicia buscando apoyo y protección, aunque en ocasiones este contacto se convierta en una nueva revictimización debido a actitudes, comportamientos y/o prácticas inadecuadas por parte de los profesionales que participan en él (Gutheil et al., 2000).

Este impacto negativo, o victimización secundaria, es incluso mayor en el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas (Sempere, 2020). El contexto judicial, diseñado con el objetivo principal de enjuiciar un hecho delictivo, descuida a menudo las necesidades de esta población tan vulnerable (Newberger, 1987). Afrontar las exigencias del sistema judicial ya supone un reto para los adultos y aún más para los niños y niñas cuyas capacidades cognitivas, comunicativas y emocionales necesarias para hacer frente a estas situaciones están todavía en pleno desarrollo (Nathanson y Saywitz, 2015).

Se han realizado diversos estudios sobre los efectos y consecuencias que puede suponer para las víctimas menores de edad su participación en un procedimiento judicial (véase Quas y Goodman, 2012). Todos los autores coinciden en que la experiencia de declarar en un tribunal provoca en los menores un estado emocional negativo que afecta al mismo tiempo a su capacidad de recuerdo y, por consiguiente, a la calidad del testimonio (Saywitz y Nathanson, 1993). Algunas variables que contribuyen a aumentar esta vivencia negativa son las demoras durante el procedimiento judicial, el elevado número de entrevistas que se realizan a los y las menores y la falta de apoyo por parte de cuidadores y profesionales (Quas y Goodman, 2012).

El desconocimiento del contexto judicial en el que se encuentran, la falta de comprensión de la terminología empleada, el impacto de las instalaciones judiciales y tener que explicar vivencias traumáticas a diferentes profesionales desconocidos genera en los niños y niñas un gran nivel de ansiedad (Nathanson y Saywitz, 2003; Rush et al., 2012). No obstante, la participación de estos en el procedimiento judicial no tiene por qué derivar en una experiencia perjudicial. El contacto con el sistema de justicia puede llegar a tener efectos beneficiosos, fomentando el empoderamiento y disminuyendo el sentimiento de culpa en las víctimas (Quas y Goodman, 2012), lo que se conoce como justicia terapéutica (Pillado-González, 2019).

Con el fin de adecuar el sistema judicial a los niños, niñas y adolescentes y conseguir que su participación sea una experiencia más positiva, en las últimas décadas se han propuesto modificaciones y estrategias que tienen como objetivo prevenir esta nueva victimización. Entre estas se encuentran modificaciones de la vista oral (Hall y Sales, 2008), tales como no permitir la entrada de público asistente (Schünemann, 2009), la utilización de pantallas para evitar el contacto visual entre víctima y acusado o la declaración del menor mediante circuito cerrado de televisión (King et al., 1988). También se han propuesto otras estrategias que buscan disminuir el malestar durante la comparecencia, como por ejemplo permitir que la víctima declare acompañada por una persona de confianza (Lorenz et al., 2019) o familiarizar y preparar a los niños y niñas para el proceso judicial (Quas y Goodman, 2012).

En España, se dispone de legislación en materia de protección a las víctimas menores de edad que aboga por la no comparecencia de los menores de 14 años en la vista oral, sobre todo en aquellos casos en los que esto puede provocar un daño psicológico en la víctima (Fiscalía General del Estado, 2009; Ley 4/2015; Ley Orgánica 8/2021). No obstante, la conveniencia de la declaración presencial del menor en el acto de la vista oral va a depender del juez juzgador y, como avalan recientes sentencias del Tribunal Supremo (2019, 2020) 579/2019 de 26 de noviembre y 44/2020 de 11 de febrero respectivamente, algunos jueces aún alegan que la no comparecencia del menor en el acto de juicio oral debilita principios fundamentales de las garantias procesales.

Recoge esta misma normativa recomendaciones y propuestas para la vista oral en aquellos casos en los que se hace imprescindible la comparecencia del menor, tales como: “ 1) procurar que el menor sea el primero en declarar, evitando esperas en la puerta de la sala de juicios, 2) celebrar el juicio a puerta cerrada, 3) separar al menor del acusado o tomarle declaración en otra sala o evitando la visión directa con mamparas, 4) proporcionarle compañía durante la declaración (psicólogo o familiar), sobre todo para niños más pequeños, 5) utilizar un lenguaje comprensible, 6) suprimir el uso de togas durante la declaración del menor y 7) permitir que declaren sentados” (Fiscalía General del Estado, 2009). Sin embargo y a pesar de estas consideraciones, el mero hecho de verse inmerso en el proceso judicial ya supone un estresor considerable que requiere de atención por parte de los profesionales del ámbito de justicia.

La preparación para el proceso judicial se ha propuesto como una estrategia sencilla que puede aliviar la necesidad de reformas más costosas en el sistema de justicia (Westcott y Davies, 1993). Esta estrategia surge como respuesta a trabajos clásicos como los de Bernstein (1982) y Bauer (1983), quienes hacen constar que el sistema judicial a menudo no protege a los niños y niñas víctimas y que sería conveniente entrenar al menor de manera previa al juicio. Desde entonces se han publicado diferentes artículos descriptivos sobre cómo deben ser estos programas (véase por ejemplo Mellor y Dent, 1994; Sisterman et al., 1992) y guías para profesionales con directrices sobre cómo familiarizar al menor con el contexto judicial (véase, por ejemplo, Copen, 2000; Cunningham y Stevens, 2011). La mayoría de estos programas han sido desarrollados en el contexto del abuso sexual infantil, puesto que es el motivo más frecuente por el que los niños, niñas y adolescentes deben testificar en sede judicial (Goodman et al., 1999).

La conveniencia de los programas de preparación al juicio como recurso preventivo se basa en el principio de habituación, es decir, que la exposición repetida a un estímulo disminuye la intensidad de la respuesta al mismo (Rankin et al., 2009). Por dicho motivo familiarizar a la persona menor de edad con el entorno judicial consigue atenuar su respuesta de ansiedad (Nathanson y Saywitz, 2015). Sin embargo, a pesar de que la mayoría de autores coinciden en la idoneidad de estos programas, algunos estudios cuestionan si esta preparación podría contaminar el testimonio de los y las menores (Bauer, 1983). Así, Westcott y Davies (1993) señalan que no existe riesgo de interferir en el proceso judicial siempre que durante la preparación no se incluyan aspectos relacionados con el caso en el que los menores están involucrados.

Descripción de los Programas de Preparación al Juicio

Los programas de preparación persiguen dos objetivos generales: (1) disminuir el malestar de los niños, niñas y adolescentes y (2) mejorar su habilidad para declarar y, por ende, contribuir a mejoras en el proceso judicial (Lipovsky y Stern, 1997).

Estos programas se basan, fundamentalmente, en tres componentes: (1) la descripción del proceso judicial, (2) las técnicas de regulación emocional y (3) la desensibilización del contexto judicial.

Psicoeducación del Proceso Judicial

Como se ha mencionado en líneas anteriores, uno de los principales factores que aumenta el malestar de las víctimas es el desconocimiento tanto del contexto del sistema de justicia (Quas et al., 2009) como de la terminología jurídica (Saywitz et al., 1990), razón por la cual todos los programas incluyen un primer módulo educativo en el que se describe el procedimiento judicial, que abarca las fases del proceso, los roles de los profesionales con los que el menor va a interactuar, el vocabulario y lenguaje judicial, así como la tarea que debe desempeñar el niño, niña o adolescente (veáse, por ejemplo, Cunningham y Stevens, 2011; Thoman, 2013). Además de dar a conocer el funcionamiento del contexto judicial, este primer módulo incluye otros aspectos importantes, tales como incidir en que el resultado judicial no es responsabilidad de la víctima (King et al., 1988), para evitar miedos a las consecuencias y sentimientos de culpa que podrían afectar al bienestar del menor y comprometer la calidad de su testimonio (Bernstein et al., 1982). Durante esta fase inicial se recomienda también adelantar posibles situaciones complejas que puedan darse durante la declaración, como la negación de los hechos por parte del acusado o la formulación de preguntas confusas por los letrados de la defensa (Bauer, 1983; Mellor y Dent, 1994).

Estrategias de Regulación Emocional

El impacto negativo que genera el proceso judicial se puede mitigar ofreciendo herramientas a las víctimas que les permitan manejar la situación de una forma más adaptativa (Thoman, 2013), para lo cual es necesario, en primer lugar, que los menores sean capaces de identificar estas emociones. Fomentar que las víctimas expresen sus sentimientos y preocupaciones acerca del juicio es un modo de facilitar la conciencia y gestión de estas emociones (Peterson et al., 2020). Mellor y Dent (1994) señalan que es clave identificar los momentos de mayor tensión para cada persona para poder diseñar estrategias de afrontamiento concretas para cada caso. Son abundantes las técnicas y herramientas que pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes a gestionar esta tensión (véase por ejemplo Lipovsky y Stern, 1997; Thoman, 2013). La mayoría de los programas de preparación incluyen ejercicios de respiración profunda, ejercicios de relajación muscular progresiva y técnicas cognitivas como las afirmaciones positivas (Lipovsky y Stern, 1997).

Desensibilización al Entorno Judicial

Las instalaciones judiciales a menudo resultan demasiado formales y serias para la población infantil, lo que genera en los niños y niñas elevados niveles de ansiedad que pueden deteriorar su recuerdo (Nathanson y Saywitz, 2003). Los juzgados son entornos austeros y protocolarios que pueden llegar a intimidar a las personas adultas, más aún a las personas menores de edad (Goodman et al., 1992). Por esta razón, muchos de los programas incluyen visitas guiadas al juzgado (Lipovsky y Stern, 1997; Mellor y Dent, 1994) o, en caso de no ser posible, mostrar fotografías de este (Bauer, 1983; Cunningham y Stevens, 2011) o realizar representaciones simuladas de una vista oral (Bauer, 1983; Walker, 2011; Westcott y Davies, 1993). Algunos autores proponen que los menores asistan a un juicio en directo para que vean cómo es su funcionamiento, si bien nunca del mismo delito por el que ellos están involucrados en el sistema de justicia (Lipovsky y Stern, 1997; Westcott y Davies, 1993).

Finalmente, otro aspecto importante de la preparación al juicio que recogen la mayoría de los autores es la figura de apoyo. El vínculo con una persona de confianza juega un papel fundamental en el bienestar durante las situaciones de estrés (Crawford y Bull, 2006). Esta figura de referencia debe acompañar a la persona menor de edad durante el proceso, atendiendo sus preocupaciones y ofreciendo soporte (Thoman, 2013). Puede ser representada por el cuidador principal (Crawford y Bull, 2006) o un profesional con el que el niño, niña o adolescente ya tenga un vínculo establecido (Lipovsky y Stern, 1997). Mellor y Dent (1994) proponen la figura del court mate, otro menor que ya ha pasado por un procedimiento judicial similar como fuente de apoyo adicional. De este modo, incluir en los programas de preparación a los cuidadores principales puede resultar una estrategia realmente útil en este sentido (Lipovsky y Stern, 1997; Mellor y Dent, 1994). Los cuidadores y cuidadoras son figuras de confianza para las víctimas que, con una adecuada formación, pueden ejercer como un buen sistema de apoyo en este proceso (Crawford y Bull, 2006).

Objetivo del Estudio

A pesar de cantidad de estudios descriptivos y la buena acogida que han tenido estos programas desde los años 90, los estudios publicados que evalúan estos programas siguen siendo escasos (Barry et al., 2006; Nathanson y Saywitz, 2015) y los profesionales no encuentran orientación en este sentido por parte del sistema judicial (Mellor y Dent, 1994). La importancia de evaluar la efectividad de un programa de intervención radica en la necesidad de conocer si el efecto que está produciendo la intervención es realmente el esperado (Rossi et al., 2019). Evaluar la efectividad de un programa o intervención supone analizar si se están cumpliendo los objetivos previstos en su diseño en condiciones del mundo real (Flay et al., 2005).

Así, el objetivo del presente artículo es realizar una revisión sistemática de la efectividad de estos programas y, a partir de los resultados obtenidos, resaltar la necesidad de diseñar y evaluar protocolos sistematizados (Crawford y Bull, 2006) que puedan guiar a los profesionales a la hora de preparar a las víctimas menores de edad para su participación en el proceso judicial.

Método

La revisión de la bibliografía se realizó siguiendo las directrices PRISMA (Page et al., 2021). Se llevó a cabo una búsqueda en las bases de datos de referencia en el campo (SCOPUS, WoS, ProQuest, Taylor & Francis y EBSCO) y posteriormente se completó con una búsqueda en Google Scholar. La fórmula de búsqueda incluía los términos (“preparation” OR “training”) AND (“court” OR “legal” OR “trial”) AND (“victim” OR “witness”) AND (“child” OR “children”). No se estableció ningún límite temporal ni de tamaño muestral con el objetivo de incluir todas las publicaciones sobre el tema.

Tras el análisis de los resultados de la búsqueda se incluyeron en la revisión aquellos estudios empíricos que valoraran la aplicación de algún programa de preparación en el contexto judicial dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas. En consecuencia se excluyeron los artículos (1) cuya temática no se ajustaba al objetivo del estudio, (2) aquellos en los que la población objetivo no eran víctimas menores de edad, (3) los textos jurídicos y análisis de jurisprudencia y (4) aquellos artículos no empíricos. Se revisaron, asimismo, las referencias de los estudios identificados y 25 registros fueron propuestos para elegibilidad, aunque solo 1 de ellos fue añadido en la revisión. Finalmente, los estudios incluidos en la presente revisión fueron 6.

A partir de los estudios seleccionados, se elaboraron las siguientes categorías de análisis de contenido respecto al programa en sí: (1) componentes del programa de preparación, (2) duración del programa de preparación, (3) formato de aplicación del programa y (4) figura profesional que facilita el programa. Del mismo modo, se elaboraron dos categorías en relación a la evaluación del programa de formación: (5) participantes de la evaluación del programa, (6) metodología empleada para la evaluación y (7) variables evaluadas (Figura 1).

Resultados

Descripción de los Estudios

La mayor parte de los artículos encontrados relativos a los programas de preparación al juicio se limitan a definir los componentes y técnicas que deben incluir estos programas, sin realizar ninguna evaluación del programa en sí mismo. Solo 6 de ellos examinan si estos programas logran preparar a las víctimas menores de edad para el proceso legal con una muestra de participantes, por lo que fueron seleccionados para la presente revisión. De estos 6 estudios, 5 son artículos científicos y uno de ellos se trata del informe publicado de la evaluación de un proyecto llevado a cabo en Canadá. Los estudios incluidos en la presente revisión fueron publicados entre los años 1993 y 2020. Gran parte de los mismos se han desarrollado en el continente norteamericano, en Canadá y Estados Unidos. La Tabla 1 muestra estos resultados.

Características de los Programas de Preparación

Componentes de los Programas de Preparación

En relación al contenido de los programas de preparación, todos los estudios coinciden en incluir los tres componentes principales mencionados anteriormente: psicoeducación del proceso judicial, estrategias de regulación emocional y desensibilización del contexto judicial.

Para llevar a cabo el componente educativo, se han diseñado materiales ad hoc para cada uno de los programas de preparación. En general, tanto los recursos elaborados en papel como aquellos digitales tienen una buena acogida entre todos los participantes (Doueck et al., 1993). No obstante, en algunos estudios se ha detectado falta de adecuación a la edad de los participantes (Davies et al., 2004). Con el fin de corregir este inconveniente, Nathanson y Saywitz (2015) han elaborado para el programa de preparación Kids’ Court School tres versiones de materiales adaptando el lenguaje a diferentes franjas de edad.

Asimismo, en algunos estudios se identifican otros elementos importantes para la preparación. Uno de los componentes que se repite con mayor frecuencia es la preparación de los cuidadores y cuidadoras principales, de forma individual (Barry et al., 2006; Peterson et al., 2020) o conjuntamente con las víctimas (Doueck et al., 1997). Barry et al. (2006) dedican la primera sesión del programa a discutir con los cuidadores principales todas las preocupaciones por la participación de sus hijos e hijas en el procedimiento judicial y cómo pueden acompañarles durante este proceso. Aldridge y Freshwater (1993), en cambio, llevan a cabo las sesiones de preparación de manera conjunta con los menores y sus cuidadores principales.

Algunos programas integran también técnicas cognitivas. Aldridge y Freshwater (1993) en su programa incluyen una fase de empoderamiento del menor en la que se refuerza la autoeficacia y autopercepción que los niños y niñas tienen de sí mismos. Peterson et al. (2020), en este sentido, subrayan la importancia de introducir técnicas de reestructuración cognitiva y potenciación del diálogo positivo con uno mismo para aumentar la confianza de los menores.

Por último, con respecto a la preocupación de algunos autores sobre la posible contaminación del recuerdo, todos los programas de preparación analizados especifican que durante la familiarización no se discuten aspectos concretos de los casos en los que los menores están involucrados, con la finalidad de no contaminar su testimonio.

Duración de los Programas de Preparación

La duración de los programas varía entre 2 (Nathanson y Saywitz, 2015) y 6 sesiones (Aldridge y Freshwater, 1993; Barry et al., 2006). Doueck et al. (2006) adaptan la duración de la intervención a las necesidades de cada víctima. Por su parte, los cuidadores expresan que además del apoyo recibido de manera previa al juicio sería necesario un seguimiento posterior, que permitiera expresar dudas y preocupaciones una vez finalizado el juicio (Aldridge y Fresh-water, 1993; Davies et al., 2004).

Formato de Aplicación de los Programas de Preparación

En relación al formato de aplicación de los programas, algunos de ellos se ofrecen de manera individual (Aldridge y Freshwater, 1993; Davies et al., 2004; Doueck et al., 1997), mientras que otros son de aplicación grupal (Barry et al., 2006; Nathanson y Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020). Nathanson y Saywitz (2015) proponen desarrollar el programa de preparación en grupos de 2 a 4 participantes. El formato grupal, según los autores, permite que los niños, niñas y adolescentes se sientan más acompañados y disminuye los sentimientos de soledad (Barry et al., 2006). Por contra, este modo de aplicación implica que la intervención no comienza de manera inmediata después de que la víctima es derivada al programa, sino que debe esperar a que se conforme el grupo (Barry et al., 2006).

Figura Profesional que Facilita el Programa

El perfil profesional de las personas que imparten estos programas no se especifica en todos los estudios, pero mayoritariamente son trabajadores sociales o del sistema de protección (Barry et al., 2006; Doueck et al., 1997). En el programa piloto llevado a cabo en Nueva Zelanda (Davies et al., 2004), los encargados de preparar a los menores eran profesionales del ámbito judicial que habían recibido formación específica para desempeñar este papel. En relación a este entrenamiento, algunos profesionales participantes en los programas señalan que sería necesaria una formación más intensiva (Davies et al., 2004) o incluso continuada en el tiempo (Barry et al., 2006).

Resultados de la Evaluación de los Programas

Participantes de la Evaluación del Programa

Como muestra la Tabla 2, se han tenido en cuenta diferentes perspectivas a la hora de analizar la efectividad de estos programas. Algunos estudios realizan la evaluación basándose en el punto de vista de los profesionales del ámbito jurídico (Doueck et al., 1997) y en aquellos encargados de implementar los programas (Barry et al., 2006; Davies et al., 2004). Se ha evaluado también la opinión de las víctimas menores de edad (Aldridge y Freshwater, 1993; Davies et al., 2004) y los efectos que estos programas tienen en esta población (Nathanson y Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020). Por último, dos estudios han incluido la valoración que los cuidadores principales de las víctimas hacen de los programas de preparación (Davies et al., 2004; Doueck et al., 1997). El tamaño de las muestras varía ampliamente y aumenta con el paso del tiempo, si bien depende del colectivo que se evalúa. Los estudios con muestras de niños y niñas oscilan desde tan solo 10 participantes (Aldridge y Freshwater, 1993) a más de 100 en los trabajos más recientes (Nathanson y Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020).

Metodología Empleada para la Evaluación

La evaluación de la eficacia de los programas se ha realizado mayoritariamente mediante el análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas con los participantes. Aldridge y Fresh-water (1993) emplean medidas psicológicas, sin especificar de qué pruebas se trata; sin embargo, debido al escaso número de participantes, no realizan análisis estadísticos. Por su parte, Nathanson y Saywitz (2015) y Peterson et al. (2020) realizan un estudio pre-post de la ansiedad anticipatoria de los participantes mediante un instrumento psicométrico validado, el Court-Related Stress Scale (Saywitz y Nathanson, 1993).

Variables Analizadas en la Evaluación de los Programas de Preparación

Dos de las variables evaluadas más frecuentemente en los estudios son la satisfacción con el programa y la utilidad de los mismos. En términos generales, tanto los niños y niñas participantes en los programas de preparación (Aldridge y Freshwater, 1993) como sus cuidadores principales (Doueck et al., 1997) y los profesionales del ámbito jurídico (Barry et al., 2006; Davies et al., 2004) encuentran estos programas útiles y se muestran satisfechos con el apoyo brindado por el programa.

Además de ser considerados útiles por los usuarios, estos programas disminuyen significativamente la ansiedad anticipatoria de los niños, niñas y adolescentes involucrados en un proceso judicial (Nathanson y Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020). Del mismo modo, la participación en estos programas ofrece beneficios en los cuidadores principales también que, según los profesionales, influiría de forma indirecta en la disminución de la ansiedad de los menores (Barry et al., 2006). De otra parte, tanto los profesionales como los padres y madres coinciden en que el programa de preparación hace sentir a las víctimas más seguras de sí mismas, lo que genera un impacto positivo en su capacidad para testificar (Barry et al., 2006).

Uno de los componentes mejor valorado, tanto por las víctimas (Davies et al., 2004) como por sus cuidadores principales y profesionales (Barry et al., 2006), es la familiarización con el contexto judicial. La posibilidad de realizar un tour por las instalaciones del juzgado permite a los menores conocer el entorno donde testificarán y hace que las víctimas se sientan más cómodas.

En relación a los participantes, la variable edad de los participantes en los programas de preparación no ha sido evaluada en todos los estudios. Nathanson y Saywitz (2015) la incluyen en sus análisis y encuentran que el tamaño del efecto de la preparación al juicio es menor cuanto menor es la edad de los participantes. Peterson et al. (2020), en cambio, no encuentran diferencias significativas en relación a la edad.

Con respecto a la posible influencia negativa sobre el recuerdo de estos programas, los profesionales del ámbito judicial no se muestran preocupados por que estos programas puedan interferir en el proceso judicial (Davies et al., 2004).

Finalmente, un objetivo secundario de los programas de preparación al juicio es fomentar una comunicación entre profesionales más fluida y eficaz (Barry et al., 2006; Doueck et al., 1997). Davies et al. (2004) encuentran que, a pesar de la implementación del programa, se siguen encontrando dificultades a la hora de compartir información entre instituciones. Esta falta de colaboración entre profesionales conlleva que un elevado porcentaje de profesionales involucrados en el proceso judicial desconozcan la existencia de este tipo de programas (Barry et al., 2006; Doueck et al., 1997) y, por lo tanto, no lleguen a ser un recurso accesible para los niños, niñas y adolescentes que los necesitan.

Discusión

La preocupación por la especial vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas durante el proceso judicial ha generado cambios y mejoras en las últimas décadas, que intentan evitar la victimización secundaria que en algunas ocasiones puede generar la intervención del sistema (Schünemann, 2009). Así, se han elaborado diferentes programas de preparación para el juicio destinados a las personas menores de edad víctimas y testigos de hechos delictivos. No obstante, siguen siendo escasos los estudios que evalúan estos programas de manera sistemática y, por tanto, su efectividad sigue sin estar sólidamente constatada. La presente revisión ha recogido los hallazgos encontrados hasta el momento sobre este tema, acercando a los profesionales las principales características de los programas de preparación al juicio, uno de los recursos que más pueden ayudar a los niños y niñas a afrontar su participación en el contexto judicial con seguridad y confianza.

Los estudios revisados señalan que la opinión de las víctimas, los cuidadores principales y los profesionales sobre estos programas es, en términos generales, positiva. Las víctimas menores de edad encuentran que estos son útiles y provechosos (Aldridge y Freshwater, 1993; Davies et al., 2004). Por su parte, los cuidadores y cuidadoras refieren que los programas no solo han ayudado a sus hijos e hijas, sino que les han servido a ellos mismos para reducir sus preocupaciones y niveles de ansiedad (Barry et al., 2006). La importancia del apoyo familiar y del entorno social cercano en la recuperación de la víctima se ha constatado en estudios de revisión y no puede obviarse (Domhardt et al., 2015). En cuanto a los profesionales, valoran positivamente estos programas tanto para las víctimas como para mejorar la comunicación entre instituciones, aunque inciden en que esta sigue siendo insuficiente (Davies et al., 2004). En este sentido, la colaboración interdisciplinar ha demostrado ser eficaz para mejorar las respuestas del sistema de justicia penal en comparación con las prácticas individuales (Herbert y Bromfield, 2019). En relación a la preparación, Lipovsky y Stern (1997) señalan que la comunicación fluida entre profesionales puede maximizar los efectos positivos de la misma.

Con respecto al contenido de la preparación, todos los programas desarrollados hasta el momento incluyen la educación sobre el proceso judicial, la regulación emocional y la desensibilización al contexto judicial. El componente que resulta mejor valorado por todos los participantes es este último (Barry et al., 2006). Las instalaciones judiciales son un entorno que genera un gran nivel de ansiedad en las víctimas menores de edad (Saywitz y Nathanson, 1993), por lo que familiarizar a los niños, niñas y adolescentes con este ambiente mitiga los efectos negativos que acarrea testificar en el juzgado (Nathanson y Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020). La evidencia señala que en espacios más amigables y adaptados a las necesidades de las personas menores de edad, las víctimas sienten menos temor a declarar (Connell, 2009). En España destaca la iniciativa del Juzgado Especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, situado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canarias desde el 1 de octubre de 2021, una experiencia piloto aprobada por el Consejo General del Poder Judicial con el apoyo de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias. Este juzgado está adaptado a los niños y niñas y consta de un equipo multidisciplinar que ofrece un trato cercano y amigable al menor, al que también facilita que sepa qué se espera de él y con quién va a hablar mediante un cuento titulado Hoy vamos al juzgado, incluida la posibilidad de ir acompañado de la propia mascota a sus dependencias, entre otros recursos.

En cuanto a la aplicación de estos programas, sería necesario estudiar si el formato de aplicación (individual o grupal) tiene algún efecto en la preparación para el juicio. Esta variable se ha estudiado, por ejemplo, en la intervención de trastornos de ansiedad en jóvenes y no se han encontrado diferencias entre la intervención grupal o la individual en la disminución de la ansiedad (Wergeland et al., 2014). Sin embargo, el hecho que las víctimas deban esperar a que se configure un grupo suficientemente numeroso puede suponer que su ansiedad se incremente, lo que debería poder controlarse mediante otros medios o estrategias y debe tenerse en cuenta. La actual Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia prevé que se empleen los recursos y apoyos necesarios para la protección de víctimas especialmente vulnerables durante los procedimientos judiciales y recoge en su artículo 12 que “en aras del interés superior de la persona menor, comprenderá especialmente medidas de [...] acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si fuera necesario”. La elaboración y validación de programas de preparación podrían ser una herramienta de gran utilidad para lograr el cumplimiento de esta norma.

El número de sesiones no parece repercutir en la disminución de la ansiedad de las víctimas, según los estudios revisados. Nathanson y Saywitz (2015) con un programa de dos sesiones obtienen un tamaño del efecto moderado, mientras que Peterson et al. (2020) en las dos primeras sesiones obtienen tamaños del efecto elevados, tras los cuales se observa una disminución del mismo en la tercera sesión.

Destacan Davies et al. (2004) la importancia de formar a los profesionales encargados de llevar a cabo la preparación de las víctimas. Se ha constatado en estudios previos que la formación de los profesionales del proceso judicial es una de las claves para prevenir la victimización secundaria (Campbell y Raja, 1999) y que el conocimiento académico sobre abuso sexual infantil es muy escaso en la población general pero también entre los profesionales, lo que puede tener un efecto negativo en las evaluaciones forenses que se lleven a cabo o al valorar la validez de las declaraciones de un menor (Pelisoli et al., 2015). Así, las denominadas Barnahus o “casas de los niños” (véase Haldorsson, 2017) podrían constituirse en el lugar idóneo para implementar los programas de preparación al juicio por parte de profesionales formados y expertos. El modelo de actuación Barnahus supone un importante cambio en el proceso de notificación y exploración, ya que la víctima no debe desplazarse para ser evaluada en diferentes contextos sino que son los profesionales los que se encuentran en un mismo espacio con la finalidad de garantizar el bienestar del menor, a la vez que se facilita su participación en el procedimiento (véase Pereda et al., 2021). Estos centros ofrecen un espacio adecuado a las víctimas menores de edad, existiendo desde el año 2020 un centro piloto en Tarragona (Save the Children, 2018).

Asimismo, señalan algunos autores que, a pesar de la buena acogida de estos programas, la realidad a menudo es que las víctimas menores de edad no tienen acceso a ellos ni conocen su existencia. En un estudio realizado en el Reino Unido se encontró que el 44% de las víctimas menores de edad que pasaban por un proceso judicial no recibía ningún tipo de preparación previa al juicio (Plotnikoff y Woolfson, 2009). En España, no se ha llevado a cabo ningún estudio que permita conocer la preparación que se lleva a cabo con los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos. Si bien existen actividades y recursos particulares que puede implementar un profesional o un equipo concreto, como por ejemplo las iniciativas que contemplan ayudas y adaptaciones para niños, niñas y adolescentes con desarrollo típico y discapacidad intelectual, como los facilitadores (Recio et al., 2012), o las propuestas para conducir las entrevistas y procedimientos de toma de declaración en víctimas especialmente vulnerables (González et al., 2013; Muñoz et al., 2016), son escasas las directrices generales y materiales creados en lengua española que hayan sido publicados y validados empíricamente para este fin.

La presente revisión supone una primera aproximación a la realidad de los programas de preparación al juicio para aquellas víctimas más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes (Finkelhor, 2008). Sin embargo, los resultados expuestos deben ser tomados con precaución, debido principalmente al escaso número de estudios disponibles y al limitado tamaño de las muestras. Asimismo, la falta de información metodológica y estadística en los estudios no ha permitido llevar a cabo un análisis más riguroso de los resultados obtenidos. Por último, se ha encontrado la referencia de informes de evaluación de proyectos sin publicar que han sido imposibles de recuperar.

Conclusión

Los programas de preparación al juicio tienen como objetivo facilitar la experiencia del proceso judicial a las víctimas menores de edad. Los estudios revisados muestran que existen beneficios en niños y niñas, cuidadores y profesionales, si bien la revisión revela la necesidad de una evaluación más rigurosa de estos programas, así como una sistematización que permita la homogeneización de las diferentes prácticas y elementos que los configuran. Los profesionales nacionales deben conocer la existencia de estos recursos y valorar su adecuación a nuestro contexto cultural, con el fin último de facilitar la participación del menor víctima en el proceso judicial, reduciendo su ansiedad y ayudándole a ofrecer una declaración lo más detallada y completa posible.

Extended summary

Participation in a legal process is a stressful experience for any person, especially for people who have been victims of a criminal act (Parsons & Bergin, 2010). After having suffered a victimization, victims come to the justice system for support and protection, though sometimes this contact becomes a new revictimization due to inadequate attitudes, behaviours, and/or practices on the part of the professionals involved (Gutheil et al., 2000). This negative impact, or secondary victimization, is even worse in the case of child and adolescent victims (Sempere, 2020). The legal environment, designed with the primary goal of prosecuting a criminal offense, often neglects the needs of this highly vulnerable population (Newberger, 1987).

In order to adapt the judicial system to children and adolescents and make their participation a more positive experience, modifications and strategies have been proposed in recent decades (see for example Hall & Sales, 2008; King et al., 1988; Saywitz & Nathanson, 1993; Schünemann, 2009). Modifications of the trial, such as not allowing the public to attend, the use of screens to avoid visual contact between victim and defendant, or the use of closed-circuit television (CCTV) for a child’s testimony are among these adaptations. Other strategies have also been proposed that attempt to reduce discomfort during the hearing, such as allowing the victim to testify being accompanied by a trusted person or familiarizing and preparing children for the judicial process (Quas & Goodman, 2012).

Court preparation has been proposed as a simple strategy that can mitigate the need for more costly reforms in the justice system (Westcott & Davies, 1993). This strategy arises in response to classic studies, such as Bernstein’s (1982) and Bauer’s (1983). These authors note that the justice system often fails to protect child victims and that pretrial training for the child would be beneficial.

The court preparation programs have two general purposes: (1) to reduce children’s and adolescents’ distress and (2) to improve their ability to testify and, therefore, contribute to improvements in the legal process (Lipovsky & Stern, 1997). These programs are mainly based on three components: (1) description of the judicial process, (2) emotional regulation techniques, and (3) desensitization of the judicial context.

Despite many descriptive studies and the popularity of these programs since the 1990s, published studies evaluating these programs remain scarce (Barry et al., 2006; Nathanson & Saywitz, 2015; Sisterman et al., 1992) and guides for professionals with guidelines on how to familiarize the child with the court context (see, for example, Copen, 2000; Cunningham & Stevens, 2011). The aim of these paper is to conduct a systematic review of the effectiveness of these programs and, based on the results, to highlight the need to design and evaluate systematized protocols (Crawford & Bull, 2006).

Most of the articles found are limited to defining the components and techniques that these court preparation programs should include, without any evaluation of the program. Only six of them examine whether these programs succeed in preparing minor victims for the legal process with a sample of participants, which is why they were selected for the present review.

The effectiveness of the programs has been evaluated mainly through qualitative analyses of semi-structured interviews with participants. Different perspectives have been taken into account when analysing the effectiveness of these programs, with some studies evaluating based on the point of view of legal professionals (Doueck et al., 1997) and people in charge of implementing the programs (Barry et al., 2006; Davies et al., 2004), and also the views of child victims (Aldridge & Freshwater, 1993; Davies et al., 2004) and the effects of these programs on this population (Nathanson & Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020), as well as the views of their primary caregivers.

Regarding the content, the most highly valued component, both by victims (Davies et al., 2004) and by their primary caregivers and professionals (Barry et al., 2006), is familiarization with the court setting. The possibility of taking a tour of the court facilities allows children to get to know the environment where they will be testifying and makes victims feel more comfortable. In Spain, the initiative of the Specialized Court for Violence against Children and Adolescents, located in Las Palmas de Gran Canaria, stands out. The facilities of this court are adapted to children and the multidisciplinary team who works there offers a close and friendly assistance to children.

These studies highlight the importance that the professionals who deliver these programs be adequately trained (Davies et al., 2004) and able to work in a coordinated manner (Barry et al., 2006; Doueck et al., 1997). Previous studies have found that the training of professionals in the judicial process is one of the keys to preventing secondary victimization (Campbell & Raja, 1999). Thus, the Barnahus or “Children’s Houses” (see Haldorsson, 2017) could constitute the ideal place to implement trial preparation programs by trained professionals and experts working in the same setting.

Overall, children participating in preparation programs (Aldridge & Freshwater, 1993), their primary caregivers (Doueck et al., 1997) and legal professionals (Barry et al., 2006; Davies et al., 2004) find these programs helpful and are satisfied with the support provided by the program. In addition to being considered useful by users, these programs significantly decrease the anticipatory anxiety of children and adolescents involved in a judicial process (Nathanson & Saywitz, 2015; Peterson et al., 2020).

The present review is a preliminary approximation to the reality of court preparation programs for the most vulnerable victims, children, and adolescents (Finkelhor, 2008). However, the results presented here should be taken with caution, mainly due to the scarce number of studies available and the limited size of the samples.

Court preparation programs aim to facilitate the experience of the judicial process for child victims. The review shows their benefits for children, caregivers, and professionals but also the need for a more rigorous evaluation of these programs as well as a systematization of these programs. Spanish professionals should be aware of the existence of these resources and assess their adaptation to our cultural context, with the ultimate aim of facilitating the participation of the child victim in the judicial process, reducing his or her anxiety and helping him or her to offer a statement as detailed and complete as possible.